Por JUAN T H
Ellos
hacen las leyes, pero no para ellos. Para “los otros…”
La
Constitución del 2010 fue hecha a imagen y semejanza de Leonel Fernández, para
lo cual contó con el apoyo de senadores, diputados y algunos socios entre los
que se destacó Miguel Vargas.
Aprobada
la Carta Magna procedieron a “elegir” a los jueces de las “Altas Cortes”,
integradas al final (en verdad fue un asalto) por socios, relacionados,
militantes o simpatizantes del PLD para legitimaruna
dictadura constitucionalizada, y de paso un blindaje jurídico, lo cual le
permitiría mantener la Corporación PLD en el poder indefinidamente y lograr un
salva conducto para los corruptos.
Ningún
juez que les deba el cargo a Leonel Fernández y a Félix Bautista, entre otros, emitirá una
sentencia definitiva en su contra. A menos, me dicen, la embajada de Estados Unidos
subrepticiamente meta su mano amenazando con quitarles la vida por defensores
de la corrupción.
Para
los políticos poderosos el “debido proceso” debe ser cumplido al pie de la
letra, con punto y coma. Los incidentes procesales para retardar las
audiencias, son inagotables.
He
dicho una y mil veces: “Todo aquel que entra al Estado pobre, y sale rico, es
un ladrón”, no importa que cargo haya ocupado. El Estado no puede ser un botín de guerra de piratas y
filibusteros, ni de mercenarios atrincherados en los partidos políticos.
Con
un salario de 57 mil pasos nadie, por brillante que sea en el manejo de los
fondos, puede terminar rico cuando sale del cargo público. Quien declara 500 mil pesos como patrimonio, luego 16
millones al ser “electo” senador, no puede,
dos o tres años después presentarse como uno de los hombres más ricos y poderosos del
Caribe y Centroamérica. Ni mago que fuera. Además, el pago de impuesto tampoco
refleja esa fortuna. Hablamos de evasión
fiscal, otro delito grave que, por
razones que ignoro, pocos comentan. (Que hable Guarocuya Félix)
El
juicio contra Félix Bautista no tan difícil, ni tan complejo, según mi humilde
parecer. El Ministerio Público no entiendo por qué se enreda en discusiones
procesales estériles. La Constitución de Leonel y del propio Bautista, habla
por sí misma. Veamos:
“Artículo
146.- Proscripción de la corrupción. Se condena toda forma de corrupción en los
órganos del Estado. En consecuencia: 1) Será sancionada con las penas que la
ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose
de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus
dependencias o instituciones autónomas obtenga para sí o para terceros provecho
económicos;
2) De
igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus
asociados, familiares, allegados, amigos y relacionados; 3) Es obligatoria, de
acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y
los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de
sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento
de autoridad competente; 4) A las personas condenadas por delitos de corrupción
les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones privativas por las leyes,
la pena de degradación cívica, y se les
exigirá la restitución de lo apropiado
de manera ilícita”.
Como
puede verse, no es el Ministerio Público
tiene un caso fácil. Y los jueces también. Ambos solo tienen que
recurrir a lo que dice, de manera taxativa, la Constitución de la República. Es
Félix Bautista que está en la obligación de probar la procedencia y la
idoneidad de su inmensa fortuna obtenida desde un cargo de 57 mil pesos
mensuales.
Si el
Sistema Judicial fuera libre, soberano, independiente, integrado por verdaderos
jueces y fiscales, las cárceles estarían llenas de políticos corruptos, no de
pobres infelices, víctimas, en última instancia, del robo de los recursos del
Estado.
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