SANTO DOMINGO, R. D.- El proceso de
transformación de los gobiernos locales forma parte de una política de Estado
en la República de Ecuador, donde la desconcentración y la descentralización de
la Administración Pública han contribuido a fortalecer la gobernanza y la
autonomía local y territorial en esa nación sudamericana, según explica Gustavo
Bedón, viceministro de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
–SENPLADES- del gobierno ecuatoriano.
Durante su exposición en la jornada
inaugural del seminario internacional Municipios y Gobernanza: diálogo y
concertación para políticas municipales inclusivas, organizado por la
Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y el Consorcio de organizaciones
sociales Ciudadanía Activa, Bedón explicó cómo se han desarrollado de forma
paralela las estrategias de
descentralización y desconcentración en Ecuador, donde, tanto el gobierno
central, como los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) ejecutan políticas
rectoras en sus diferentes niveles, con competencias exclusivas
estratégicamente separadas, y en las que al gobierno central se preservan los
proyectos de interés nacional.
Con respecto a los recursos financieros que
reciben, los ingresos de los gobierno autónomos descentralizados parten de las
transferencias que reciben, los ingresos propios, que incluyen los tributarios,
con el cobro de impuestos como el predial y tasas, y los no tributarios, por
venta de bienes y servicios, la renta de inversiones y multas, entre otros, y
también los empréstitos, que son fuentes adicionales de ingresos, a través de
la captación del ahorro interno o externo, para financiar prioritariamente
proyectos de inversión.
De acuerdo con el viceministro de SENPLADES
llevar a cabo los procesos de descentralización y desconcentración de la
Administración Pública ha permitido optimizar los recursos públicos, coordinar
la gestión intersectorial a nivel local, territorializar la intervención e
inversión pública e implementar la microplanificación y organización con
enfoque territorial. Con ello se ha mejorado la prestación de servicios
públicos garantizando el acceso y la calidad de éstos para todos los ciudadanos
y ciudadanas por igual, independientemente del territorio en el que habitan.
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