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viernes, 11 de septiembre de 2026

Entidades analizan propuestas para fortalecer la justicia penal adolescente en la reforma de la Ley 136-03

GANA, CONANI, UNAPEC y FINJUS analizaron los avances de la propuesta y los aspectos que deben continuar revisándose para lograr un sistema más especializado, restaurativo y orientado a la reinserción social de los y las adolescentes.

 

Santo Domingo. – El Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), la Universidad APEC (UNAPEC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) realizaron el panel “El Código de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia”, un espacio de análisis técnico sobre las principales propuestas de modificación al sistema de justicia penal adolescente contempladas en el proceso de reforma y actualización de la Ley 136-03.

 

El encuentro reunió a juristas, operadores del sistema de justicia, académicos y actores relacionados con la atención a adolescentes, quienes analizaron los enfoques incorporados en el Libro III de la propuesta de anteproyecto, así como aspectos que requieren continuar siendo revisados para fortalecer la respuesta del Estado frente a los adolescentes en conflicto con la ley penal.

 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del rector de UNAPEC, Erik Pérez Vega, quien afirmó que la academia no puede permanecer al margen de las discusiones que inciden en el rumbo del país y subrayó que la misión universitaria trasciende la formación técnica y profesional para contribuir a una ciudadanía responsable, crítica y comprometida con el desarrollo humano. Asimismo, exhortó especialmente a los estudiantes de Derecho a asumir esta disciplina no solo como el conocimiento de las normas, sino como una herramienta para proteger la dignidad humana, garantizar derechos y transformar positivamente la sociedad.

 

“Confiamos en que las ideas trascenderán este escenario y contribuirán a fortalecer las instituciones de nuestro país”, expresó.

 

Al contextualizar el proceso de reforma, la presidenta ejecutiva del CONANI, Ligia Jeannette Pérez Peña, explicó que el proceso de reforma inició hace más de un año y ha contado con el acompañamiento de un Comité Consultivo de Alto Nivel, integrado por el GANA, el Ministerio de la Presidencia (MINPRE), el CONANI, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Visión Mundial. Asimismo, más de 70 instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil han participado en consultas y validaciones técnicas de la propuesta.

“La protección de la niñez no es una tarea de un gobierno ni de nadie en particular. Es una responsabilidad de todos y de todas y por eso debemos contribuir a que este instrumento sea el mejor posible para el bien de nuestra niñez y adolescencia”, expresó Pérez Peña al motivar a los asistentes a revisar la propuesta y ser parte de la revisión conjunta.

 

Un sistema orientado a la responsabilización y la reinserción

Para dar inicio al panel, los consultores responsables de las modificaciones al Libro III, Joan García Fabián y Yudelka Polanco, expusieron los principales enfoques incorporados en la propuesta, entre ellos el fortalecimiento del carácter especializado del sistema, la justicia restaurativa y los mecanismos orientados a la reinserción social.

 

Explicaron que la respuesta ante una infracción cometida por una persona adolescente debe ser diferenciada de la aplicable a los adultos, considerando su etapa de desarrollo y las condiciones de vulnerabilidad que pueden incidir en su conducta. Este enfoque procura que la intervención del sistema no se limite al procesamiento y la sanción, sino que contribuya a reducir la reincidencia y genere oportunidades para la reinserción social.

 

El magistrado Francisco Antonio Pérez Lora, juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, valoró los avances contenidos en la propuesta de reforma y planteó aspectos que, a su juicio, deben continuar siendo examinados.

 

Entre estos señaló la necesidad de precisar la respuesta del sistema ante los casos que involucran a niños y adolescentes inimputables; definir con mayor claridad las salas competentes para conocer determinados procesos de adolescentes; y establecer mecanismos adecuados de respuesta y acompañamiento para niños, niñas y adolescentes migrantes o que carezcan de documentación.

 

Por su parte, Carlos Guerrero, director nacional de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (DINAIACLP), explicó el funcionamiento de los centros que atienden a esta población y el trabajo de los equipos multidisciplinarios responsables de su atención.

 

Guerrero destacó la importancia de contar con mecanismos de seguimiento a los adolescentes incluso después de su salida de estos centros, como parte de los esfuerzos para favorecer una reinserción efectiva y ofrecerles una segunda oportunidad.

 

El panel fue moderado por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, y formó parte de las acciones de socialización y validación desarrolladas en el marco del proceso de reforma y actualización de la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

 

 

miércoles, 22 de julio de 2026

Unibe y FINJUS realizan panel multidisciplinario sobre Código de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia

Santo Domingo, julio de 2026.- La Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Unibe, y la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, realizaron el panel "El Código de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia: una reflexión entre especialistas desde múltiples perspectivas". Este espacio de diálogo académico reunió a expertos de distintas disciplinas para analizar los retos, avances y oportunidades del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana.


 

La actividad fue organizada con el apoyo del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, y el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la Presidencia de la República, reafirmando el compromiso del Estado, el sector productivo y la academia con el fortalecimiento del debate jurídico y la promoción de políticas públicas orientadas a la protección integral de la niñez y la adolescencia.

 

El panel contó con la participación de Félix Tena de Sosa, subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo; Eduardo Ramos, especialista en derecho administrativo, regulatorio y constitucional; Vanessa Espaillat, psicóloga clínica y coordinadora de programas de postgrado de la Escuela de Psicología de Unibe; Peter De Wannemaeker, psicólogo clínico y coordinador de la Unidad de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Violencia de Unibe; y Francisco Antonio Pérez Lora, juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional. La moderación estuvo a cargo de Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, quien condujo el intercambio entre los panelistas desde una perspectiva jurídica e institucional.

