Ponencia en Finjus sobre seguridad, justicia y democracia
SANTO DOMINGO, D. N.- El candidato
presidencial Luis Abinader adelantó este jueves que, ganada la Presidencia de
la República en las próximas elecciones, el Poder Ejecutivo concertará
con la sociedad política y civil un proceso de reforma del Consejo Nacional de
la Magistratura, garantizará la independencia de los tribunales y los jueces,
despolitizará el ministerio Público, reformará la Policía Nacional, adoptará
políticas y acciones anti-corrupción, y otras medidas que contribuyan a
instaurar un marco institucional que garantice los derechos económicos, sociales
y políticos que merecen disfrutar todos los dominicanos y dominicanas.
En la introducción de una
conferencia en la que expuso sus propuestas para el fortalecimiento de la
Seguridad Ciudadana, la Justicia y la Democracia, en una actividad organizada
por la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, Abinader expresó su
complacencia por coincidir con la visión de esa entidad sobre la necesidad de
“Construir una sociedad donde los diferentes actores sociales y
políticos muestren su compromiso con el fortalecimiento de la democracia,
el estado de derecho, la independencia del sistema de justicia y la seguridad
ciudadana, para alcanzar altos niveles de seguridad jurídica, bienestar social
y equidad”.
Abinader subrayó la necesidad de
de producir las reformas institucionales debido a que en los gobiernos del Partido de la
Liberación Dominicana y especialmente en estos últimos 4 años, se ha
acentuado el deterioro institucional del país, resultando defraudadas las
expectativas y esperanzas del pueblo de vivir en un verdadero estado de
derecho.
“Hemos visto como han renacido
prácticas que se entendían superadas, como es la intromisión descarada del
poder político en las decisiones de la Justicia con el fin de garantizar la
impunidad de los miembros del partido en el gobierno”, expuso.
Citó en ese aspecto la modificación
atropellada de la Constitución con el único fin de imponer la reelección,
en un claro ejemplo de la visión autoritaria del candidato reeleccionista y su
desprecio por la institucionalidad del país.
“Además de ponerle fin a las
constantes violaciones a las leyes a que este gobierno tiene acostumbrado al
país, estoy comprometido con una revisión profunda de la legislación vigente
para adecuar el marco institucional de la Nación a las necesidades y
expectativas ciudadanas del Siglo 21.
Las reformas
Abinader puntualizó que a base
de la seguridad jurídica y el estado de derecho es la existencia de un sistema
judicial independiente, con la capacidad de impartir justicia de manera
oportuna y con jueces imparciales que actúen con apego a la Ley.
Sujeto a esa convicción Abinader
promoverá desde el Poder Ejecutivo la concertación de una reforma integral de
las instituciones que inciden en el sector justicia, que incluya la
reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), apoyo a
la consolidación de la carrera judicial, así como la reforma del
Ministerio Público y la Policía Nacional.
Para el candidato del PRM y fuerzas
aliadas en la reforma de la Constitución del 2010 se produjo un retroceso en la
composición de los miembros del CNM, que es el organismo que escoge los jueces
de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y los miembros del
Tribunal Superior Electoral.
“Esta institución de máxima
importancia para el equilibrio e independencia del sistema judicial y electoral
de la Nación, ahora es un organismo controlado por el Poder Ejecutivo,
subordinando la escogencia de los jueces al interés político del partido
gobernante, sin tener en cuenta, en muchos casos, la probidad que debe
acompañar la condición de juez”, advirtió.
La reforma que propone
Abinader procura en principio retornar al CNM a su composición
originaria, excluyendo del mismo al Procurador General de la República, con lo
que se garantizaría de inmediato un mayor equilibro de poderes en el órgano.
Abinader impulsará también
desde el Poder Ejecutivo iniciativas que permitan hacer más expedita,
accesible y funcional la Justicia, lo cual será logrado por medio
de reformas integrales de los procesos judiciales, basados en la tradición
jurídica del país, con un sentido práctico pero sin desmedro de la garantía de
los derechos fundamentales de las partes, especialmente de las víctimas.
