SANTO DOMINGO, R. D.- El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano
Peralta, aseguró hoy que uno de los principales compromisos del gobierno
es lograr consolidar la democracia y el principio de separación de poderes, que
garantice la sistematización de los órganos de control del Estado dominicano.
Sobre el particular, manifestó que, para ello, es importante la
contribución de los principales actores de la sociedad civil y sus
instituciones.
El funcionario dijo que el objetivo de la sesión es producir un espacio de
diálogo respecto al anteproyecto que declara la necesidad de la reforma
constitucional, como una de las 14 iniciativas normativas que se conocieron
hoy.
“Es en función de esto, que por ejemplo para el fortalecimiento de la
justicia proponemos excluir al Procurador General de la República de la
integración del Consejo Nacional de la Magistratura a la vez, que proponemos
una renovación gradual los jueces de las altas cortes y nuevos requisitos para
la elección de éstos a los fines de incidir en la despolitización de esos
órganos”, expuso el Consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Peralta apuntó que igual ocurre con el interés de garantizar la
independencia plena del Ministerio Público, donde proponen que el Procurador
General de la República sea designado de conformidad con la ley a través de un
proceso transparente y diferente al método actual que lo deja a voluntad
unilateral del presidente de la República.
También, agregó, que pueda ser interpelado este funcionario por las Cámara
Legislativas en ocasiones de ejercicio de sus funciones.
Peralta explicó que el objetivo de la reunión es lograr una interacción
entre el gobierno y la sociedad que permita alcanzar un consenso sobre la
actualización de normativas institucionales.
Consolidar la Democracia
“Uno de los compromisos del gobierno es lograr consolidar la democracia y
el principio de separación de poderes, lo cual está convencido de que se puede
alcanzar principalmente a través del fortalecimiento sistemático de los órganos
de control del Estado”, añadió.
El Consejo Económico y Social (CES) efectuó la tercera reunión de la Mesa
Temática de Transparencia e Institucionalidad, en el marco de la convocatoria
Presidencial del Diálogo para la Reforma y Fortalecimiento Institucional y la
Gestión Eficiente del Estado.
La actividad, realizada en la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM), recinto de Santo Domingo, delineó aspectos de una propuesta de
la Reforma Constitucional en beneficio de los diferentes sectores del país.
“Para consolidar el ejercicio democrático, proponemos unificar las
elecciones y eliminar el arrastre electoral en todos los niveles de votación,
así como facilitar el uso de la iniciativa legislativa tanto por los ciudadanos
en sentido general, a través de la iniciativa legislativa popular, como por
algunos órganos constitucionales que actualmente están excluidos de dicha
dinámica”, indicó.
Peralta dijo, que en el caso de la legislación popular el actual requisito
del 2% de los distritos en el registro de electores equivale aproximadamente a
200 mil personas, lo cual el gobierno propone reducirlo a 25 mil ciudadanos.
En el caso de los órganos constitucionales, plantea que si la Suprema Corte
de Justicia y la Junta Central Electoral, tienen iniciativas legislativas en
sus respectivas materias, también la puedan tener otros órganos como por
ejemplo, el Tribunal Constitucional.
Asimismo, Antoliano Peralta, expresó que para alcanzar un objetivo de esta
naturaleza, “es necesario reformar la Constitución puntualmente”, por ser la
base normativa suprema de todas las instituciones mencionadas cuya
independencia y eficaz funcionamiento reclama y necesita la sociedad.
Expuso que esta propuesta no pretende restar méritos a la Constitución
vigente ni al esfuerzo realizado hace más de una década para su modificación
más significativa en los últimos años.
“Esta reforma busca plasmar lo que hemos aprendido en estos 12 años”, dijo
el Consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Agregó que dicha reforma constitucional no se trata de una coyuntura
política o para beneficio del gobierno o un sector de este.
“En tal sentido, es importantísimo aclarar que, contrario a como ha
ocurrido en ocasiones anteriores, esta reforma no versa sobre la reelección
presidencial ni aumenta en ninguna medida las atribuciones actuales del Poder
Ejecutivo, así como tampoco le crea al presidente de la República algún escenario
privilegiado en ocasión de su actual mandato constitucional”, precisó.
En ese sentido, enfatizó que la Reforma Constitucional lo que procura es
restarle restarle poder al Poder Ejecutivo y redistribuirlo entre los demás
poderes del Estado y los propios ciudadanos.
Adiciona, que a través de disposiciones transitorias se estarían difiriendo
los efectos de aquellas modificaciones que puntualmente pudiesen alterar el
escenario político actual como, por ejemplo, la unificación de las elecciones;
de esta forma, las elecciones a celebrarse en el año 2024 seguirían rigiéndose
por las reglas de la actual Constitución (incluso luego de aprobada la
reforma).
Los Tres Pilares
Peralta sostuvo que el objeto de la Reforma Constitucional propuesta
descansa entonces en tres pilares:
A) Robustecer el sistema de
controles de los poderes del Estado y los órganos constitucionales.
B) Eficientizar los procesos
propios del Estado y la Administración Pública.
C) Consolidar
el ejercicio democrático, a través de mejoras puntuales al régimen electoral y
el procedimiento legislativo.
Con tales objetivos se proponen las siguientes modificaciones al texto de
la Constitución:
1. Modificaciones al proceso de
formación de leyes.
2. Modificaciones al Ministerio
Público.
3. Modificaciones a la
Procuraduría General Administrativa.
4. Modificaciones al Consejo
Nacional de la Magistratura.
5. Modificaciones a la Suprema
Corte de Justicia y el Poder Judicial.
6. Modificaciones al Tribunal
Constitucional.
7. Modificaciones
al régimen electoral, la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior
Electoral.
8. Modificaciones
al régimen de control de los fondos públicos, la Cámara de Cuentas y la
Contraloría General de la República.
Finalizó que la forma como cualquier otra deberá someterse al procedimiento
contemplado en la constitución en sus artículos 167 y siguientes sin
detrimentos de pasos previos.
El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Rafael Toribio,
presidió el encuentro.
Acompañaron al consultor Jurídico del Poder Ejecutivo la directora general
de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagro Ortiz Bosch; el
subconsultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Pedro Montilla; el ministro de la
Juventud, Rafael Feliz; el viceministro de reforma y modernización del Estado
del Ministerio de Administración Pública (MAP), Gregorio Montero.
Igualmente, representantes de instituciones políticas, sociales,
empresariales y sindicales.