 

La rectora de Unibe, doctora Odile Camilo Vincent, ofreció las palabras de bienvenida y destacó la importancia de generar espacios de reflexión académica e interdisciplinaria que contribuyan al fortalecimiento del marco jurídico y las políticas de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana. El anteproyecto de reforma al Código de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (Ley 136-03), actualmente en proceso de consulta y validación técnica.

 

En la actividad estuvieron presentes destacados juristas de la República Dominicana, miembros del consejo académico y la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de Unibe, docentes y estudiantes. Al final del panel hubo una sesión de preguntas y respuestas, en la que el público planteó sus inquietudes, que fueron respondidas por los expertos.

 

   

 

 

 

 

lunes, 13 de julio de 2026

FINJUS valora propuesta de reforma a Ley 136-03 y reconoce el proceso de socialización impulsado por CONANI

Dialogan para fortalecer la protección de la niñez y la adolescencia

 

Santo Domingo, R. D.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) valoró positivamente el borrador de anteproyecto de reforma de la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, y el proceso de socialización que desarrolla el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) con el propósito de validarlo.

 

El encuentro de socialización contó con la participación de miembros del Consejo de Directores de FINJUS, encabezado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán; el segundo vicepresidente, Rafael Izquierdo; y los directores Omar Victoria, Robinson Peña y Leonardo Matos. En representación del CONANI participaron su presidenta ejecutiva, Ligia Jeannette Pérez Peña; su directora ejecutiva, Alexandra Santelises; su director de Protección y Restitución de Derechos, Francisco Leonardo; y el equipo técnico responsable del proceso de reforma, integrado por los consultores Eduardo Ramos, Dilia Leticia Jorge Mera, Génesis Bello y Yudelka Polanco.

 

Durante el intercambio, los directivos de FINJUS reconocieron la calidad técnica del anteproyecto y coincidieron en que la reforma de la Ley 136-03 constituirá uno de los procesos legislativos de mayor relevancia para el país, por su impacto directo en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el fortalecimiento de las familias y la consolidación del Sistema de Protección. Valoraron la metodología de consulta impulsada por el CONANI, destacando la construcción participativa asumida y el tiempo dedicado al diseño.

 

En ese contexto, el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, felicitó al equipo responsable de la propuesta y resaltó la importancia de que una legislación de esta naturaleza sea el resultado del diálogo entre los distintos sectores de la sociedad. “Un código tiene que ser el fruto de un pacto político, jurídico y social. Quiero felicitarlos porque he visto el esfuerzo que están realizando para socializar esta propuesta con los distintos sectores del país".

 

Por su parte, la presidenta ejecutiva de CONANI, Ligia Jeannette Pérez Peña, reafirmó que el objetivo del proceso es entregar al país un instrumento jurídico que responda a los desafíos actuales de la niñez y la adolescencia y que incorpore los aportes de los distintos actores convocados. "Nuestro propósito es dejar un instrumento que responda a las demandas de la niñez. Ningún instrumento será perfecto, pero queremos construir una propuesta lo más sólida posible y que sea el resultado de un amplio consenso”, dijo.

 

La directora ejecutiva, Alexandra Santelises, señaló que, con la aprobación de esta propuesta, el país estará fortaleciendo el cuidado de los niños, las niñas y adolescentes, y la prevención de las situaciones de vulnerabilidad que les afectan. “Reforzamos la responsabilidad de la familia, ordenamos las funciones de las instituciones y consolidamos la rectoría del CONANI para que cada actor cumpla el rol que le corresponde dentro del Sistema”.

 

Durante la presentación, el equipo consultor expuso las principales innovaciones contenidas en el anteproyecto, entre estas la ampliación del catálogo de derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes; el fortalecimiento de la familia como primer espacio de protección y formación; la actualización de disposiciones vinculadas al derecho de familia; el fortalecimiento de las medidas de protección y cuidado; la incorporación del enfoque de justicia restaurativa; la promoción de entornos digitales más seguros; la especialización de los operadores del Sistema y el fortalecimiento del rol rector del CONANI.

 

Como parte del diálogo, los representantes de FINJUS valoraron especialmente las disposiciones orientadas a garantizar un entorno digital seguro para niños, niñas y adolescentes, las medidas para prevenir las uniones tempranas y el fortalecimiento de las responsabilidades de las familias y de las instituciones que integran el Sistema. Además, recomendaron fortalecer el abordaje de la atención a niños y niñas con discapacidad.

 

La socialización con FINJUS forma parte de la etapa de validación técnica del borrador de anteproyecto de reforma de la Ley 136-03, para recoger observaciones que fortalezcan la propuesta antes de su presentación al Poder Ejecutivo.

 

También, el CONANI sostuvo una sesión de trabajo con la Coalición de ONG por la Infancia, espacio que agrupa a 32 instituciones no gubernamentales dedicadas a la protección de los derechos de la niñez.

 

Además, y como parte de este proceso de socializaciones, el equipo técnico y jurídico del CONANI se trasladó a la Oficina Nacional de Participación Ciudadana (PC) para socializar las innovaciones del anteproyecto ante su Consejo Nacional de Coordinadores, encabezado por el coordinador general de la entidad, Francisco Álvarez Valdez.

