Por Melba Navarro
Nunca antes tantas voces se habían unido para impulsar
un cambio frente a una realidad que nos afecta a todos. El desorden en el
tránsito vehicular en la Capital y las principales urbes del país constituye un
tema más que preocupante, tanto por los riesgos que implica para la ciudadanía
como por los enormes intereses que genera su sistema de operatividad.
Legisladores, autoridades oficiales, sindicalistas,
transportistas, comunicadores, empresarios, expertos del tema en cuestión,
conductores, gente de a pie, en fin, todo un amplio conglomerado de sectores
nacionales ha fijado su punto de vista en torno a esta situación que tanto nos
angustia.
Debe involucrarse a toda la ciudadanía en la tarea en
procura de detener lo que podríamos denominar “terroristas al volante”, que prácticamente
imponen el caos y el desorden en nuestras calles, avenidas y carreteras. Todo
indica que el tránsito con que nos enfrentamos cada día les queda grande a los
organismos encargados de regularlo.
Ni siquiera se conoce algún plan en serio para regular
el desproporcionado parque vehicular que cada día atosiga nuestras calles y
avenidas, y con medios muy exiguos por parte de las autoridades encargadas de
poner un alto a esa situación.
Un cálculo que se debe hacer es cuántos vehículos, nuevos
o usados, se suman diariamente al parque vehicular ya sea en el Gran Santo
Domingo, o si queremos que sea más abarcador, en todo el territorio nacional.
Es indudable que ello contribuye a que cada día la situación de caos se
incremente, muy a pesar de las obras y/o regulaciones que realicen
instituciones como Obras Públicas y la Autoridad Metropolitana del Transporte
(Amet).
Es indudable que hay una buena cuota de vehículos que
ingresan cada día al parque vehicular. Las ofertas de los dealers y
concesionarios están ahí, en oferta de libre mercado. Pero, y cuántos vehículos
se sacan de circulación cada día? De eso ni siquiera se tiene estadística.
Recientemente, el director de la Autoridad
Metropolitana del Trasporte (Amet), general Frener Bello Árias, afirmó que “la
debilidad (para enfrentar el problema) radica en la falta de educación, y en lo
obsoleto que ya resulta la Ley 241 sobre tránsito terrestre, con sanciones
demasiado frágiles”.
Aún teniendo en cuenta estas aseveraciones, por todos
harto conocidas, siguen encontrando resistencia las propuestas que por años ha
hecho la Amet, de que se imparta la asignatura de educación vial desde la instrucción
primaria, lo mismo que charlas en las universidades, como una forma de ir
moldeando las mentalidades desde temprano. Y resulta cuesta arriba el hecho de que
estas nunca hayan sido tomadas en cuenta.
La insoportable condición del tránsito vehicular en
nuestro país es una realidad que afecta no solo a los que deben utilizar cada
día servicios de transporte público, sino también a un alto porcentaje de
quienes tienen resuelta esa necesidad, debido a la forma temeraria en que
conducen ciertos choferes y conductores.
El hecho de haberle dado plenos poderes a los dueños
de las principales rutas para que controlaran a su antojo el transporte urbano
e interurbano, ahora dificulta buscar soluciones para hacer frente al desorden que
impera.
Esto ha ido creando un monstruo que cada día que
transcurre se torna de más difícil solución.
Demostrado está que la gran cantidad de instituciones creadas
en distintas épocas en busca de regular el transporte público no han podido
llegar a puerto seguro, y en esos afanes han naufragado presupuestos, iniciativas
y hasta propuestas transportadas desde otras latitudes.
En esos afanes podemos citar siglas de entidades que
nunca cumplieron con su objetivo, o que medran en medio de las inexactitudes.
Ahí están los casos de Onatrate, OTTT, Omsa, entre otras.
Está también la Ley de
Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República
Dominicana, como el Plan Maestro para el Reordenamiento del Transporte Público
del Gran Santo Domingo, que ejecuta la Oficina para el Reordenamiento del
Transporte (OPRET), y que tiene el objetivo de erradicar los males que afectan
el sistema de transporte público en el país.
Se hace necesario un gran cambio, tanto en la
mentalidad de todos los que a diario salimos a las calles, así como la forma en
que ha sido manejada por años esta problemática por las instituciones vinculadas
al área.
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