Por JUAN T H
Ante el escándalo que rodea la contratación de obras del
Estado a la empresa brasileña Odebrecht, de manera muy extraña y sorpresiva el
presidente Danilo Medina ha creado una comisión “independiente” integrada por
“notables” para que investigue la veracidad de las denuncias de soborno de 92
millones de dólares a funcionarios del gobierno, creando una dicotomía
inexplicable con el Ministerio Público que legalmente tiene esas atribuciones,
no importa lo que diga el decreto del Ejecutivo.
Llamo la atención sobre el hecho de que en la mayoría de
los casos los “independientes” no son independientes, ni los
“notables”, notables. En algunos existen conflictos de intereses, en
otros compromisos políticos muy obvios, lo cual los descalifica para una
investigación seria. Ninguno tiene conocimiento ni experiencia en investigación
criminal. La persona que preside el grupo o tiene calidad moral porque
pertenece a una empresa vinculada con Odeebrecht.
El interés del gobierno no es encontrar a los culpables
de recibir sobornos y de sobrevaluar las obras contratadas, que es peor y mayor
el escándalo; el propósito es ganar tiempo, dejar que el circo siga su curso en
lo que llega el pan, si es que llega, mientras el morbo mediático ocupa los
primeros planos en los medios de comunicación a través del formidable ejercito
de bocinas que tiene el gobierno.
Si de verdad existiera interés por “llevar el caso hasta
sus últimas consecuencias”, como ha dicho el Procurador General de la República,
ya se habría contratado a una empresa extranjera para que auditara
las obras realizadas por Odebrecht en el país y de ese modo determinar los
niveles de sobrevaluación de las mismas, incluyendo, claro está, las plantas
eléctricas de Punta Catalina, Bani, cuyo sobreprecio, según las denuncias, es
superior a los mil millones de dólares.
En Estados Unidos, Brasil, Perú, Panamá, Bolivia, Angola,
etc., no se han creado comisiones dudosas extrajudiciales para
investigar lo que tiene que investigar de manera independiente el Ministerio
Público, sin interferencia del presidente de la República.
Me temo que con Odebrecht sucederá lo mismo que con el Programa de Empleo Mínimo (Peme), la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (Funglode), los 130 millones de dólares de la Sun Land, los aviones Súper Tucano, la empresa AAA, la Oficina Supervisora de Obras del Estado, Félix Bautista, Díaz Rúa, y muchos otros escándalos de corrupción: ¡NADA!
El entramado gansteril que ha creado el Partido de la
Liberación Dominicana en nuestro país, que le permite controlar todos los
estamentos del Estado y de la sociedad, impide que se persiga y se
castigue la corrupción ejemplarmente, como sucede en otras latitudes del mundo.
El caso Odebrecht no puede llegar hasta el final porque
involucra a todo el gobierno, al partido que lo sustenta y a quienes lo
encabezan. Para esos señores no hay justicia, ni cárcel que los albergue, ya
sea en el viejo o el nuevo modelo penitenciario.
Si tuviéramos fiscales y jueces comprometidos con la
verdad y la justicia, si tuviéramos un Ministerio Público independiente,
entonces podríamos creer en el sistema de justicia en el país. Pero eso no
existe.
En lo que a mí respecta, no creo en el Presidente de la
República, no creo en su Procurador, no creo en los jueces, no creo en
los oportunistas, políticos, tontos útiles, o ingenuos que integran la
Comisión que “investigará” Odebrecht, ni le hago caso a las bocinas.
PD: ¡Estaré en primera fila en la marcha contra la
impunidad el próximo domingo 22 de enero!
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