 

miércoles, 20 de mayo de 2026

Presidente Luis Abinader firma acuerdo de colaboración entre FINJUS y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo

Está orientado al fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho, institucionalidad y la seguridad jurídica del país

 

El mandatario manifestó que este gobierno cree profundamente en el valor de una sociedad civil activa, crítica y comprometida. “No vemos la participación ciudadana como un obstáculo, la vemos como una fortaleza de la democracia”

 

Presidente de FINJUS, Rafael Del Toro Gómez, considera que este acuerdo institucional con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo refuerza el compromiso con la trayectoria de cambios que ha animado la institución que dirige desde hace años

 

Santo Domingo, R. D.- El presidente Luis Abinader firmó este miércoles un acuerdo de colaboración entre la Consultoría del Poder Ejecutivo y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), orientado al fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho, la institucionalidad y la seguridad jurídica del país.

 

El convenio establece un marco de cooperación interinstitucional para desarrollar acciones conjuntas de asistencia técnica especializada, revisión normativa, estudios jurídicos y espacios de diálogo entre el Estado y la sociedad civil, con el propósito de consolidar la institucionalidad democrática y promover una cultura de colaboración constructiva.

 

El acuerdo fue suscrito por el presidente Luis Abinader, en representación del poder Ejecutivo, y por el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Rafael del Toro Gómez.

 

Firmaron en calidad de testigos el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa y el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán.

 

Durante el acto, el presidente Abinader afirmó que su gobierno cree profundamente en el valor de una sociedad civil activa, crítica y comprometida, al considerar que la participación ciudadana constituye una fortaleza esencial para la democracia y sostuvo que gobernar bien implica escuchar, abrir espacios de participación y comprender que las mejores decisiones públicas nacen del diálogo y la pluralidad.

 

“Y quiero decirlo con claridad, este gobierno cree profundamente en el valor de una sociedad civil activa, crítica y comprometida. No vemos la participación ciudadana como un obstáculo. La vemos como una fortaleza de la democracia”, expresó el jefe de Estado.

 

El gobernante destacó que este acuerdo representa una alianza estratégica para fortalecer las instituciones democráticas y continuar promoviendo la transparencia, el respeto a la ley y la participación ciudadana.

 

“La convicción de que las democracias no se sostienen solamente con elecciones, ni con discursos, ni siquiera con buenas intenciones. Se sostienen cuando existen instituciones fuertes, leyes legítimas y ciudadanos dispuestos a defender el interés general por encima de cualquier conveniencia particular”, expresó el jefe de Estado.

 

El presidente Abinader sostuvo que el Gobierno mantiene un firme compromiso con el fortalecimiento institucional, la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto absoluto a la independencia del Ministerio Público.

 

“No hay prosperidad duradera sin instituciones confiables”, afirmó el mandatario, al destacar que la seguridad jurídica es esencial para proteger derechos, fortalecer la confianza ciudadana y promover estabilidad económica y cohesión social.

 

“Cuando las instituciones funcionan, gana la democracia. Y cuando gana la democracia, gana la gente”, manifestó el presidente.

 

El jefe de Estado destacó el papel desempeñado por FINJUS durante décadas en favor del Estado de derecho, “una voz que ha acompañado al país en momentos decisivos, siempre desde el rigor técnico, la independencia de criterio y el compromiso con la nación”, manifestó el presidente.

 

En ese sentido aseguró que el acuerdo firmado tiene un valor que trasciende lo administrativo y representa una voluntad compartida de fortalecer el Estado social y democrático de derecho como base de la convivencia, la libertad y la institucionalidad del país.

 

El presidente también indicó que la República Dominicana avanza en la actualización y modernización de su ordenamiento jurídico, al considerar que una nación moderna no puede construirse sobre normas desactualizadas ni instituciones débiles.

 

“La seguridad jurídica es lo que permite que un ciudadano confíe en su país. Es lo que protege los derechos. Es lo que da estabilidad a las inversiones. Es lo que genera confianza económica y cohesión social”, afirmó.

 

El gobernante reiteró además el compromiso de su gestión con la transparencia, la rendición de cuentas, el fortalecimiento institucional y el respeto absoluto a la independencia del Ministerio Público. “Cuando las instituciones funcionan, gana la democracia. Y cuando gana la democracia, gana la gente”, manifestó.

 

Abinader sostuvo que las instituciones también se defienden desde la voluntad colectiva de los ciudadanos de creer en la democracia, respetar las reglas y construir un futuro común y aseguró que esta alianza simboliza el compromiso de seguir construyendo una República Dominicana donde prevalezcan la institucionalidad, la transparencia y el respeto a la ley.

 

“Las naciones verdaderamente grandes no son las que tienen más poder, sino las que tienen mejores instituciones, más confianza en su democracia y más fe en su gente”, enfatizó el presidente Abinader.

 


Compromiso con la trayectoria de cambios

 

De su lado, el presidente de FINJUS, Rafael Del Toro Gómez, consideró que este acuerdo institucional con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo refuerza el compromiso con la trayectoria de cambios que ha animado la institución que dirige desde hace años, y especialmente ahora, con la presencia del Dr. Jorge Subero Iza, maestro de la institucionalidad democrática y su valioso equipo, FINJUS asume las responsabilidades que se derivan de este acuerdo, marco de colaboración, con el ánimo sereno. “Las mejores energías de contribuir al fortalecimiento institucional y de una perspectiva autónoma coherente con nuestros principios y limitaciones, pero siempre desde una posición de respeto y espíritu constructivo”.

