Más Recursos: Ética, jurídica y técnicamente mal fundamentados

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Por Isaac Terrero y Julio Alejo

Desde el 2005 a la fecha, con excepción de los año 2012 y 2013 (años en los que se produjo un aumento de dos mil millones en total a favor de los gobiernos locales), los directores ejecutivos de las entidades asociativas municipales, especialmente el de Fedomu, han acostumbrado a esta sociedad a ser espectadora de un reclamo, que a nuestro entender, ética, jurídica y técnicamente ha sido mal fundamentado. Se trata del conocido grito de “más recursos para los ayuntamientos”, tema con el cual nosotros estamos de acuerdo. Ahora bien, pasemos a explicar cómo debería estar fundamentado ese reclamo.

¿Qué establece la Constitución de la República sobre la transferencia de competencias y recursos a las municipalidades? La carta magna instituye que el Estado debe propiciar la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales, de conformidad con la Constitución y la ley. La implementación de esas transferencias estaría condicionada a la existencia de políticas de desarrollo institucional, capacitación y profesionalización de los recursos humanos.

Como si fuera poco, la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios establece en su titulo noveno, capitulo primero sobre planificación municipal la formulación de Planes Municipales de Desarrollo a los fines de: “Lograr una utilización e inversión adecuada de los recursos municipales…, bridar una oportuna y eficiente atención a las necesidades básicas de la comunidad y lograr un ordenamiento racional e integral del territorio.”

De igual manera, se contempla la coinversión en iniciativas relevantes para el ayuntamiento con el Gobierno Central, sobre la base del Plan Municipal de Desarrollo y las metodologías establecidas por la entidad competente con el tema, que en este caso es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Dichas iniciativas deben incorporarse a los planes de inversión pública multianual y anual del Gobierno Central, al propio tiempo que deben ser integradas al Presupuesto General del Estado de cada año.

La Ley municipal es muy clara al establecer la planificación como variable central de la gestión municipal, de la cual dependen las demás áreas, sobre todo la financiera. Eso lo tienen muy claro los directores ejecutivos de las instituciones del asociativismo municipal como conocedores de la ley que son, a quienes no les luce alegar ignorancia.

¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Que los alcaldes, regidores, directores de distritos y vocales han sido tomados en su buena fe, aprovechando la situación de calamidad por la que atraviesan en sus respectivos gobiernos locales, dado la limitación de recursos económicos que padecen, para unos actores bien identificados y mal intencionados beneficiarse política y económicamente de esa causa durante un largo tiempo (casi diez años), puesto que se creen dueños de esas instituciones.

De conformidad con la END 2030 y la propia legislación municipal, las prioridades de los municipios y distritos municipales en términos de inversión deben ser incorporadas al Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) en cada periodo correspondiente, sin embargo, como al momento de formularse el actual PNPSP 2013-2016  los gobiernos locales, en su gran mayoría, carecían de planes de desarrollo, el gobierno central no tuvo elementos para consignar inversiones priorizadas por las territorialidades. La gran verdad es, que los directores ejecutivos de las instituciones del asociativismo municipal fueron incapaces de llevar a cabo acciones tendentes a integrar la municipalidad al nuevo Sistema de Planificación e Inversión Pública, que es la única forma mediante la cual se pueden aumentar las transferencias a los gobiernos locales.

La excepción en toda esta crónica ha sido la Región Enriquillo, y muy específicamente, la provincia Barahona, en donde Asomure con apoyo de la Fundación Demuca, con recursos mínimos está brindando asistencia técnica en la formulación de los planes de desarrollo, los municipios y distritos municipales, cohesionados en el escenario provincial y regional estén en condiciones de incrementar sus ingresos a partir del año próximo, no solo por concepto de transferencias intergubernamentales, sino, también, por gestión propia. Experiencia ésta, que debería ser acopiada y replicada en todo el territorio nacional con los recursos que reciben las entidades asociativas de la municipalidad, pero como se sabe que esa no es la intensión, las autoridades municipales no deben esperar eso. Y, de seguir ciertos actores gravitando en el sistema asociativo de la municipalidad, el próximo año nos encaminaríamos al mismo espectáculo que ya se ha hecho costumbre como decía una presentadora de televisión, que “esos funcionarios solo salen a reclamar más recursos”.

Si existiese voluntad real de que los gobiernos locales incrementen sus ingresos, el primer paso que debieron haber agotado los directores ejecutivos de Fedomu y Fedodim era bridar la asistencia técnica necesaria para que hoy el total de municipios y distritos municipales contasen con sus planes de desarrollo. Y, no pueden alegar que ha sido por falta de recursos, ya que casi 500 millones que ha recibido Fedomu en los últimos tres años son más que suficientes para haber dotado a la fecha a todas las municipalidades de planes de desarrollo concertados con los sectores económicos, sociales y políticos de los territorios, actuación que empoderaría a las territorialidades de la causa, agregándole valor a la misma, tal como se hizo con la lucha del 4% para la educación. Pero, está claro como sol de mediodía que eso no es lo que se quiere.

Este año, el reclamo tiene un matiz muy especial. Como el director ejecutivo de Fedomu tiene conocimiento de que en las próximas semanas será sustituido y la estrategia que ha utilizado ha sido infructuosa, el hecho de que el Poder Ejecutivo con razones justificadas o no, haya obviado a la municipalidad para ser incluida en un aumento directo de recursos económicos, le ha dado la oportunidad de usarlo como subterfugio y ha sorprendido en su buena fe, como lo ha hecho en otras ocasiones, a los presidentes de las instituciones del asociativismo municipal, todos del PLD, para que pongan el pecho frente a su propio gobierno en un proceso extemporáneo y carente de fundamentación técnica y jurídica, ya que tanto la Constitución de la República como la Ley 1-12 de END 2030 establecen que las inversiones de los recursos públicos deberán hacerse de conformidad con la planificación del Estado, incluyendo los Planes Municipales de Desarrollo.

Es legitima la sospecha de que de lo que se trata, es de crear una crisis política, matizada por un enfrentamiento entre los gobiernos locales y el gobierno central, para con ello tratar de mantenerse en la posición o en su defecto, destruir el instrumento asociativo, cuestión con la que las autoridades municipales e institucionales de Fedomu deberían tener sumo cuidado como lo han hecho los líderes políticos nacionales.