Jueces políticos

Por  JUAN T H

La corrupción del PLD le gusta al país más que lo invertido en salud pública, menos del dos por ciento del Producto Interno Bruto mientras que el robo del dinero del Estado supera el 3 por ciento. Algunos expertos internacionales dicen que está entre un 4 y un 5 % del PIB.

Para mantener el saqueo de los fondos públicos sin consecuencias penales, la Corporación Económica PLD, respaldado por un grupo de traidores encabezado por Miguel Vargas, hizo una Constitución a su medida y formó una claque jurídica para que protegiera a sus miembros.

Es por esa razón que los jueces no son jueces, son políticos. Y actúan como tales.

El Ministerio Público, igualmente, está integrado por dirigentes políticos. Y actúan  como políticos, que como fiscales.

El PLD, convertido en una Compañía por Acciones, con un ConsejoSuperior al que eufemísticamente llaman Comité Político, es quién toma todas las decisiones en los poderes del Estado, incluyendo los poderes fácticos.

Es ese Comité Político quién dicta las sentencias en las Altas Cortes. Es ese “Soviet Supremo” quién determina quién es sometido a la justicia y quién va preso, que nunca será uno de ellos.

Ningún socio importante de la Corporación PLD por más pruebas que haya en su contra, irá a la cárcel. Es por eso  que Danilo Medina era –y sigue siendo- “el  cambio seguro” como tantas veces lo prometido en la campaña electoral. Tan “seguro” ha sido el “cambio”,  como una póliza de vida en la banca comercial.

Tan “seguro” ha sido el “cambio” que el Ministerio Público no ha investigado las fortunas de los funcionarios entrantes y salientes como lo ordena la Constitución que invierte el fardo de la prueba y los obliga a probar el origen de sus bienes, pues de lo contrario puede terminar en las cárcel y sus propiedades incautadas.

Jueces políticos, fiscales políticos, policías y militares políticos. Todos asalariados del “Soviet Supremo” Comité Políticos del PLD.

El Tribunal Superior Electoral está compuesto por políticos sujetos a lo que digan los empresarios políticos del “Soviet Supremo” del PLD. Todas sus sentencias y resoluciones emanan de esa entidad. Por eso Miguel Vargas se defecó (se cagó) en ese tribunal; en la Constitución y las leyes durante la “Convención” del PRD minoritario. Mientras el PLD esté respaldando a  ese sujeto, no habrá ganancia de causa para sus opositores.

La Junta Central Electoral igualmente está en manos del “Soviet Supremo” (nada peor que un comunista arrepentido)

El dueño de la JCE habló sobre el desastre de la Convención de su amigo Miguel Vargas. Y lo hizo como  miembro prominente del Comité Central del PLD con aspiraciones a integrar algún día el “Soviet Supremo”. Dijo no sorprenderle la violencia y el caos que se generó en todos los centros de votación.

Claro que no podía sorprenderle cuando él fue, de algún modo, propiciador del caos y la violencia. Todo cuanto ocurrió en el PRD minoritario es culpa de la JCE y del TSE que dirige el “Soviet Supremo” del PLD.

La Constitución obliga a la JCE, artículo 212, párrafo cuatro, a supervisar los comicios de los partidos. “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento…”

Sin embargo, pese a que el juez Eddy Olivares ha presentado dos proyectos de reglamentación de las campañas electorales, como lo señala la Constitución y la propia ley electoral, el presidente de la JCE, con su mayoría mecánica, se opuso en una reunión  del pleno.

Los traidores del PRD minoritario actuaron violentamente negando el derecho constitucional de “elegir y ser elegido” de todos los ciudadanos; el traidor Mayor hizo lo que le dio la gana con el respaldo del TSE, la JCE, la Policía y el presidente Danilo Medina, el presidente y secretario general del PLD, dueños y amos de este  país de mierda, conde la Constitución y las leyes solo tienen valor si es del interés del Comité Político o Soviet Supremo.