 

Asimismo, manifestó la disposición de la Fundación Institucionalidad y Justicia de trabajar de manera coordinada con el Gobierno para fortalecer el marco institucional y democrático del país, indicando que “nos ponemos a las órdenes de la Consultoría Jurídica para establecer conjuntamente un plan de trabajo que conduzca al logro de sus propósitos e inspire a otros organismos públicos y privados a ser actores unidos en la defensa de la calidad de nuestra democracia, que es nuestro bien más preciado.

 

“El equipo técnico de FINJUS se esforzará por colocarse a la altura del compromiso que estamos asumiendo, con la garantía de que recibiremos la colaboración permanente de importantes expertos juristas, académicos, organizaciones similares y ciudadanos identificados con los altos objetivos que animan este acuerdo, para hacer realidad una nueva experiencia, para demostrar que la colaboración basada en el diálogo, el respeto, la humildad y el análisis sistemático de la realidad social y jurídica entre Estado y sociedad es posible y necesaria para nuestra democracia”, expresó Del Toro Gómez.

 

Sobre el acuerdo

 

El acuerdo reconoce a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo como órgano rector de la coordinación jurídica de la Administración Pública, con funciones de asistencia al presidente y revisión de iniciativas normativas.

 

También, resalta el rol de FINJUS como entidad técnica y académica dedicada a la investigación jurídica, la reforma institucional, la justicia, la seguridad ciudadana y la participación democrática.

 

Entre los principales compromisos asumidos por ambas partes se encuentra el apoyo a la elaboración, revisión y consulta de anteproyectos de leyes, reglamentos y otros instrumentos jurídicos de interés institucional.

 

Además, el convenio contempla la realización de estudios técnicos, diagnósticos, informes, propuestas normativas, capacitaciones, conferencias y proyectos formativos, así como la promoción de espacios de diálogo con juristas, organizaciones sociales y ciudadanía para fortalecer la legitimidad y efectividad de las propuestas legales.

 

El convenio tendrá una vigencia de dos años y las actividades derivadas serán ejecutadas mediante protocolos específicos que definirán objetivos, alcances, condiciones y cronogramas de trabajo. Asimismo, no generará obligaciones pecuniarias automáticas y contará con mecanismos de confidencialidad y seguimiento técnico.

 

Estuvieron presentes el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; así como miembros del Consejo de Directores de FINJUS, miembros del equipo técnico de la Consultoría Jurídica, jueces y otras personalidades.

 

martes, 27 de mayo de 2025

Diputados se reúnen con FINJUS y partidos políticos

Continúan el estudio del proyecto sobre candidaturas independientes

 

Distrito Nacional, R.D.- La Comisión Especial de la Cámara de Diputados se reunió con representantes de diferentes partidos políticos y de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), para continuar el análisis del proyecto de ley que regula la presentación de candidaturas independientes.

 

El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, enfatizó que el principal interés del Congreso es considerar las posiciones de los partidos, así como de otras entidades, en torno a esta iniciativa.

 

En tanto, el diputado Elías Wessin Chávez, presidente de la Comisión, aseveró que la misión de los legisladores es aprobar una ley que brinde oportunidades a los candidatos independientes.

 

Por su lado, Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, indicó que no es que esté en desacuerdo con este proyecto, sino que este debate ya se dio durante el proceso de reforma constitucional del 2010, señalando que en la primera lectura se aprobaron las candidaturas independientes, pero en la segunda lectura fueron rechazadas, lo que evidencia un problema de origen que ha dificultado su implementación.


 

La alcaldesa de Higüey, Karina Aristy, en representación del Partido Liberal Reformista (PLR), destacó la importancia del proyecto y subrayó la necesidad de reconocer el derecho de los candidatos a postularse sin afiliación partidaria.

 

Igualmente, señaló que estos aspirantes deben cumplir con la recolección de firmas como respaldo ciudadano.

 

Desde otro punto de vista, Pelegrín Castillo, dirigente del Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP), explicó que, al considerar esta iniciativa, su partido ha solicitado reiteradamente a la Junta Central Electoral la implementación de un sistema de conteo que permita filmar y grabar los resultados, pero de manera institucional y no a través de los delegados partidarios.

 

En ese contexto, enfatizó que esta metodología ayudaría a prevenir la manipulación y reducir la influencia del dinero en el proceso electoral.

 

Ismael Reyes, presidente del Partido Demócrata Institucional (PDI), manifestó que los líderes y secretarios generales de los partidos emergentes enfrentan dificultades, para asegurar la contabilización de sus votos en las mesas electorales, debido a la imposibilidad de costear delegados, un reto que los partidos mayoritarios no enfrentan.

 

Además, dijo que los candidatos independientes, sin un respaldo económico sólido, enfrentan las mismas barreras.

 

En una actividad, celebrada en el salón Hugo Tolentino Dipp, aparte de diputados, también, estuvieron presentes Luis Acosta y Víctor Silverio, presidente y secretario general del partido UDC; Miguel Ferreras, secretario general del partido ADP; secretario de la organización PDI, William Correa; Maritza López y Anatalio Aquino, presidenta y secretario general del partido PAL; así como Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana; Miguel Valoy, del Frente Pro-Candidaturas Independientes en la República Dominicana; el socio fundador de la firma Fiallo-Billini, el abogado Alberto Fiallo; y los señores José Cabral Salcedo e Isaías Ramos, respectivamente.