“Nos enfocaremos en facilitar la
solución de las infracciones menores, para poder dedicar mayores recursos a la
persecución de las infracciones más complejas y relevantes a la sociedad”.
Sostuvo que su gobierno no
escatimará esfuerzos en proveer los recursos necesarios para dar cumplimiento
al mandato de la Constitución sobre la conformación de los tribunales
administrativos de primera instancia, con el propósito de que los ciudadanos
tengan mayor posibilidad de impugnar los actos de la Administración
arbitrarios o contrarios al Derecho.
Para el economista y dirigente político es indispensable
la despolitización de la función del representante de la sociedad en la Justicia,
y para ello se plantea reformar el régimen regulatorio del Ministerio Público.
Promoverá la inamovilidad del
Procurador General de la República y sus adjuntos para garantizar la real
independencia de los órganos de investigación.
“Fortaleceremos los mecanismos
de control y transparencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, así
como los sistemas de evaluación y desempeño de sus miembros”. Estimó
impostergable mejorar los salarios de los procuradores, fiscales y
fiscalizadores.
“La lucha contra la
corrupción, como ya hemos expresado, carece de credibilidad si los
funcionarios encargados de perseguirla dependen del Poder Ejecutivo”, dijo.
A fin de hacer más efectiva la
lucha contra la corrupción administrativa el PEPCA será transformado en
una Fiscalía Nacional Contra La Corrupción, dotada de los recursos necesarios
para la realización de su misión, así como de independencia funcional y
organizativa, con inamovilidad de sus miembros.
Igualmente, propondrá que la
designación del Fiscal Nacional Anticorrupción sea realizada por el Consejo
Nacional de la Magistratura y no por el Presidente de la República, en
consonancia con su anunciado propósito de eliminar la influencia política en la
persecución de la corrupción y la consecuente impunidad que de ese mal se
deriva.
Reforma Policial y Seguridad
Ciudadana
Abinader advierte que las
políticas y estrategias de seguridad ciudadana aplicadas por el actual gobierno
son totalmente inefectivas mientras los delincuentes se adueñen de las calles y
exista la sensación en la sociedad de que la institución policial, como
funciona actualmente, se ha convertido en un obstáculo más para combatir la
delincuencia.
Expone como una meta inmediata
de su gobierno reducir los niveles de violencia, particularmente contra las
mujeres, así como los asaltos y robos en las calles.
Para ello se requiere una
profunda reforma de la Policía Nacional que devuelva la motivación y la
capacidad operativa de esta institución a fin de responder con eficacia a
las demandas de seguridad de los ciudadanos.
Esa reforma logrará un cambio en la
cultura institucional y restablecerá a la Policía Nacional la imagen de
auxiliar de la justicia y cuerpo del orden, al servicio del ciudadano.
En el gobierno que presidirá,
incorporará nuevas tecnologías y métodos para combatir la delincuencia, para lo
cual contrató la asesoría del ex Alcalde de New York, Rudolph Giuliani, quien
junto a un equipo de técnicos locales está definiendo los esquemas que
aplicarán a partir de su ascenso al Poder, algunos de los cuales nos permitimos
citar:
· Creación de un banco de ADN.
· Capacitación continua y obligatoria de
todos los miembros de la uniformada.
· Establecimiento de un sistema de
registro de casos para detectar patrones de criminalidad y seguir su evolución.
· Asignación del personal policial dando
prioridad a las labores de seguridad ciudadana.
· Dotar con equipos de alta tecnología a
la Policía Nacional de manera que cada patrulla pueda conocer en línea el
estatus de cada ciudadano, frente a la justicia.
· Dignificar las condiciones de trabajo
y de salario de la Policía con la aplicación de un salario mínimo de 23 mil
pesos, equivalente a 500 dólares mensuales.
Asume el
candidato presidencial que la corrupción es uno de los peores males que afectan
al país pues debilita la credibilidad de las instituciones públicas,
distorsiona los costos y calidad de los servicios, afecta el clima de
inversiones y disminuye la credibilidad de los ciudadanos en la política.
Sin transparencia en la
administración pública será muy difícil combatir la corrupción y para ello se
necesitan normas que obliguen a los funcionarios a rendir cuentas y que
penalice el incumplimiento.
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