Por Miguel Ángel Cid Cid
En estos días los jueces dominicanos están de moda,
los medios de comunicación llenan a diariosus páginas con notas centradas en
los magistrados de las Altas Cortes, los organismos estatales responsables de
nombrar los jueces se subieron a la ola, a propósito del inicio de la nueva
administración del Presidente Medina.
La tarea del momento es políticamente muy sensible y
delicada: seleccionar los nuevos integrantes de las Altas Cortes o, lo que
procura un sector político hasta ahora blindado, reelegir los actuales.De ahí
el afán de poner cabezas donde las ponen los inteligentes: donde el capitán las
vea.
En verdad, los letrados aprovechan la coyuntura para
exigir reivindicaciones y privilegios que creen merecer dado la majestad de su
alta investidura. Y el Tribunal Constitucional los apoya, entre otras cosas,
reclamando que se le construya un local conforme a esa solemnidad.
Por otro lado, el presidente de la Junta Central
Electoral, Dr. Roberto Rosario Márquez, se resiste a entregar a la ONE los
datos producidos por la junta. “Si la
Oficina Nacional de Estadística no tiene los datos producidos por el organismo
electoral, es porque no ha comprado el derecho.”, dice Rosario Márquez.
La institución estadística ripostó que "La ley
la faculta para requerir los registros administrativos producidos por los
organismos del Estado y las instituciones autónomas, necesarios para la
producción de las estadísticas de interés nacional para cumplir con su mandato
legal, de producir y difundir datos estadísticos de calidad para el desarrollo
del país", según divulgó el Periódico Hoy, el 10 agosto 2016.
Sin embargo, el requerimiento de la ONE tiene sin
cuidado al Dr. Rosario Márquez. A fin de cuentas, el Dr. Reinaldo Pared Pérez,
presidente del Senado, haciendo honor a su apellido, levantó un muro para que a
la JCE no entre sangre nueva,asegurándole así su cargo. El que le sirve bien al
Estado, argumenta Pared Pérez, merece ser compensado.
La Suprema Corte de Justicia no se quedó atrás y
convocó a un encuentro con los directores de los principales medios del país.
El punto de agenda de la reunión era informar sobre los preparativos de la
Cumbre Judicial Nacional. Pero la preocupación por la situación económica del
Poder Judicialse convirtió en el centro de interés dela conferencia de prensa.
De acuerdo al Dr. Mariano Germán, presidente de la
Suprema Corte de Justicia, las limitaciones económicas constituyen la mayor
preocupación del Poder Judicial. Para él, el caso de servidores judiciales
envueltos en actos reñidos con la Ley es insignificante. Lo grave, apunta,son
las carencias económicas de la SCJ.
El magistrado Germán exige, en esa tesitura, que se
le transfiera a la SCJ el 2.66% de los ingresos del Estado, tal y como
establece la Ley 194-04, de julio del 2004. En el período fiscal en marcha
solicita la transferencia de RD$10,983.3 millones, porque sólo fue aprobada una
partida de RD$5,606.6 millones.
El Dr. Mariano Germán asegura, sin inmutarse, que
los servidores judiciales cumplen con su deber, y los que comenten actos que
riñen con la Ley son sancionados.
Ante la “verdad” expresada por el presidente de la
SCJ, cabe formular, por lo menos, una pregunta: ¿Cuáles son los servidores
judiciales sancionados por archivar el expediente del caso del senador Félix
Batista?
Cierto es que las Altas Cortes merecen un mejor
tratamiento económico por parte del gobierno. Es justo que el Poder Ejecutivo
cumpla con la Ley concerniente a la transferencia de fondos al Poder Judicial.
Ahora bien, no menos justo es que el gobierno
atienda la exigencia de los médicos por un salario decente y digno. ¿Y qué
decir del salario mínimo de los trabajadores del sector privado y los
servidores del Estado, incluyendo los guardias y policías?
Resulta inhumano pedir tanto para los pocos que tienen
mucho. Los servidores pobres, que son más,y que con amor y entrega sirven a su
país, merecen mejor suerte.
Miguel Ángel Cid
cidbelie29@gmail.com
Twitter:
@miguelcid1
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