 

jueves, 22 de agosto de 2024

Congreso Nacional, Finjus y TC ofrecerán inducción a nuevos legisladores

Santo Domingo.- El Senado de la República y la Cámara de Diputados conjuntamente con la Fundación institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Tribunal Constitucional (TC), realizarán una inducción sobre el “Liderazgo Legislativo Transformador”, para los nuevos legisladores que fueron juramentados el pasado 16 de agosto.

 

Esta actividad, que iniciará este jueves, se ha estado realizando en el país desde hace más de 40 años y anteriormente era organizada por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, bajo la coordinación del entonces rector, ya fenecido, Monseñor Agripino Núñez Collado.

 

En esta ocasión la misma contará con la participación de líderes de todos los partidos políticos, juristas, catedráticos y comunicadores.

 

Este evento, el cual iniciará con las palabras de apertura de los presidentes, del Senado de la República, Ricardo de los Santos y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, incluye paneles con expertos en derecho como Francisco Franco, Nasserf Perdomo, Cristóbal Rodríguez y Alejandro Peña, la moderación de Servio Tulio Castaños Guzmán.

 

Además, se realizará la conferencia Autenticidad y Comunicación Legislativo, dictada por el consultor Político y catedrático de la Universidad George Washington, Ricardo Amado Castillo.

 

Asimismo, la magistrada del Tribunal Constitucional, Alba Beard, dictará la conferencia “Procedimiento Constitucionales”.

 

De igual forma, el congresista de los Estados Unidos, Adriano Espaillat, disertará con el tema Diplomacia Parlamentaria.

 

Mientras que los comunicadores Albanelly Familia, directora de CDN, Lara Guerrero, especialista en comunicación de Crisis, así como los periodistas José Monegro, director del periódico El Día y Julio Martínez Pozo, coordinador de El Zol de la mañana, participarán en el panel “Relación de la Prensa y el Congreso”, el cual estará moderado por la periodista y consultora de marketing digital Ely Encarnación.

 

Este evento se realiza cada inicio de cuatrienio, con excepción de la Pandemia del 2020 y el mismo busca incrementar las habilidades de los legisladores en materia legislativa.

 

Este ejercicio unificado propiciado por el Senado y la Cámara de Diputados forma parte de un plan más amplio que se ha venido ejecutando previamente, en el cual ambos órganos legislativos han identificado objetivos comunes para el desarrollo de una mejor gestión y progreso del país.

 

Con esta inducción se busca dotar a los legisladores de herramientas técnicas fundamentales y ofrecerles una perspectiva innovadora que les permita abordar de manera efectiva los desafíos que la ciudadanía espera de ellos.

 

“En un momento en que el país se prepara para importantes transformaciones, se necesita contar con legisladores edificados y conscientes, capaces de tomar decisiones acertadas, apegadas a las leyes”, dice el comunicado.

 

Esta actividad conjunta es un reflejo del compromiso hacia una gestión pública más eficiente, transparente y en sintonía con las necesidades de la sociedad.

 

 

lunes, 4 de marzo de 2024

Diputados analizan con FINJUS aspectos de la Ley 1-24

SANTO DOMINGO.- La Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados recibió al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaño Guzmán, para escuchar su opinión sobre la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

 

Al iniciar su ponencia, Castaño Guzmán aclaró que la Ley 1-24 tiene un componente político, pero que sus opiniones están concentradas en la parte técnica jurídica.

 

Dijo que la mayoría de los países de América tienen leyes como la que crea la DNI, y que el Estado dominicano debe contar con una ley de este tipo.

 

Explicó que FINJUS verificó la legislación de varios países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, y que en todos esos países, todo lo que haga la DNI, todas sus actuaciones tienen que estar amparadas por una orden judicial.

 

“A partir de esas experiencias, señalamos algunos de los puntos, no que cuestionamos, sino, los puntos donde la Ley puede ser mejor, por ejemplo todas esas leyes de los países que les mencioné tienen un catálogo de definición porque es una materia muy sensible; por ejemplo tienen definición de amenazas a la seguridad nacional, inteligencia estratégica, operaciones encubiertas, contra inteligencia, informaciones clasificadas, cooperación internacional, vigilancia electrónica, entre otras”, detalló.

 

Castaño Guzmán refirió una serie de recomendaciones que a su consideración deben ser revisadas en la Ley, entre ellas: Que hay que prestar atención al debido proceso y la razonabilidad para consolidar un esquema que pone a disposición un ordenamiento que respete las libertades y derechos de los individuos, actuando fundamentalmente conforme a las leyes vigentes.


 

Además, que para la solicitud de información es pertinente que de manera clara, llana y precisa se defina cuáles son los requisitos para establecer la obligación de conceder la información que se procura.

 

También, determinar bajo cuál orden o procedimiento a seguir u órgano superior que ha de dar aprobación y seguimiento para las actuaciones que involucran recolección de data, sobre todo destacando organismo y personas de naturaleza privada que en principio tienen ciertas garantías y derechos a ser sopesados.

 

Además, hacer énfasis en los riesgos de la protección del manejo de la información privada que manejan las entidades de telecomunicaciones y el tratamiento especial de los usuarios.

 

“La DNI no puede atribuirse el control de las informaciones que manejan estos entes”, expresó.

 

De igual manera, que la legislación debe de contener un acápite referente al secreto profesional por parte de la DNI y el tratamiento de datos escogidos y que debe de estar la obligatoriedad por parte de la DNI de preservar la información para casos limitados, únicamente previstos por la Ley y acorde al mandato constitucional.

