SANTO DOMINGO, R. D.- La Fundación Justicia
y Transparencia (FJT), calificó como abusiva, ilegal y arbitraria las
intenciones de la Dirección General de Aduanas (DGA), de cobrar a partir del
próximo 15 de agosto impuestos a las operaciones de compra y venta menores de
200 dólares generadas por la vía del internet, violando con ello varias
disposiciones legales, entre la que citamos el Decreto 402-05 de fecha 26 de
julio de 2005, la Ley 277-12 y la Ley 358-05, sobre derechos del consumidor o
usuario y de concretarse el referido cobro también violaría la propia
Constitución de la República.
La FJT destacó que
la Dirección General de Aduanas (DGA) no tiene autoridad ni facultad legal para
desconocer Decretos del Poder Ejecutivo, ni para crear impuestos o imponer
derechos gravables a mercancías exentas de acuerdo a normas vigentes desde el
2005.
Trajano Potentini, Presidente de la entidad,
al ofrecer las declaraciones reivindicó las facultades constitucionales del
Presidente de la República para reglamentar aspectos derivados de acuerdos y
tratados internacionales, no contemplados en el arancel ni en normas que datan
de la década de 1980 y más aún, por situaciones sobrevenidas del influjo y
avance de la tecnología, llámese el comercio electrónico generado en tiempos
muy recientes y por demás ajeno a la antigua fecha de creación de las leyes de aduana de la República
Dominicana.
Potentini anunció para el próximo lunes a las
diez de la mañana (10:00 a.m.) el sometimiento de un Amparo Preventivo, por
ante el Tribunal Superior Administrativo, en contra de la Dirección General de
Aduanas por el arbitrario e irracional anuncio de cobrar impuestos por
conceptos exentos, de conformidad con la ley, en perjuicio de las grandes
mayorías del pueblo dominicano, especialmente la clase media, que carga sobre
sus hombros el pago de prácticamente todos los impuestos nacionales.
Por si las infracciones constitucionales y
legales no fueran suficientes, también de manera aviesa se infringe la norma
suprema creando o pretendiendo crear impuestos, lo que es atribución exclusiva
del Congreso Nacional de acuerdo al Art. 93, numeral 1 letra a) de la Carta
Magna, y conculca el derecho fundamental de los consumidores o usuarios, creado
por el Art. 53 del mismo texto.
Además de la Constitución de la República y
otras normas, la decisión de la DGA violenta el Tratado de Libre Comercio
“DR-CAFTA”, que en su capítulo 11.13.1 letra d), crea entre diferentes
“Compromisos Específicos”, el que ninguna de las partes, ni de Centroamérica ni
de República Dominicana "adoptará o mantendrá ninguna restricción a los
servicios de envío urgente que no se encuentre vigente en la fecha de
suscripción de este Tratado".
Dijo asimismo que de acuerdo al Tribunal Constitucional “La
potestad de imperio que tiene el Estado para fijar el pago de los tributos
tiene como limitante que la misma debe realizarse dentro de los más estrictos
niveles de juridicidad, es decir, deben ser fijados en virtud de los criterios
y parámetros establecidos por la Constitución y las leyes. En el caso,
según la FJT, se trataría de un impuesto creado en contra de lo dispuesto por
el Art. 93 numeral 1 de la Constitución.
De acuerdo a las declaraciones de la FJT,
sería competencia desleal la desatada por sectores empresariales que se oponen
a las compras por Internet, solamente para preservar su capacidad de fijación
de precios, lo que les permite, “imponer precios exorbitantes a los artículos
que importan, muchos de los cuales evaden el pago de los impuestos que
pretenden hacer cobrar a otros”.
Resaltó Potentini, a nombre de la FJT, que
“además de la violación de la ley y de tratados internacionales, la pretensión
de la DGA es verdaderamente abusiva, pretendiendo que se pague un 50% adicional
por concepto de 20% de arancel, 18% de ITEBIS y 12% de Impuesto Selectivo al
Consumo, un aumento tan exorbitante que representaría no solamente una merma
decisiva en los ingresos de las empresas que trabajan en el sector, sino que
provocaría el despido de parte de su personal, o incluso la quiebra”.
La entidad de la sociedad civil lamentó que la
situación creada por Aduanas sea producto de la inexperiencia de su Director,
un distinguido profesional de la Física (como bien confirmara él en
intervenciones radiales) cuya preparación y conocimientos, no obstante, no
cumplen las exigencias de la Ley de Aduanas a la hora de su nombramiento,
porque la norma exige una experiencia de por lo menos 10 años ligado a
actividades relacionadas con el sector.
Potentini recordó las expresiones del Sr.
Presidente de la Republica, Lic. Danilo Medina, quien en su comunicación al
Congreso Nacional en 2012, cuando se quiso aprobar la Ley de Reforma Fiscal de
ese año para incluir el cobro de impuestos a las ventas por Internet, afirmó: "Esto
vulnera un derecho adquirido por la población Dominicana".
Finalmente, la FJT llama al pueblo a resistir
de manera pacífica y cívica las desorbitadas pretensiones de la DGA, obligando
a que la Administración pública se someta al Derecho y a la institucionalidad.
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