Por Reynaldo Peguero
El
lema de campaña electoral del señor Presidente Danilo Medina fue “Lo que nunca se hizo” frase que
traducida al ordenamiento territorial debería tener significativas
implicaciones para esta isla. La actual división geográfica-política de la
República Dominicana es un verdadero caos. 228 distritos municipales, 158
municipios, 31 provincias y un Distrito Nacional. En ellos reside una población
al 2010 de 9,378, 819 habitantes que se distribuyen en apenas 48,442 km
cuadrados. El aumento promedio de
unidades administrativas ha sido superior al 50% desde que
la ley 5220 del 21 de septiembre de 1959 dividió el país en 23
provincias y un Distrito Nacional, 87 municipios y 545 secciones.
Peor
aún, ahora en este año 2015, varios políticos clientelares quieren crear dos
nuevas provincias en Santo Domingo y dividir caóticamente el municipio más
municipio de la República: Santiago.
Se
han hecho varios intentos de regionalización, teniendo los diversos ministerios
y hasta algunas direcciones generales del Estado dominicano, una
regionalización contradictoria con otros organismos homólogos dela
nación. El Ministerio de
Planificación (MEPyD) por fin ha culminado una nueva
regionalización que todavía no se aplica.
La
nación se ha urbanizado aceleradamente en los últimos 30 años, casi el 70% de
las personas viven en las ciudades, y aunque se conoce que el destino del
cambio climático se va a ganar o perder en las ciudades, sólo uno de los 158 municipios:
Santiago, ha avanzado una propuesta de ordenamiento territorial. El
país transcurre su agitado curso, sin todavía tener aprobada una Ley de
Ordenamiento Territorial y se registran muy pocas ordenanzas municipales al
respecto.
La
malla o trama viaria nacional además de desordenada e inequitativa, está
dirigida a generar tránsito y
transporte de Santiago y la Región Norte a Santo Domingo, sea de carga o
pasajeros. Este es el origen y destino más importante de la isla. Las vías
urbanas e interurbanas de las 14 provincias del Cibao están dirigidas a Santo
Domingo para recolectar el volumen producción cibaeño y depositarlo en grandes
almacenes y centros de la capital de la República. El resultado es anárquico: 35% de la población de la isla reside en Santo
Domingo, y el 65% restante en otras 30 provincias.
La vialidad nacional favorece económicamente a sectores del capital privado
de Santo Domingo con poder fáctico e influencia. Grupos que no están conformes
de que el Cibao haga sus exportaciones
productivas por la costa norte de la isla y para mantener sus
injustos beneficios históricos, pretenden garantizar la permanencia del
ordenamiento territorial caótico de las ventas al exterior concentrando todos
los puertos en la costa sur de la isla. Los principales países y ciudades del
mundo receptoras de los productos y viajeros nacionales, se encuentran al norte
de la isla La Hispaniola.
En
consecuencia, no puede haber Mecanismos
de Desarrollo Limpio (MDL), ni cumplimiento de las convenciones de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático como reza el programa de gobierno del
Señor Presidente Medina, porque bajo este crecimiento urbano, se estima que la
provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, acumularán en 10 años más del
70% del parque vehicular nacional, o sea más de 1 millón, 800 mil vehículos de
motor generando monóxido de
carbono a diestra y siniestra. A todo este desarrollo desigual se
suma el hecho riesgoso para las costas y ríos de Santo Domingo que menos del 15% del agua residual de los
capitaleños se trata con mecanismos limpios.
Los
dominicanos van en masa a residir a Santo Domingo, a buscar empleos “no dignos”
y a recibir el peor servicio de
agua potable y saneamiento del país. Residen allá a pesar de que
escasamente le recogen la basura y que en pleno Siglo XXI, las autoridades de
Santo Domingo no han podido desarrollar un relleno sanitario mancomunado, lanzando todos sus residuos sólidos a cielo
abierto. Santo Domingo es la provincia más contaminante del suelo,
subsuelo y la atmósfera de la isla generando un estimado más de 2.7 toneladas
per cápita de gases de efecto invernadero (GEI).
Destaca
además que teniendo la Región Norte y Santiago el mayor nivel de vulnerabilidad
a los sismos y acumulando condiciones territoriales adversas que precipitan
inundaciones, deslizamientos y otros riesgos antrópicos, tienen el menor nivel de inversión pública en
gestión de riesgos. No puede haber ordenamiento territorial en esta
media isla, si la Región Norte y Santiago no encabezan el país en urgentes
inversiones en riesgo y en la gestión integral de sus cuencas hidrográficas. En
conclusión, “lo que nunca se hizo” en materia de ordenamiento territorial, se
podrá realizar sí y sólo sí, desconcentramos el modelo de crecimiento urbano
nacional, si asumimos entre todos, una verdadera alianza estratégica, del gobierno nacional y
ayuntamientos para desarrollar un crecimiento urbano ordenado fundamento en la
ley. En la otra seguimos.
Por Reynaldo Peguero
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Esperamos que su comentario contribuya al desarrollo de los gobiernos locales .