 

El jurista fue recibido por los diputados Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, presidente de la Comisión, Heriberto Aracena, Santiago Vilorio, José Benedicto Hernández, Alex Lara, Pedro Martínez, Juan Alberto Aquino, Diómedes Rojas, Dulce Quiñones e Isabel de la Cruz.

 

jueves, 5 de enero de 2023

Diputados escuchan al presidente de la JCE, a FINJUS y Participación Ciudadana sobre proyecto de Ley de Régimen Electoral

SANTO DOMINGO, R D.-La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de Ley de Régimen Electoral, sostuvo este jueves una intensa jornada de trabajo en la que recibió, por separados, a representantes de la Junta Central Electoral, de FINJUS y Participación Ciudadana.

 

En las reuniones de la comisión, la cuales contaron con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria, el titular de la JCE, Román Andrés Jáquez, quien expresó que la Junta Central ha propuesto una reducción de topes de gastos, con el objetivo de evitar que las campañas electorales no sean una competencia donde prevalezca el dinero.

 

"Propusimos que el límite de los gastos de las campañas electorales de los partidos políticos, no podrán exceder el monto máximo equivalente al que le fue asignado al partido que logró acceder a la mayor contribución económica, asignado por el estado en ese año electoral", aseveró.

 

Asimismo, dijo que las contribuciones individuales hechas por particulares con el propósito de aportar a los precandidatos y a los cargos de elección popular, no podrán ser superiores al cero punto cincuenta por ciento en dinero de los topes establecidos en las legislaciones sobre esta materia.

 

Roman Jáquez señaló que el pleno de la Junta Central llevará a cabo una audiencia con partidos, agrupaciones y movimientos políticos, con la finalidad de dar a conocer los proyectos e informar sobre los trabajos pendientes o realizados por dicho organismo relativos al proceso electoral.

 

Por otro lado, resaltó que la forma y los mecanismos de escogencia de los candidatos deben respetar la paridad de género, por tanto las listas postuladas por la organizaciones políticas deberán estar compuestas por 50% mujeres y 50% hombres, en cada demarcación electoral plurinacional.

 

FINJUS

 

De su lado, el representante de Finjus entregó a la comisión un documento en donde expresaba su preocupación por algunos aspectos que contiene el proyecto aprobado en el Senado y que actualmente se discute en la Cámara de Diputados.

 

Entre otras cosas, la entidad plantea poner un tope en el gasto de los partidos políticos, sobre todo en las campañas electorales, el establecimiento de reglas al uso del internet y las redes sociales en el marco de las campañas, así como la aplicación de paridad de género en los candidatos a puestos electivos por partidos.

 

Participación Ciudadana

 

Por su parte, los representantes de Participación Ciudadana expresaron su apoyo a los planteamientos hechos por la Junta Central Electoral para que sean introducidos en el proyecto de ley.

 

En la actividad, Participación Ciudadana expresó su preocupación por la influencia de sectores oscuros, a través de la inversión financiera, si el proyecto se aprueba en la Cámara de Diputados tal cual, como vino del Senado.

 

Al finalizar los encuentros, el presidente de la comisión, diputado Elías Wessin Chávez explicó que tanto las propuestas de la Junta Central Electoral, como la de FINJUS y Participación Ciudadana serán integradas a una matriz donde serán evaluadas por la comisión para ver la pertinencia de su inclusión en el proyecto.

 

Wessin Chávez informó que las reuniones continuarán este viernes a partir de las 10:00 de la mañana, donde recibirán representantes de otras instituciones vinculadas al tema electoral.

 

 

 

jueves, 27 de octubre de 2022

Presidente Abinader promueve creación de un Ministerio de Justicia

Instruye al Consultor Jurídico a iniciar de inmediato un proceso de intercambio y consultas, para que el proyecto de ley sea presentado al Congreso Nacional el próximo día 27 de febrero.

 

Presidente del Consejo de Directores de FINJUS respalda acciones del Gobierno para hacer más transparente y eficiente la actividad del sector público en el país.

 

SANTO DOMINGO, R. D.- El presidente Luis Abinader anunció este miércoles que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo ha trabajado ya en un proyecto de ley para la creación de un Ministerio de Justicia.

 

El mandatario comunicó, además, que en este momento y ante la ciudadanía instruye al Consultor a iniciar de inmediato un proceso de intercambio y consultas con las entidades académicas, gremios profesionales y empresariales, así como asociaciones ligadas a la práctica jurídica, como la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), para ser presentado al Congreso Nacional el próximo día 27 de febrero.

 

"Nuestra propuesta es que este sea el órgano responsable del manejo de los asuntos administrativos que actualmente implican una carga innecesaria para el Ministerio Público y que lo desenfocan de su rol de dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad", expresó.

 

Informó que instituciones como la Procuraduría General Administrativa, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la gestión de los bienes incautados o el Sistema Penitenciario Nacional, entre otros, pasarían a este Ministerio de Justicia, sin que ello implique un costo adicional en el presupuesto del Estado.

 

"Con ello cumpliremos una de las propuestas de gobierno que presentamos años atrás y que ha sido largamente reclamada por los propios actores del sector", manifestó.

 

Abinader enfatizó que este gobierno tiene claro cual es su modelo para este país y no descansará hasta hacer de República Dominicana un Estado de Derecho con una justicia independiente, unas fuerzas policiales eficaces y democráticas y unos ciudadanos y ciudadanas iguales ante la ley.

