La Fundación Justicia Y Transparencia (FJT), presenta informe sobre las
ejecutorias y desempeño del Poder Judicial dominicano en 2012
SANTO DOMINGO, R.D.- La Fundación
Justicia y Transparencia (FJT), en términos generales calificó de
positivo el desempeño del poder judicial durante el pasado año 2012, la entidad
destaco que las actuales autoridades con apenas un año de labor jurisdiccional
por parte de los jueces supremos y de administración y disciplina a cargo de
los miembros del Consejo del Poder Judicial, han llenado sobre todo en términos
cuantitativos las expectativas, con muchas luces, pero también con múltiples
sombras, veamos:
ASPECTOS POSITIVOS
Cabe destacar como punto luminoso, en el ámbito jurisdiccional de la
Suprema Corte de Justicia, el excelente desempeño y labor realizada por
sus tres salas y el pleno, que al finalizar el año presentaron un
astronómico rendimiento de 9,136 expedientes fallados, desterrando
así la mora heredada del pasado,
es objeto de mención especial y encomio la calidad del trabajo realizado
por la sala de lo Laboral, Tierras y Contenciosas Administrativa, que
dirige el magistrado Ramón Herrera Carbuccia, donde la
mora judicial se ha convertido en casi cosa del pasado y la evacuación oportuna
de sentencias de principios que han marcado hitos en el quehacer judicial
dominicano, como el caso de la emblemática sentencia sobre los derechos
fundamentales en materia laboral, que ha merecido el reconocimiento y elogio de
la comunidad jurídica nacional,
Sin dudas que en el orden de gestión administrativa y rendimiento
jurisdiccional, el Poder Judicial ha tenido un gran año, los expedientes
fallados, el aumento general en
los salarios de los jueces
y de los servidores judiciales de un 20%, una intensa y sostenida capacitación del
personal, mejoras en el seguro de salud, remozamiento y acondicionamiento de
los locales que alojan el Poder Judicial a nivel nacional y el abastecimiento
de los materiales gastable y de oficina, son algunos de los cambios y conquista
positivas que pueden observarse en la administración de justicia, luego de
transcurrido su primer año de gestión .
ASPECTOS NEGATIVOS
Cuestionamientos en los asensos y remociones de jueces, y quejas por
violaciones al debido proceso de ley en los asuntos disciplinarios
Como temas de reflexión y posible revisión profunda de los reglamentos
sobre la carrera judicial, relacionado con la promoción de los jueces
atendiendo al escalafón, méritos académicos y desempeño, resalta el preocupante
hecho de múltiples cuestionamientos y quejas de parte de jueces inconforme por
violaciones a los referidos reglamentos en detrimento de personas que han
dedicado una vida a la judicatura, además de los aportes académicos y
bibliográficos, por ejemplo el magistrado Juan Alfredo Biaggi Lama,
entre otros que debieron haber sido tomados en cuentas. En suma se requiere que
el escalafón judicial sea respetado y observado con rigor para garantizar la
institucionalidad en un poder del estado llamado a ser el ejemplo de justicia y
equidad.
Asimismo somos de opinión de que se revisen y adecuen a la constitución
dominicana y en particular a las directrices del debido proceso de ley
(artículos 69 de la constitución), los reglamentos y disposiciones relacionadas
con los juicios disciplinarios y la capacidad punitiva que tienen los miembros
del Consejo del Poder Judicial a la hora de juzgar jueces por asuntos
disciplinarios referidos al ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
Combate a la corrupción judicial y necesidad de una ley que castigue la prevaricación
judicial.
Otro punto a considerar es el manejo por parte de los jueces de los
diferentes expedientes instrumentados por el Ministerio Público, en materia de
grandes casos de corrupción judicial, narcotráfico y lavado de activos, en la
actualidad persiste la percepción de una justicia venal y deficiente, aun
cuando se advierten esfuerzos sostenido del presidente de la suprema Dr.
Mariano Germán Mejía, de mejorar los niveles de credibilidad del
poder judicial. De todo esto se desprende la necesidad de crear una ley que
penalice y castigue la prevaricación judicial contemplando en detalles el
procedimiento y competencia acorde con la constitución para el juzgamiento de
los jueces por falta en el ejercicio de sus funciones. De ahí que la
Fundación Justicia y Transparencia, entiende que el combate a la corrupción
judicial debe ir acompañado de un sistema de consecuencias y disuasivo real,
para que los jueces actúen apegados a criterios éticos y morales a la hora de
administrar justicia.
Falta de explicaciones y rendición de cuentas sobre las inversiones
registradas en la Jurisdicción Inmobiliaria
Otro hecho para la Fundación Justicia y Transparencia, quizás el más grave
y preocupante de todos, es la falta de explicación y rendición de cuentas de
los hallazgos, por parte del incumbente de la suprema corte y del consejo del
poder judicial respetivamente, Dr. Mariano Germán Mejía, sobre las
ejecutorias, descalabro y fracaso registrado en la jurisdicción inmobiliaria,
pese a la multimillonaria inversión del Estado Dominicano y de organismos
internacionales que superan más de 65 millones de dólares en los últimos
13 años, unos 2,600 millones pesos, gastados en la implementación del
denominado Programa de Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria.
reconocemos que la actual gestión del poder judicial ha rescatado y
relanzado la Jurisdicción Inmobiliaria y sus órganos vinculados,
(Registros de Títulos y Mensuras Catastrales), esfuerzos, para nosotros
insuficientes, máxime si no están acompañados de las explicaciones contables
necesarias para conocer de las ejecuciones presupuestarias de más de 2,600
millones de pesos con resultados ínfimos en el desarrollo y modernización del
sistema de registro de la propiedad inmobiliario en el país.
Falta de implementación de los tribunales superiores administrativos de
primera instancia (artículo 164 de la constitución) e inoperancia del Tribunal Superior Administrativo en el
conocimiento de los recursos de amparo
La nueva constitución en su artículo 7 declara a la República Dominicana
como un Estado Social y Democrático de Derecho, con el norte de garantizar como
prioridad esencial la dignidad humana, y con ellos los derechos
fundamentales, es así como la carta magna delega en el poder judicial la
responsabilidad de implementar y poner en funcionamiento los tribunales
superiores administrativos de primera instancia.
Constituye motivo de gran preocupación y alarma la
inercia, inoperancia, y lentitud del Tribunal Superior
Administrativo en el conocimiento de la acción de amparo que le son
sometidos a su consideración.
Justicia y Transparencia, le pide a la Suprema Corte de
Justicia, el vigilar el tratamiento que ese tribunal le está dando a los
juicios de amparo, los cuales en muchos casos se prolongan hasta por ocho y
doce meses, en clara y abierta violación a la constitución de la república.
Para gráficar con un reciente ejemplo nuestras afirmaciones sobre la
grave situación del tribunal superior administrativo, citamos una solicitud de
un recurso de amparo que justicia y transparencia conjuntamente con la alianza
ciudadana solicitara por denegación de información por la ley 200-04 en
contra del ayuntamiento del distrito nacional y del Ministerio de Obras
Públicas a principios de diciembre del año pasado, fijándonos la audiencia para
el 16 de enero del presente año 2013, casi para dos meses después.
El presidente de la entidad de sociedad civil, Trajano Potentini, ofreció
estas declaraciones en rueda de prensa celebrada en la sala de conferencias de
la librería jurídica global, donde además anuncio para la próxima semana la
presentación y entrega de los resultados del desempeño del tribunal
constitucional y del tribunal superior electoral en el marco del observatorio
de las ejecutorias de las altas cortes que desarrolla la Fundación Justicia y
Transparencia.
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