POR JUAN T H
He leído con mucha atención el artículo, bien ponderado y desapasionado,
sin sesgo político, que publicara en el periódico Listín Diario el
vicealmirante retirado Homero Luís Lajara Solá sobre el cumplimiento o no de la
Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas durante la presente gestión del presidente
Luís Abinader.
El trabajo me obligó a leer la extensa y detallada ley, la cual fue
resultado de una investigación histórica militar, tanto del país como del
extranjero, antes de evacuarla. Es una pieza bastante detallada y completa.
¿Se cumple la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas rigurosamente, la
respuesta es: ¡No! No con la rigurosidad que el propio texto establece. Pero,
como bien dice Lajara Solá, el ministro Carlos Luciano Díaz Morfa, militar de
carrera de gran conocimiento y experiencia, bajo la orientación del presidente
Luís Abinader, su jefe “supremo”, trata de hacerla cumplir mesuradamente en la
medida de lo posible, sin abusos ni atropellos.
Debo decir, a partir de la lectura y ponderación de la ley, que no es
tarea fácil, por razones políticas y culturales. No olvidemos que Trujillo,
dictador ladrón y asesino, gobernó el país bajo un régimen estrictamente militar.
Y que esas mismas fuerzas militares fueron las que bombardearon al pueblo en el
puente Duarte durante la guerra de abril, las que aniquilaron a los
expedicionarios del 59, las que enfrentaron y fusilaron a Manolo Tavares y sus
compañeros, las que enfrentaron y fusilaron en las Manaclas a Caamaño en 1973,
etc., etc., etc.
Las Fuerzas Armadas, al igual que la Policía Nacional, no han estado al
margen de la política. Al contrario, han estado viciadas por la llamada “clase
política” que en última instancia es la que ha tomado las decisiones que han
contribuido con su hipertrofia, con su dispersión y división.
Recordemos al presidente Antonio Guzmán. Su afán por despolitizar las
Fuerzas Armadas tras su llegada al poder en 1978. Había que tener coraje y voluntad
para hacer lo que hizo el presidente Guzmán con la cúpula militar de esos años.
Los antecedentes militares eran funestos, con crimines, apresamientos,
torturas, ejecuciones, represiones brutales. Aquellos 12 años de los gobiernos
nefastos del doctor Balaguer fueron brutales. Los militares de entonces estaban
por encima del bien y del mal. Se convirtieron en ley, batuta y constitución.
Hubo un momento en que parecían estar por encima, no solo de la Constitución y
las leyes, sino por encima del mandato del propio jefe de Estado, hasta que
llegó el PRD con don Antonio Guzmán que permitió el retorno de los exiliados,
prohibió las leyes anticomunistas, liberó los presos políticos y abrió un clima
democrático de paz y concordia.
Tras la intervención militar de 1965, aplastando las fuerzas
constitucionalistas, en el país se produjo una cacería de jóvenes y de
excombatientes, donde los militares jugaron un rol fundamental, creando grupos
y castas muy poderosas, corruptas y asesinas. Crímenes que nunca fueron
aclarados, culpables que nunca fueron acusados y que no pagaron sus culpas
porque un manto político de impunidad los cubrió. No lo olvido.
Una cosa es
cierta; este país tiene demasiado generales. Bastaría con alrededor de diez en
todo el territorio nacional; dos en el Cibao, uno en el Este, uno en la
Frontera y dos en la Capital. Muchos de
los actuales están pasados con más de diez años en el rango; incluso sin
funciones; algunos tienen hasta más de 20 años en el rango impidiendo el relevo
generacional, lo cual castra la institución impidiendo su desarrollo y
fortalecimiento institucional.
La política y
los políticos deben sacar sus manos de las Fuerzas Armadas permitiendo que los
ascensos sean el resultado del escalafón, la constitución y la ley, no de las
influencias políticas, del compadrazgo. Los dirigentes políticos, al igual que
muchos funcionarios, ministros y demás, ejercen sus influencias y su poder para
lograr ascensos fuera de tiempo, y sin los méritos militares o académicos. Solo
permitiendo que el cumplimiento riguroso del escalafón, a partir del tiempo y
los méritos, fuera de la influencia política -que todo lo jode- podremos logar
unas FFAA institucionalizada que solo responda al mandato de la ley.
En el pasado,
supongo que ahora no, muchos jefes militares y policiales, para aumentar el
salario real “enganchaban” a las esposas, los hijos y otros parientes. Más aun,
se denunció en reiteradas ocasiones que algunos jerarcas cobraban por los
ascensos o exigían una cuota de los sueldos de los alistados. Creo que esas
prácticas han desaparecido durante el proceso de transparencia y sentamiento
que ha llevado a cabo el ministro Díaz Morfa.
La ley dice que,
“para ser ascendido a general de brigada o contralmirante de una de las
instituciones militares, en adición de lo dispuesto por la presente ley, el
militar considerado deberá haber prestado un tiempo mínimo de veintisiete (27)
años en servicio como oficial. Para el de coronel o capitán de navío, un tiempo
mínimo de veintidós (22) años. Párrafo II.- Como requisito previo para ser
considerado para el ascenso a general de brigada o contralmirante, coronel o
capitán de navío de una de las instituciones militares, el candidato deberá
haber cumplido los requisitos del servicio y realizado los cursos
correspondientes para la obtención de dichos grados. El informe y
calificaciones serán debidamente ponderados por la junta de ascensos, no pudiendo
ser recomendados los que reprobaren dichos cursos, ni la evaluación de
desempeño”.
Leyendo detenidamente la ley orgánica, reitero, me di cuenta de que, no
es tarea fácil cumplirla. Por razones políticas, culturales y militares. Se
requiere de una voluntad, no militar estrictamente, sino política. No depende
exclusivamente del ministro Díaz Morfa, depende de la voluntad política del
presidente Abinader, como ocurre en la Policía Nacional. Sin la decisión firme
del presidente de la República no es posible que tengamos otra policía, porque
en el seno de la propia institución del orden hay presiones para que no lleguen
la transformación y el cambio.
No estaría de más que los miembros de las Fuerzas Armadas, todos los
oficiales se lean la Constitución de la República y la Ley de las Fuerzas
Armadas, porque hay mucha ignorancia y desconocimiento sobre ambas piezas
legislativas que constituyen el armazón jurídico que ordenan socialmente el
país.
Todos los años se escuchan las quejas de los alistados, oficiales
inferiores y superiores, tenientes, coroneles, generales, quejarse de los
ascensos porque tienen un tiempo determinado en el rango, como si el tiempo
fuera lo único que importara, no el mérito acumulado, los estudios, etc., etc. Es verdad que se producen algunas injusticias
en los ascensos, por “amiguismo”, “política”, etc., que tendrán que ser
corregidos paulatinamente para que no ocurran. Pero requerirá de avanzar
institucionalmente, tarea en la que trabaja el ministro Díaz Morfa. No estaría
de más sugerir que en algún momento una comisión de alto mando estudie la ley
orgánica y produzca una propuesta de modificación y actualización para darle a
las Fuerzas Armadas mayor nivel de institucionalidad.