 

Dijo que liberar por completo al Ministerio Público de la injerencia política era una de las mayores aspiraciones del pueblo y de él personalmente y "lo hemos conseguido".

 

Ahora, insistió, debemos garantizar que esto se haga irreversible, por eso propusimos una reforma de la Constitución cuyo fin principal es eliminar la discrecionalidad del presidente de la República al designar al titular de este órgano del sistema de justicia y a la mitad de sus adjuntos.

 

Resaltó que se trata de una de las pocas iniciativas de reforma constitucional en toda la historia que pretende disminuir la incidencia del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes, en vez de aumentarla.

 

El presidente Abinader ofreció estas informaciones durante el acto conmemorativo del 32 aniversario de FINJUS, acompañado de su vicepresidente ejecutivo y el presidente del Consejo de Directores, Servio Tulio Castaños y Rafael del Toro Gómez, respectivamente.

 

"No debo dejar de referirme, por la importancia y trascendencia que implica para la institucionalidad del país, al hecho de que el pasado mes de agosto depositamos en el Congreso el proyecto de ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que en caso de ser aprobada, tal como espero, supondrá un hito al garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública", destacó Abinader.

 

Esto además, regulando la organización y el funcionamiento de los tribunales superiores administrativos y tribunales contencioso administrativos de primera instancia consagrados en la Constitución.

 

Esta ley, dijo, regulará todo lo relativo al procedimiento contencioso administrativo, incluyendo objeto, fases, plazos, capacidad y legitimación procesal, representación y defensa de la Administración pública, medidas cautelares, así como lo relativo a la sentencia y su ejecución, entre otras formas de terminación del proceso, y los respectivos recursos habilitados.

 

Una justicia que no se doblegue ante nada ni ante nadie

 

"Como ven, estamos trabajando para fortalecer la independencia de la justicia, que siendo garantista y profesional, que no se doblegue ante nada ni ante nadie", sentenció.

 

El gobernante resaltó que otro de sus compromisos con la República Dominicana es el de legar a las futuras generaciones un país mucho más seguro, en el que se respeten las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, y donde se persiga sin tregua a los delincuentes.

 

Agregó que por ello, con la aprobación en julio de 2016 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, el Estado dominicano quiso dar una respuesta real a la preocupante situación de inseguridad ciudadana con la regulación de un cuerpo armado profesionalizado que sea el máximo garante del orden y de la convivencia ciudadana y con presencia en todo el territorio nacional.

 

"Y no hemos escatimado esfuerzos para conseguirlo. Estamos trabajando desde nuestra llegada al gobierno en la estructuración de un cuerpo de proximidad al ciudadano, que sea respetuoso con los derechos fundamentales y en el que sus miembros entiendan verdaderamente cuál es su papel frente a la ciudadanía", aseguró.

 

Para ello, indicó, dispuso la creación mediante decreto del Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, con una importante representación de los diversos sectores de la sociedad dominicana, como un órgano de carácter consultivo y multidisciplinario para debatir sobre la oportunidad, el alcance de la reforma que ha propuesto, incluyendo la presentación de varias iniciativas en ese sentido.

 

Precisó que el mencionado Grupo de trabajo, presidido por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, presentó su informe final con una serie de conclusiones muy interesantes acerca de la necesaria y urgente transformación de la Policía Nacional.

 


El jefe de Estado explicó que se trata de un informe en el que, de manera general, han sido identificados una serie de problemas que ameritan de una intervención urgente para facilitar cambios fundamentales en términos normativos y procedimentales, con el propósito de fortalecer la institucionalidad y democratización de la Policía Nacional.

 

"Tal como señala el informe, es importantísimo para la institucionalización del cuerpo ahondar en el fortalecimiento de la carrera policial; en la estructuración del régimen de compensaciones; la revisión del carácter de los denominados especialismos; y en la adecuación de los procedimientos disciplinarios a los principios del debido proceso", apuntó.

 

Además, sostuvo, se hace necesario que la veeduría ciudadana esté regulada mediante comisiones independientes y que para el ingreso a las filas de la Policía Nacional se cuente con unos criterios específicos, sin que estos puedan atentar contra ningún derecho fundamental de los dominicanos.

 

De igual forma, dijo, en una Policía moderna la evaluación de desempeño debe ser una herramienta definitoria para otorgar ascensos e incentivos y debe regir de una vez por todas la dignidad humana como principio rector en las actuaciones de los agentes.

 

"Sabemos muy bien que transformar la Policía Nacional es una tarea a mediano y largo plazo. Pero los cambios ya han comenzado y que lo quepa la menor duda al país de que llegaremos hasta el final con esos cambios", afirmó.

 

El presidente Abinader reveló que la debilidad institucional con la que se encontraron al llegar al gobierno es tan profunda que para superarla se requiere de un esfuerzo titánico por parte del Estado y del consenso de todas las fuerzas sociales y políticas nacionales.

 

Paso de gigantes hacia la modernización del país

 

"Cuando concluyamos la transformación de nuestro sistema de Justicia y nuestra Policía Nacional habremos dado un paso de gigantes hacia la modernización de este país. Pero los cambios no son rápidos, ni llegan solos, ni están desprovistos de dificultades, las transformaciones profundas no son nunca fruto de la improvisación", expresó.

 

Aseguró que se ha propuesto transformar de arriba a abajo este país en el plano institucional, afrontando así, los retos que en tal sentido demanda la sociedad dominicana.

