Por Miguel Ángel Cid Cid
La desconfianza en el sistema de administración de justicia
dominicano no es cosa de ahora. El enfrentamiento entre la Policía, el
Ministerio Público y la Judicatura viene de lejos. Lo nuevo es el sazón que le aporta
la prensa al conflicto. No desperdicia tiempo para cargarle el dado a los
jueces.¿Qué pasa ahí?
De poco tiempo acá, se desató una andanada de acusaciones y contra
acusaciones entre las instancias estatales responsables de aplicar justicia.
Contrario a cómo ha ocurrido en otras épocas, los medios de comunicación han
prestado especial atención a la disputa. El periódico El Día, dedicó su
editorial del 29 de julio a tratar el caso con el título “Justicia sin jueces
crédulos”
“La justicia no mejora con declaraciones, ‘denuncias con
responsabilidad’ o el apoyo que provenga de los principales incumbentes del
Ministerio Público o el aparato judicial, a través de las redes sociales. Eso
sólo sirve para mantener en movimiento un acomodaticio ciclo mediático”,sentenció
el editorial.
Varios jueces, recientemente,fueron destituidos de sus cargos por
cometer supuestos hechos de corrupción. En la semana pasada, el Lic. Francisco
Domínguez Brito, Procurador General de la República, denunció la existencia de
una mafia especializada en la venta de sentencias. El misterio que esconde el
caso es que no haya un sólojuez de las altas cortes en la banda descubierta por
el procurador. Recuerde que Domínguez Brito archivó el expediente de Félix
Bautista; y que, con la naturalidad de Tartufo, luego desempolvó el caso en
medio de la puja por la reelección del PresidenteMedina.
Cabe entonces preguntarse, ¿Los jueces destituidos son culpables
de los hechos que se le imputan o son chivos expiatorios, víctimas
compensatorias?
La vorágine que sacude hoy la justicia dominicana contribuye a
profundizar el estado de desconfianza generalizado en la administración
pública. Poner en tela de juicio a la justicia repercutirá en todo el sistema
de gobierno, y dejará maltrecha la posibilidad de fortalecerel estado de
derecho.La confianza y la seguridad ciudadana son valores fundamentes en el
proceso de desarrollo local.Sin una ni la otrano es posible un estado de
derecho fuerte.
De su lado, los partidos políticos de “oposición” se enfocan en
exigir la renovación de las altas cortes, lo mismo queexigenlas organizaciones
élite de la sociedad civil. La timidez puestapor ellos en el meollo del asunto,
la recomposición judicial,indica que el objetivo oculto está enquerer un pedazo
del pastel al momento de la asignación de cuotasde representación enlas altas
cortes. Es decir, ni los partidos ni la sociedad civil aspiran a crear las
bases para la solución del problema. Todo lo contrario, quieren ser parte de él.
Luego de la lucha por el 4% del PIB para educación, el tiempo
demostró que el problema de las falencias del sistema no era por estrechez de
presupuesto. Igual parece suceder en el ámbito de la justicia, donde los jueces
exigen mejores salarios para evacuar más y mejores sentencias. La
dificultad va desde la falta de independencia judicial, por la cuestión
política,hastala débil calidad de la administración de justicia.
Tengo claro que este es un país de leyes decorativas, pero el
problema no es el cumplimiento de la ley. Si así fuera, los magistrados pusieran
más empeño en fallar a tiempo las sentencias, o en denunciar los traslados
arbitrarios y por cabildeos, o en que el juez es el responsable de la ejecución
de la pena.
Lo cierto es que una buena administración de justicia coadyuva de
manera directa en la seguridad ciudadana. Si la ciudadanía se siente segura, el
nivel de confianza hacia las instituciones del Estado crecerá. Si la confianza
en las autoridades judiciales es fuerte, el estado de derechos será cada vez
más robusto. Con la conjugación de estos elementos,ciudadanía y gobierno,se
propendería a diseñar, elaborar e implantarpolíticas de desarrollo localescoherentes.
En la desconfianza es que está el peligro.
Miguel Ángel Cid
Twitter: @miguelcid1
02agosto 2016
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