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sábado, 29 de marzo de 2014

La consulta que nos insulta

Por Marcos José Núñez

El excelentísimo señor presidente de la República Dominicana (por quien no vote) Lic. Danilo Medina Sánchez, ha iniciado una serie de consultas y acercamientos con líderes políticos y sectores influyentes de la sociedad dominicana, de cara a buscar -a su entender- una posible solución al problema migratorio interno.

A raíz de la emisión de la sentencia 168/2013, se han suscitado diferencias marcadas en el seno de la sociedad, entre las personas que entienden que la sentencia precitada afecta específicamente, los derechos adquiridos de los descendientes de emigrantes haitianos en dominicana y por otro lado, quienes sostienen que la sentencia era una necesaria profilaxis del registro civil y las supuestas irregularidades del proceso de declaración, al reconocérseles la nacionalidad dominicana a personas en condición de ilegalidad migratoria permanente.

En ese tenor, se percibe que el pueblo dominicano luce dividido casi en partes iguales sobre este tema, máxime el hecho de que la sentencia del tribunal constitucional, ordena el inicio de un proceso de regularización de status de muchos dominicanos de ascendencia haitiana que ya gozaban de documentos que avalaban su nacionalidad dominicana, amparados en lo que dice la constitución nacional del 2010, una sentencia de la anterior Suprema Corte de Justicia en el año 2005 y una supuesta reforma constitucional efectuada en el año 1929, trayendo como consecuencia que esa misma sentencia 168/13, desconoce el principio de irretroactividad, el principio de favorabilidad y el principio de razonabilidad de la ley en general, que establecen que no se pueden desconocer derechos adquiridos en virtud de legislaciones anteriores y que cualquier modificación a la ley debe tener un efecto a futuro, esto es, luego de la puesta en vigencia de la ley en adelante.

Emitida la sentencia, por una corte de dudosa reputación y escogencia espuria -dada las vinculaciones políticas que poseen algunos “jueces” de “tan alto y honorable” tribunal-, la misma es de aplicación obligatoria, imponiéndose su ejecución a los demás poderes del Estado, aun cuando todo el dominicano con un mínimo de sentido común y sensibilidad humana reconoce que el instrumento jurídico es una soberana porquería, un mamotreto judicial de tipo fascista que en base a disposiciones deshumanizadas que ello contiene, ha provocado que el país olvide temas tan esenciales la rampante corrupción en la administración pública, el excesivo endeudamiento externo de la administración peledeista, los problemas internos del partido oficial y el estado de inseguridad ciudadana que se percibe todos los días.

Y mientras la sentencia 168/13 que ordena una distorsionada regularización sigue causando estragos, el presidente de la republica actual, cómplice por omisión de todo este entramado xenofóbico astutamente planeado para relegar la importancia de lo que realmente ocurre en el país y buscando dividir en dos a la nación para afectar posibilidades electorales de la oposición, inicia una serie de “consultas” con sectores y personalidades, que no es más que una forma de buscar repartir las culpas y enlodar reputaciones sobre una responsabilidad que es exclusivamente del gobierno central y las instituciones que le acompañan, todo esto, realizado bajo la premisa de que se debe buscar la “unidad nacional” para enfrentar un problema que influyentes dominicanos advirtieron a los gobiernos del PLD que sucedería si se creaba un tribunal constitucional como órgano de poder supraestatal, sin ningún tipo de control más allá de sí mismo.


El drama humano que ha creado esta provocación de tipo política a través de un órgano judicial, es una taimada conspiración de las sombras que ya nos ha traído una gran cantidad de censura y condenas a nivel internacional, disminuyendo el prestigio de la actual administración, a la cual no le ha quedado más remedio que lavar culpas ajenas, insultando la inteligencia ciudadana con esta serie de consultas desprovistas de sentido, cuando la verdadera solución al problema es asumir una actitud varonil y emitir una amnistía general de los afectados por la sentencia inconstitucional 168/13, en el marco de una nueva ley de naturalización que deberá aprobarse para bien de todos.

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