 

"Y en nuestro proyecto de reformas estamos tocando dos  asuntos acuciantes, en los que FINJUS y varios de sus miembros han tenido un papel destacado: La reforma de la Justicia y de la Policía Nacional" manifestó.

 

El mandatario destacó que hoy el país cuenta con un ministerio público imparcial e independiente, capaz de enfrentar la corrupción y la criminalidad en todas las circunstancias y frente a cualquier infractor, sin importar su militancia política o su condición económica o social.

 

Señaló que aunque el proceso de reformas que aún está en el curso del diálogo que se ha establecido en el Consejo Económico y Social, la transformación de la Justicia va mucho más allá de una procuraduría independiente.

 

"Su verdadera transformación pasa por el fortalecimiento de su independencia y autonomía y por dotar al Ministerio Público de recursos suficientes y de mejores instrumentos legislativos para que sus incumbentes puedan hacer bien su trabajo", insistió.

 

El jefe de Estado expresó que desde el nacimiento de la democracia, una de las principales preocupaciones que permanentemente han estado presentes en el imaginario del pueblo dominicano, llegando a ocupar los pensamientos de los diferentes actores de la sociedad civil, del entramado empresarial y de la clase política ha sido el fortalecimiento de la institucionalidad del país.

 

Y en ese quehacer, sostuvo, se encuentra desde hace más de tres décadas la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), que surgió con esa preocupación de aportar lo mejor para la construcción de una sociedad democrática y de instituciones fuertes.

 

Aunar esfuerzos para lograr una sociedad más justa y democrática

 

Expuso que FINJUS es el resultado de una visión de la sociedad dominicana que comparte el empresariado socialmente responsable, los juristas y sectores sociales comprometidos con la democracia, quienes, preocupados por la debilidad institucional y la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, decidieron aunar esfuerzos para lograr una sociedad más justa y democrática.

 

"FINJUS ha estado siempre al lado del gobierno en el diseño, presentación y seguimiento de las diversas reformas estructurales que desde que asumí la presidencia nos hemos empeñado en completar, dentro de la agenda más ambiciosa que gobierno alguno haya acometido alguna vez en la República Dominicana", dijo el presidente Abinader. 

 

Respaldan Ley General de Contrataciones Públicas

 

De su lado el presidente del Consejo de Directores de FINJUS, Rafael del Toro Gómez, aseguró que la entidad está comprometida con la adopción de la nueva Ley General de

Contrataciones Públicas, para que sea una herramienta adecuada para prevenir, investigar y sancionar a quienes de manera sistemática han defraudado al Estado y al pueblo, enriqueciéndose con los fondos públicos.

 

"Esta ley es urgente, porque su ausencia afecta el desarrollo económico, desarticula el clima de inversión del país y debillta la seguridad jurídica", alertó.

 

Además, expuso que un reto significativo que enfrenta el país es la implementación de la Ley de extinción de dominio y que tras su aprobación y promulgación, el gran desafío es garantizar la correcta aplicación de esta nueva normativa, alta particularidad, complejidad y relevancia social, económica y jurídica, lo que implica un gran esfuerzo de coordinación, actualización y adecuación entre los operadores y las instituciones públicas respectivas.

 

"Somos conscientes del gran compromiso que el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional mostraron para que fuera aprobada y promulgada y estamos seguros de que esa misma disposición será manifestada para que esta ley se aplique correctamente y con el rigor que demanda la sociedad" manifestó.

 

Expresó su apoyo a todos los pasos que se han adelantado últimamente para hacer más transparente y eficiente la actividad del sector público en el país y aplaudió las iniciativas que ha encaminado el Gobierno para establecer las alianzas por la democracia y el desarrollo con países de la región y a nivel global, como los que se desprenden de la Cumbre por la Democracia, realizada a fines del 2021 y que se reunirá en los próximos

meses.

 

"Nos preocupa de manera especial la dramática situación que vive el vecino Haití, sumergido en una crisis política, social y humanitaria con ribetes de catástrofe, y valoramos los esfuerzos que el gobierno realiza para propiciar una solución en el marco del derecho internacional, que garantice los derechos fundamentales de sus habitantes a tener una vida digna, un sistema de gobierno basado en la democracia y el desarrollo de una economía próspera y sostenible" indicó.

 

En tanto que, el vicepresidente Ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños, sostuvo que le entidad se ha comprometido con el afianzamiento de la democracia y agradeció profundamente la asistencia del presidente Abinader en este día memorable.

 

“Como primer mandatario el licenciado Abinader viene realizando una importantísima labor de ejercicio del Poder Ejecutivo y estamos seguros que con la experiencia de estos dos últimos años su perspectiva de la institucionalidad se ha enriquecido y adquirir nuevos matices que deben ser conocidos por la sociedad", destacó Castaños Guzmán.

 

Asistieron al acto, el presidente del Senado, Eduardo Estrella; los ministros de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; de la Presidencia, Joel Santos; de Industria Comercio y Mipymes, Víctor -Ito-Bisonó; de Interior y Policía, Jesús Vázquez; la Procuradora General de la República, Mirian Germán; los presidentes del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara y de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez.

 

Además,el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta; la directora general de Erica e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then.

 

También, los miembros del Consejo de Directores de Finjus Elena Viyella de Paliza, primer vicepresidente; Rafael Ernesto Izquierdo, segundo vicepresidente; Anyarlene Bergés, secretaria; Yudith Castillo, vicesecretaria; Gustavo Ariza, tesorero y Julio Llibre, vicetesorero.