Santo Domingo, R. D.- El presidente Luis Abinader, promulgó este martes la Ley 45-25, mediante la cual se dispone la fusión del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en un nuevo ministerio denominado Ministerio de Hacienda y Economía.
Esta transformación institucional implica
también la derogación de la Ley núm. 496-06, del 28 de diciembre de 2006, que
creó la entonces Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo.
La ley, aprobada de urgencia por la Cámara
de Diputados en la sesión del 15 de julio de 2025, y previamente sancionada por
el Senado de la República el 22 de mayo del presente año, tiene por objetivo
asegurar una articulación más eficiente entre la política fiscal y el sistema
nacional de planificación e inversión pública, en coherencia con los principios
de eficiencia, sostenibilidad fiscal y buena administración pública.
Fortalecimiento institucional
La nueva legislación reorganiza las
estructuras orgánicas de ambos ministerios para consolidarlas en una única
entidad rectora en materia económica, financiera y de planificación. Entre los
principales cambios que introduce se destacan:
Supresión del Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPyD), cuyas funciones sustantivas en materia
económica, de planificación e inversión pública pasan al Ministerio de Hacienda
y Economía.
Transferencia de competencias al
Ministerio de la Presidencia en áreas como cooperación internacional, y
ordenamiento territorial.
Reorganización de los viceministerios bajo
una nueva estructura que comprende áreas como Tesoro y Patrimonio, Presupuesto
y Contabilidad, Planificación e Inversión Pública, Política Fiscal, Crédito
Público y Economía.
Asimismo, la ley establece al nuevo
ministerio como órgano rector del sistema nacional de planificación e inversión
pública y del conjunto de políticas macroeconómicas y fiscales del país.
De igual forma, la ley contempla
disposiciones específicas para asegurar la continuidad de los servicios
públicos, garantizar la transición ordenada del personal y definir los plazos
para la adecuación normativa, presupuestaria y administrativa.
Esta reforma responde a las directrices de
la Estrategia Nacional de Desarrollo y al Plan General de Reforma y
Modernización de la Administración Pública, con miras a dotar al Estado
dominicano de estructuras más racionales, eficaces y orientadas a resultados.
