Las reformas municipales, una Tercera Vía

(26/40)

Por Isaac Terrero y Julio Alejo

Se están dando las condiciones políticas, sociales y económicas para que antes de finalizar el presente año se inicie una reforma de la ley municipal, la cual debe tocar aspectos de fondo. En ese sentido, la indicada propuesta de reforma deberá abordar la elevación a la categoría de municipios de aquellos distritos municipales, que conforme al censo del 2010 y sus proyecciones, alcancen una población de acuerdo a los criterios legalmente establecidos y algunos otros criterios técnicos que pudieran barajarse, hecho que indudablemente repercutiría en el futuro del asociativismo municipal dominicano de manera positiva.

Casi todas las reflexiones, salvo algunas excepciones, en torno al tema coinciden en que la transformación de la administración local no debe hacerse a la carrera, tomando en cuenta que estamos en medio de un proceso eleccionario del asociativismo municipal dominicano.

Y precisamente, lo pertinente sería iniciar la reforma de manera escalonada y gradual, de forma tal, que no entre en conflictos con escenarios coyunturales que pudieran permear negativamente el bien intencionado esfuerzo y que actores interesados, con reputaciones bien ganadas de ser buenos pescadores en rio revueltos  pudieran hacer uso del mismo para sacar provecho político.

De lo que se trata es, de abordar una primera etapa del amplio y profundo proceso de transformación al que debe ser sometida la municipalidad. Ese primer momento debe estar encaminado a resolver dos cuestiones fundamentales; la categorización de municipios y distritos municipales y la transformación del asociativismo municipal como plataforma y palanca de fuerza para llevar a cabo las demás alternativas transformadoras.

Ahora bien, como de lo que se está hablando es de temas de fondo, la respuesta a la situación de ambivalencia en la que se encuentra la categorización de municipios y distritos municipales, de manera particular, debe resolver en este primer momento, la distribución de los fondos de las municipalidades. La reforma, en tanto afecte lo relacionado con la elevación o degradación de categorías municipales debe irse trabajando, pero para que entre en vigencia a partir del 2016, de manera que sean garantizados derechos adquiridos en las pasadas elecciones municipales del 2010.

En lo que tiene que ver con el segundo aspecto a resolver, que es la transformación del asociativismo, la reforma debe plasmarse con conciencia de lo que ese mecanismo significa para las aspiraciones de reformar la municipalidad, ya que sin reforma del asociativismo no hay reformas municipal que pueda producir los cambios requeridos. En ese sentido, el nuevo asociativismo debe aspirar a convertirse en un espacio único para la reflexión, análisis y abordaje de los grandes temas municipales, con una visión integradora de las diferentes instancias y autoridades locales, así como sus demandas en términos técnicos, políticos y sociales.

Para que esto sea posible, las direcciones ejecutivas de las entidades asociativas de la municipalidad, principalmente la de Fedomu que es la más poderosa de todas, deben mostrarse en actitud de colaboración, deponiendo intereses particulares y personales que pudieran poner en peligro el presente y futuro inmediato de tan importante mecanismo asociativo. Por amor a la municipalidad y al asociativismo municipal, si es necesario poner a disposición de la referida reforma sus cargos, deberían hacerlo con el mayor de los entusiasmos, como gesto de desprendimiento, para salvar un espacio que les ha permitido protagonizar tantos momentos de gloria en términos políticos.

Deberían deponer de la aplicación de estrategias invertidas, que se proponen la desarticulación del asociativismo municipal en caso de que ciertos actores no ocupen determinados espacios ejecutivos. ¡Y, la municipalidad se los va a agradecer!