(18/40)
Por Isaac Terrero y Julio Alejo
Anteriormente, habíamos analizado las
incidencias de la feria Expo Municipios y para concluir con esa labor quedaba
pendiente profundizar en los gastos incurridos en dicha actividad, con especial
atención en los recursos públicos, y si de ser posible, los de la cooperación
internacional, sin embargo, hasta el momento que se produce el presente
artículo se desconoce el gasto.
Hemos indagado en la página web de Fedomu y no
hemos encontrado información al respecto, ni antes, ni durante, ni después del
evento, más allá de la publicación del algunos concursos referente al tema. Es
por ello, que hemos decidido abordar el orden temático de esta serie artículos,
quedando pendiente este análisis.
La realidad es que previo a la promulgación de
la Ley No. 166-03 y la 176-07, que sustituyó la Ley No. 3455 de Organización
Municipal, los ayuntamientos con mucho menos recursos que ahora, ejercían las
mismas competencias que ejercen en la actualidad, en la práctica, no obstante
dichas competencias eran ejercidas con más altos niveles de calidad que en los
tiempos actuales, hasta el punto, que las autoridades locales eran consideradas
referentes morales y de gestión por toda la sociedad, y no existía el
asociativismo municipal.
Lejos está el día en el que los actores
fundamentales del asociativismo municipal dominicano que cuentan con
recursos del Estado para hacerlo, se detengan a reflexionar sobre cuál debe ser
la orientación general de políticas públicas locales que deben tomar como guía
para mejorar la gestión de los servicios públicos locales, básicamente de los
esenciales, Bomberos, Cementerios, Mataderos, Mercados y recolección y
disposición final de residuos sólidos.
Veamos. En la segunda década del siglo XXI los
gobiernos locales de la República Dominicana, no cuentan con un documento que
contenga los lineamientos de políticas públicas de manejos de crisis en los
cuerpos de bomberos de los distintos municipios y distritos municipales, de ahí
que cualquier conato de incendio que puede ser sofocado con gran facilidad
termina dejando a varias familias sin techo y consecuentemente presentando los
tristes espectáculos en televisión implorando por ayuda, sin embargo la autoridad
pública competente no asume su rol. Frente a esta situación de inseguridad
pública, mal haría el Gobierno Central, si no toma carta directa en el asunto,
y la decisión del Poder Ejecutivo de asumir los cuerpos de bomberos en todo el
territorio nacional, contrario a quienes consideran que es una violación a la
autonomía municipal, viene a suplir la falta de formulación y aplicación de
unos lineamientos generales de políticas públicas para la gestión de este
servicio municipal básico.
El tema de los Cementerios es de lo más
aberrante y cuestionable, ya que este servicio público de competencia exclusiva
de los gobiernos locales se encuentra en total abandono. Generalmente, las
autoridades locales aducen que este servicios carece de rentabilidad, sin embargo,
el sector privado ha demostrado lo contrario, puesto que los servicios privados
son de excelente calidad, con una experiencia acumulad en el país de poco más
de diez años exhiben estándares de calidad comparado con cualquier país
desarrollado y una amplia cartera de usuarios. Está claro, que el sector
privado con políticas de prestación de servicios y de salubridad ha explotado y
seguirá explotando este servicio, debido a la deficiencia de la gestión local
en términos de políticas.
Al igual que los cementerios, los mataderos
municipales son una vergüenza nacional, puesto que los gobiernos locales que
alcanzan a prestar el servicio, lo hacen con unos niveles de precariedad, que
más allá de perjudicar los derechos de los consumidores y los productores, atentan
contra la salud pública colectiva, ya que los mecanismos de sacrificio y
tratamiento de las carnes que consume la ciudadanía se corresponden con métodos
del siglo XVI, ni siquiera cuentan con infraestructuras adecuadas y el personal
mínimamente entrenado para tales fines, y no hablemos de tecnología. Sobre las
precariedades de este servicio municipal, se pudieran escribir otra serie de
artículos más amplia que la actual. Lo que produce pesar, es que al igual que
los demás servicios, se repite la carencia de orientaciones generales de
gestión de dicho servicio. Más preocupación produce, porque el empresariado ha
demostrado hacerlo con eficiencia y calidad y hasta compiten a nivel
internacional los mataderos privados.
Pensar en los mercados municipales aumenta la
depresión, puesto ni siquiera el Distrito Nacional presta estos servicios con
estándares medios de calidad. Estos servicios, también ponen en riesgo la salud
pública, puesto que los alimentos que consume la ciudadanía que se
comercializan en los mercados municipales no son tratados con el debido
cuidado. Fruto de esta calamidad, el pasado año, toda la familia municipalista
quedó sorprendida cuando el Congreso Nacional, por medio de la Ley de Mercadom
arrebató a los gobiernos locales la competencia de gestionar los servicios de
mercados públicos de las grandes ciudades, dejándolos como miembros de los
consejos de administración, y otorgándoles dichas competencias al Ministerio de
Agricultura, quien preside dichas estructuras, lo que demuestra una vez más que
frente al deficiente servicio que prestan los ayuntamientos, el cual no puede
competir con el sector privado, el Gobierno Central debió intervenir.
Del caso de los residuos sólidos ni hablar, los
ayuntamientos de la región Ozama, que manejan más del 60% de los recursos que
transfiere el Gobierno Central a la administración local y son los que más
recaudaciones locales exhiben, no pasan seis meses sin que se produzca una
crisis por el manejo del “Vertedero” de Duquesa, solo hay que visitar ese espacio
para percatarse del foco de contaminación ambiental que esto representa, y del
servicio de recolección no se puede ni hacer mención, ya que uno puede terminar
en un coma psicológico si profundiza un poco en ese aspecto. Es de conocimiento
generalizado, que muchas empresas privadas no confían ese servicio a los
gobiernos locales y por el contrario cuentan con su propio servicio o lo
contratan a nivel privado.
Hace poco menos de dos años, en la campaña
pasada de Fedomu para elegir sus autoridades actuales, Juan de los Santos
colocó en la agenda de la opinión pública como tema de campaña, la firma de un
Pacto por la Municipalidad, entre el asociativismo municipal y el Poder
Ejecutivo, hace aproximadamente un año se cuenta con un borrador de este
documento. La idea con la firma del pacto, es que el mismo venga a suplir todas
las deficiencias de la administración local en materia de gestión de los
servicios municipales básicos que son responsabilidad de los gobiernos locales,
y que se les transfieran otras competencias e impuestos de “vocación
municipal”. Han cifrado todas sus esperanzas en la rúbrica de ese documento,
como si ese fuera el fin, cuando es de conocimiento generalizado que este hecho
por sí solo no resolvería absolutamente nada.
Lo inteligente seria, que el asociativismo
municipal dominicano se aboque a la formulación de unos lineamientos generales
de políticas públicas locales de gestión de los servicios básicos, porque de
continuar el curso actual de deterioro, los gobiernos locales se quedaran sin
competencias, dado que, el Gobierno Central lejos de transferir, como es el
objeto del pacto, está asumiendo otras que están en poder de las entidades
edilicias, y el sector privado está haciendo lo propio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Esperamos que su comentario contribuya al desarrollo de los gobiernos locales .