Por
Marcos José Núñez
El excelentísimo
señor presidente de la República Dominicana (por quien no vote) Lic. Danilo
Medina Sánchez, ha iniciado una serie de consultas y acercamientos con líderes
políticos y sectores influyentes de la sociedad dominicana, de cara a buscar -a
su entender- una posible solución al problema migratorio interno.
A
raíz de la emisión de la sentencia 168/2013, se han suscitado diferencias
marcadas en el seno de la sociedad, entre las personas que entienden que la
sentencia precitada afecta específicamente, los derechos adquiridos de los
descendientes de emigrantes haitianos en dominicana y por otro lado, quienes
sostienen que la sentencia era una necesaria profilaxis del registro civil y
las supuestas irregularidades del proceso de declaración, al reconocérseles la
nacionalidad dominicana a personas en condición de ilegalidad migratoria
permanente.
En
ese tenor, se percibe que el pueblo dominicano luce dividido casi en partes
iguales sobre este tema, máxime el hecho de que la sentencia del tribunal
constitucional, ordena el inicio de un proceso de regularización de status de
muchos dominicanos de ascendencia haitiana que ya gozaban de documentos que
avalaban su nacionalidad dominicana, amparados en lo que dice la constitución
nacional del 2010, una sentencia de la anterior Suprema Corte de Justicia en el
año 2005 y una supuesta reforma constitucional efectuada en el año 1929,
trayendo como consecuencia que esa misma sentencia 168/13, desconoce el
principio de irretroactividad, el principio de favorabilidad y el principio de
razonabilidad de la ley en general, que establecen que no se pueden desconocer
derechos adquiridos en virtud de legislaciones anteriores y que cualquier modificación
a la ley debe tener un efecto a futuro, esto es, luego de la puesta en vigencia
de la ley en adelante.
Emitida
la sentencia, por una corte de dudosa reputación y escogencia espuria -dada las
vinculaciones políticas que poseen algunos “jueces” de “tan alto y honorable”
tribunal-, la misma es de aplicación obligatoria, imponiéndose su ejecución a
los demás poderes del Estado, aun cuando todo el dominicano con un mínimo de
sentido común y sensibilidad humana reconoce que el instrumento jurídico es una
soberana porquería, un mamotreto judicial de tipo fascista que en base a
disposiciones deshumanizadas que ello contiene, ha provocado que el país olvide
temas tan esenciales la rampante corrupción en la administración pública, el
excesivo endeudamiento externo de la administración peledeista, los problemas
internos del partido oficial y el estado de inseguridad ciudadana que se
percibe todos los días.
Y mientras
la sentencia 168/13 que ordena una distorsionada regularización sigue causando
estragos, el presidente de la republica actual, cómplice por omisión de todo
este entramado xenofóbico astutamente planeado para relegar la importancia de
lo que realmente ocurre en el país y buscando dividir en dos a la nación para
afectar posibilidades electorales de la oposición, inicia una serie de
“consultas” con sectores y personalidades, que no es más que una forma de
buscar repartir las culpas y enlodar reputaciones sobre una responsabilidad que
es exclusivamente del gobierno central y las instituciones que le acompañan, todo
esto, realizado bajo la premisa de que se debe buscar la “unidad nacional” para
enfrentar un problema que influyentes dominicanos advirtieron a los gobiernos
del PLD que sucedería si se creaba un tribunal constitucional como órgano de
poder supraestatal, sin ningún tipo de control más allá de sí mismo.
El
drama humano que ha creado esta provocación de tipo política a través de un
órgano judicial, es una taimada conspiración de las sombras que ya nos ha traído
una gran cantidad de censura y condenas a nivel internacional, disminuyendo el
prestigio de la actual administración, a la cual no le ha quedado más remedio
que lavar culpas ajenas, insultando la inteligencia ciudadana con esta serie de
consultas desprovistas de sentido, cuando la verdadera solución al problema es
asumir una actitud varonil y emitir una amnistía general de los afectados por
la sentencia inconstitucional 168/13, en el marco de una nueva ley de
naturalización que deberá aprobarse para bien de todos.
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