Políticas públicas de gestión local versus el pacto por la municipalidad

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Por Isaac Terrero y Julio Alejo

Anteriormente, habíamos analizado las incidencias de la feria Expo Municipios y para concluir con esa labor quedaba pendiente profundizar en los gastos incurridos en dicha actividad, con especial atención en los recursos públicos, y si de ser posible, los de la cooperación internacional, sin embargo, hasta el momento que se produce el presente artículo se desconoce el gasto.

Hemos indagado en la página web de Fedomu y no hemos encontrado información al respecto, ni antes, ni durante, ni después del evento, más allá de la publicación del algunos concursos referente al tema. Es por ello, que hemos decidido abordar el orden temático de esta serie artículos, quedando pendiente este análisis.

La realidad es que previo a la promulgación de la Ley No. 166-03 y la 176-07, que sustituyó la Ley No. 3455 de Organización Municipal, los ayuntamientos con mucho menos recursos que ahora, ejercían las mismas competencias que ejercen en la actualidad, en la práctica, no obstante dichas competencias eran ejercidas con más altos niveles de calidad que en los tiempos actuales, hasta el punto, que las autoridades locales eran consideradas referentes morales y de gestión por toda la sociedad, y no existía el asociativismo municipal.

Lejos está el día en el que los actores fundamentales del asociativismo municipal dominicano que cuentan  con recursos del Estado para hacerlo, se detengan a reflexionar sobre cuál debe ser la orientación general de políticas públicas locales que deben tomar como guía para mejorar la gestión de los servicios públicos locales, básicamente de los esenciales, Bomberos, Cementerios, Mataderos, Mercados y recolección y disposición final de residuos sólidos.

Veamos. En la segunda década del siglo XXI los gobiernos locales de la República Dominicana, no cuentan con un documento que contenga los lineamientos de políticas públicas de manejos de crisis en los cuerpos de bomberos de los distintos municipios y distritos municipales, de ahí que cualquier conato de incendio que puede ser sofocado con gran facilidad termina dejando a varias familias sin techo y consecuentemente presentando los tristes espectáculos en televisión implorando por ayuda, sin embargo la autoridad pública competente no asume su rol. Frente a esta situación de inseguridad pública, mal haría el Gobierno Central, si no toma carta directa en el asunto, y la decisión del Poder Ejecutivo de asumir los cuerpos de bomberos en todo el territorio nacional, contrario a quienes consideran que es una violación a la autonomía municipal, viene a suplir la falta de formulación y aplicación de unos lineamientos generales de políticas públicas para la gestión de este servicio municipal básico.

El tema de los Cementerios es de lo más aberrante y cuestionable, ya que este servicio público de competencia exclusiva de los gobiernos locales se encuentra en total abandono. Generalmente, las autoridades locales aducen que este servicios carece de rentabilidad, sin embargo, el sector privado ha demostrado lo contrario, puesto que los servicios privados son de excelente calidad, con una experiencia acumulad en el país de poco más de diez años exhiben estándares de calidad comparado con cualquier país desarrollado y una amplia cartera de usuarios. Está claro, que el sector privado con políticas de prestación de servicios y de salubridad ha explotado y seguirá explotando este servicio, debido a la deficiencia de la gestión local en términos de políticas.

Al igual que los cementerios, los mataderos municipales son una vergüenza nacional, puesto que los gobiernos locales que alcanzan a prestar el servicio, lo hacen con unos niveles de precariedad, que más allá de perjudicar los derechos de los consumidores y los productores, atentan contra la salud pública colectiva, ya que los mecanismos de sacrificio y tratamiento de las carnes que consume la ciudadanía se corresponden con métodos del siglo XVI, ni siquiera cuentan con infraestructuras adecuadas y el personal mínimamente entrenado para tales fines, y no hablemos de tecnología. Sobre las precariedades de este servicio municipal, se pudieran escribir otra serie de artículos más amplia que la actual. Lo que produce pesar, es que al igual que los demás servicios, se repite la carencia de orientaciones generales de gestión de dicho servicio. Más preocupación produce, porque el empresariado ha demostrado hacerlo con eficiencia y calidad y hasta compiten a nivel internacional los mataderos privados.

Pensar en los mercados municipales aumenta la depresión, puesto ni siquiera el Distrito Nacional presta estos servicios con estándares medios de calidad. Estos servicios, también ponen en riesgo la salud pública, puesto que los alimentos que consume la ciudadanía que se comercializan en los mercados municipales no son tratados con el debido cuidado. Fruto de esta calamidad, el pasado año, toda la familia municipalista quedó sorprendida cuando el Congreso Nacional, por medio de la Ley de Mercadom arrebató a los gobiernos locales la competencia de gestionar los servicios de mercados públicos de las grandes ciudades, dejándolos como miembros de los consejos de administración, y otorgándoles dichas competencias al Ministerio de Agricultura, quien preside dichas estructuras, lo que demuestra una vez más que frente al deficiente servicio que prestan los ayuntamientos, el cual no puede competir con el sector privado, el Gobierno Central debió intervenir.

Del caso de los residuos sólidos ni hablar, los ayuntamientos de la región Ozama, que manejan más del 60% de los recursos que transfiere el Gobierno Central a la administración local y son los que más recaudaciones locales exhiben, no pasan seis meses sin que se produzca una crisis por el manejo del “Vertedero” de Duquesa, solo hay que visitar ese espacio para percatarse del foco de contaminación ambiental que esto representa, y del servicio de recolección no se puede ni hacer mención, ya que uno puede terminar en un coma psicológico si profundiza un poco en ese aspecto. Es de conocimiento generalizado, que muchas empresas privadas no confían ese servicio a los gobiernos locales y por el contrario cuentan con su propio servicio o lo contratan a nivel privado.

Hace poco menos de dos años, en la campaña pasada de Fedomu para elegir sus autoridades actuales, Juan de los Santos colocó en la agenda de la opinión pública como tema de campaña, la firma de un Pacto por la Municipalidad, entre el asociativismo municipal y el Poder Ejecutivo, hace aproximadamente un año se cuenta con un borrador de este documento. La idea con la firma del pacto, es que el mismo venga a suplir todas las deficiencias de la administración local en materia de gestión de los servicios municipales básicos que son responsabilidad de los gobiernos locales, y que se les transfieran otras competencias e impuestos de “vocación municipal”. Han cifrado todas sus esperanzas en la rúbrica de ese documento, como si ese fuera el fin, cuando es de conocimiento generalizado que este hecho por sí solo no resolvería absolutamente nada.

Lo inteligente seria, que el asociativismo municipal dominicano se aboque a la formulación de unos lineamientos generales de políticas públicas locales de gestión de los servicios básicos, porque de continuar el curso actual de deterioro, los gobiernos locales se quedaran sin competencias, dado que, el Gobierno Central lejos de transferir, como es el objeto del pacto, está asumiendo otras que están en poder de las entidades edilicias, y el sector privado está haciendo lo propio.