Por Amaury Justo Duarte
El gobierno de Danilo Medina necesita dinero fresco. Sus cuentas no le dan.
Los ingresos son magros y los gastos incalculables. Su contabilidad no cuadra.
Eso explica la campaña mediática actual para que se apruebe un Pacto Fiscal que es una
forma disimulada de nuevas cargas tributarias que serán nuevamente soportadas
por las costillas de los trabajadores, particularmente la clase media. Es más,
se ha llegado al despropósito de afirmar
que dicho Pacto es un “clamor
generalizado de la población”.
Si el gobierno logra imponer una nueva reforma fiscal, esta sería la
sexta , con los mismos argumentos:
aumentar los ingresos para equilibrar el presupuesto y reducir el déficit
fiscal.
En un sentido riguroso los objetivos del gobierno aparentan racionales.
Desde hace años el equilibrio presupuestal se realiza con empréstitos los
cuales, como se sabe, aumenta
sistemáticamente el endeudamiento externo cuyo monto alcanza hoy más de 35,000
millones de dólares.
El problema de fondo, sin embargo, es que nadie cree que el gobierno
utilizará los fondos provenientes del aumento de los ingresos vía impuestos racionalmente.
Los empresarios temen que la masa monetaria resultante de la abolición de los incentivos –que no son pocos-irán a
parar a los bolsillos de los compañeritos del PLD y de la burocracia de ese
partido (convertido hoy en partido-Estado) en gastos superfluos;los
trabajadores, por su parte, recelan a su
vez del “pacto fiscal” porque sospechan que de sus bolsillos saldrán los
dineros para sacarles las castañas del fuego a los déficits del gobierno, y la
clase media está segura de que también será nuevamente penalizada en su nivel y
calidad de vida si se impone una nueva reforma fiscal.
O sea, estamos en frente de una total falta de credibilidad ante el
llamado Pacto Fiscal.
Si el gobierno quisiera transparentar las finanzas públicas, aboliera
las nominillas,suprimiera el gasto superfluo en el servicio exterior y en la
administración pública, reduciría el déficit fiscal, cancelaria las 7 mil cuentas
innecesarias que ahorrarían unos 70,000 pesos, conforme a la denuncia de la
oposición, etc. Si hiciera todo eso quizás entonces la oposición cambiaria de
opinión y apoyaría el llamado “Pacto Fiscal”, con objetivos claramente
definidos despejando las dudas de que estamos en presencia de otra simulada reforma tributaria.
Los socialdemócratas tenemos una posición bastante clara sobre los
impuestos. No nos oponemos por principio al aumento de los tributos los cuales deben
recaer en las espaldas de los sectores de mayores ingresos, siempre y cuando
esos impuestos sean utilizados para ejecutar planes de desarrollo y realmente
cubrir déficits fiscales. Pero jamás darle un cheque en blanco a un gobierno
que no respeta las leyes y que las reformas fiscales aprobadas en los últimos
años no han resuelto el sistemático déficit
fiscal acumulado y que para este año se proyecta en unos 150,000
millones, conforme a datos aportados por los economistas.
Pero, además, para la oposición, la presión mediática actual atizada por el
gobierno para que la agenda sea la discusión de los pactos (eléctrico y fiscal)
y no el pacto político es inadmisible.
El imperativo de la hora es el debate y discusión de los aspectos
vinculados a la institucionalidad democrática, hoy seriamente cuestionada, particularmente,
la aprobación de la ley de partidos, la ley electoral y la elección de jueces
honorables y apartidaristas en los principales
estamentos judiciales, como son los casos de la JCE, el TSE, la Suprema
Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional.
Este imperativo ha sido asumido públicamente por el CONEP cuyo actual
presidente en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio reclamó hace algunos días la
aprobación de la ley de partidos y la
ley electoral. En dicha intervención se expresó lo siguiente: “ ..En nuestra sociedad hay un malestar de
desconfianza en las instituciones a las que hemos entregado la función de
representarnos, producto de la falta de orden y de la inexistencia de un adecuado régimen de consecuencias que
ofrezca a la población la seguridad de que vive en un verdadero Estado de
Derecho , en el que todos estamos obligados a cumplir la ley…..”
Desviar, pues, la agenda nacional a debates como el pacto fiscal y
eléctrico y obviar el principal problema que confronta la sociedad en este
momento, que es el Pacto Político, es sencillamente inadmisible.
Lo primero es lo primero.
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