SANTO DOMINGO, R. D.- El Partido Revolucionario Moderno denuncia que el
proyecto de presupuesto de 2018, del gobierno de Danilo Medina, es una
reiteración de políticas públicas que aportan muy poco a la solución de las
necesidades de la gente.
Este es un presupuesto caracterizado por la mala calidad del gasto y la
ineficiencia administrativa, en el que el gobierno persiste en ampliar el
déficit financiero y profundizar el endeudamiento del país.
Del análisis del proyecto de ley de Presupuesto presentado por el Poder
Ejecutivo al Congreso Nacional, se desprende que el gobierno continúa con el
mismo modelo aplicado desde el 2008: deficitario, altamente clientelar, mala
distribución económica del gasto, centrado en el gasto corriente en detrimento
del capital, sin variación proporcional en lo institucional, bajo nivel en los
servicios sociales (8.2% del PIB), sobre-estimación de los ingresos y aumento
en el financiamiento bruto.
Es un presupuesto con políticas públicas que no garantizan derechos
esenciales a la ciudadanía, tales como salud, educación de calidad, vivienda,
empleos dignos, agua potable, seguridad ciudadana, además muestra las mismas
tendencias a la concentración e inequidad de la inversión pública entre las
provincias, entre otros problemas de calidad de gastos.
El Gobierno no demuestra una estrategia clara para enfrentar el continuo
endeudamiento público fruto del modelo presupuestario deficitario, clientelar y
de prioridades difusas, al punto de seguir violando la ley de Estrategia
Nacional de Desarrollo, postergando el urgente y necesario Pacto Fiscal que
mejore la calidad del gasto.
En el proyecto de presupuesto para el 2018 existen varios artículos (del 14
al 20) que tratan de modificaciones a artículos del Código Tributario o leyes
especiales que constituyen a todas luces una reforma tributaria encubierta
(parches).
Mientras el gobierno trata de aumentar sus ingresos por todos los medios,
aun si tiene que imponer impuestos al margen de las leyes, no muestra ningún
interés por poner control a las evidentes desviaciones y despilfarros de gastos
innecesarios que todos los días salen a relucir en la administración pública.
A pesar de las numerosas reformas tributarias realizadas entre 2004 y 2017,
con la intención de aumentar los ingresos (aplicar nuevos gravámenes o intentar
mejorar la eficiencia), no se han conseguido los resultados esperados, debido a
la falta de credibilidad y confianza que genera la corrupción e impunidad
existente en los gobiernos del PLD.
Los ingresos públicos ante que ayudar a resolver los problemas de la gente,
han servido para financiar la voracidad del partido gobernante donde predomina
una práctica generalizada de clientelismo, sobornos, corrupción, impunidad, despilfarro
de fondos públicos y cobros ilegales, que obligan a la ciudadanía a pagar
varias veces por el mismo servicio público.
Para el 2018 se está contemplando un nivel de gasto de 690 mil millones de
pesos, un incremento de 10.5 % en el gasto del Gobierno Central con relación al
estimado para el 2017. De estos aumentos de gastos el 30% se corresponde a
incremento en el pago de los intereses (19.8 mil millones de pesos); mientras
el presupuesto del ministerio de Salud y Asistencia Social apenas se incrementa
en 2 mil 500 millones de pesos.
Los fondos asignados al sector salud resultan insignificante con respecto
al serio deterioro que exhibe el sistema de salud pública y los grandes
requerimientos de recursos que tiene este sector, por lo que es evidente que el
mejoramiento de los servicios de salud pública a la población más necesitada no
forma partes de las prioridades del gobierno.
Intereses de la deuda. Los intereses de la deuda se proyectan en RD$134.7
mil millones, aumentando RD$19.8 mil millones, 17.2% respecto a 2017, los
cuales representará de manera efectiva el 24 % de los ingresos tributarios. Lo
más graves es que gran parte de estos intereses se pagará con más deuda.
Transferencias. Un hecho grave es la violación a la ley que asigna un 10%
de los ingresos tributarios a los ayuntamientos. En este presupuesto los
ayuntamientos sólo tienen asignados 17 mil millones de pesos, equivalente a un
3.2% de los ingresos corrientes, dejando de aportarle, la suma de 35 mil 700
millones. Esta situación impide que los gobiernos locales puedan atender
servicios básicos esenciales de las comunidades.
Déficit. El resultado del ejercicio fiscal, el déficit financiero de 2018,
se ha proyectado en el monto de 87 mil millones de pesos, equivalente a 2.2%
del PIB, sin embargo, como ha sucedido desde 2012 el déficit real se ha
escondido mediante la sobre-estimación de ingresos y sub-estimación de gastos.
Así, considerando un ingreso total de 582 mil 100 millones de pesos y un
nivel de gastos de 690 mil 800 millones de pesos, el resultado financiero
(déficit) alcanza la suma de 108 mil 700 millones, equivalente al 2.8 % del
PIB. Este monto es el verdadero déficit proyectado para el próximo año.
Deuda pública. La deuda del sector público no financiero alcanza un balance
28 mil 900 millones de dólares a final de agosto 2017, equivale a 39% del PIB.
La misma ha aumentado en 9 mil 500 millones de dólares comparado con el balance
de 2012. Cada año registra un aumento neto de casi 2 mil millones de dólares.
Cuando se suma la deuda del Banco Central por emisión de certificados por
un monto de 479 mil millones de pesos (es decir 10 mil 375 millones de
dólares), la deuda pública consolidada alcanza, sin incluir la deuda flotante,
a 39 mil millones de dólares, o sea 52% del PIB para 2018. Esta deuda aumenta a
un ritmo diario de 7 millones de dólares.
Sin duda, que una de las grandes amenazas que tiene la estabilidad
macroeconómica del país es el desmesurado crecimiento de su deuda pública, sin
que la misma esté contribuyendo a sentar las bases para un desarrollo
sostenible de la nación.
