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viernes, 15 de agosto de 2025

¿Motivos ocultos detrás de la denuncia del coronel Morales? Un análisis de su credibilidad

Por Jorge Lendeborg

 

Recientemente, el coronel Rafael Antonio Morales Herrero ha presentado una denuncia penal contra altos mandos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Procuraduría General de la República (PGR), señalando a figuras de alto perfil como Luis Soto, director del DNI, José M. Cabrera, de la DNCD, y Alberto Montás, oficial del Ejército de la República Dominicana (ERD), entre otros.

 

Aunque la denuncia apunta a un supuesto entramado criminal, hasta el momento no se han detallado las alegadas faltas o delitos atribuidos a los funcionarios mencionados. Sin embargo, lo que en un principio parecía ser una denuncia seria comienza a levantar serias dudas sobre la integridad del propio denunciante.

 

Es importante destacar que el coronel Morales no es ajeno a la controversia. En el pasado, fue implicado en varios escándalos que llevaron a la suspensión de su visa para ingresar a los Estados Unidos, decisión que se tomó tras una recomendación del DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. Es fundamental entender que la cancelación de la visa a un oficial de tan alto rango, por parte de un gobierno como el estadounidense, no se basa en simples sospechas, sino en la existencia de información que compromete la conducta del individuo en cuestión.

 

La suspensión de visa, en estos casos, suele estar vinculada a conductas que comprometen la integridad y la seguridad, como la corrupción, el narcotráfico o cualquier otra actividad ilegal que vaya en contra de los intereses nacionales e internacionales. Por lo tanto, la retirada de su visa por parte de Estados Unidos no es un hecho menor y pone en entredicho la credibilidad de Morales, quien ahora se presenta como el adalid de la honestidad dentro de una institución pública.

 

Es importante cuestionar qué motiva realmente al coronel Morales a hacer estas denuncias en este momento. ¿Es una venganza personal por su situación pasada? ¿O está realmente buscando una reforma dentro de las instituciones mencionadas? Lo que queda claro es que su historial plantea serias dudas sobre sus verdaderas intenciones y su capacidad para ser considerado un referente de integridad.

 

Es necesario recordar que, en el ámbito institucional y público, los actos de los funcionarios deben ser siempre coherentes con su conducta y reputación. En el caso del coronel Morales, su historial de problemas legales y personales lo convierte en un personaje cuya credibilidad está en constante cuestionamiento. Mientras él intenta pintarse como un ejemplo de honorabilidad, los hechos del pasado siguen siendo un recordatorio de que las apariencias pueden ser engañosas.

 

El país merece saber si esta denuncia está realmente fundamentada en un deseo de justicia o si es el reflejo de intereses personales que buscan, una vez más, atacar a otros para ocultar las sombras del pasado.

 

jueves, 10 de julio de 2025

La fuerza de un ministro que no le falla al pueblo

Por Jorge Lendeborg

 

En una administración pública donde muchas veces la inercia, la burocracia o la simple improvisación impiden que los buenos propósitos del presidente Luis Abinader lleguen a materializarse, hay funcionarios que, sin aspavientos mediáticos ni presupuestos millonarios en comunicación, demuestran que sí se puede gobernar con integridad, eficiencia y resultados concretos. Uno de esos funcionarios es, sin lugar a dudas, el actual ministro de Trabajo, Doctor Eddy Olivares.

 

Mientras algunos encabezan instituciones como si fueran islas desconectadas del proyecto nacional, y otros apagan fuegos que ellos mismos provocaron con malas decisiones, Olivares ha optado por otro camino: el de la acción valiente, justa y legal. En lugar de escudarse en tecnicismos o en la famosa frase “eso no me corresponde”, ha asumido con compromiso su rol de protector de los derechos laborales en el país.

 

Hace apenas unos días, transitaba por la intersección de la Avenida Duarte con Pedro Livio Cedeño, una de las zonas comerciales más caóticas y desreguladas de la capital, cuando observé varios establecimientos cerrados. Pensé, como cualquier ciudadano, en clausuras por evasión fiscal o por algún operativo migratorio. Pero al indagar, descubrí una realidad mucho más significativa: no era clausura, era pausa. Una suspensión temporal por faltas graves cometidas contra trabajadores dominicanos.

 

Muchos de estos comercios, dirigidos por empresarios, ensu mayoría de nacionalidad china, mantenían prácticas laborales que bordeaban el esclavismo moderno. Jornadas interminables, ausencia de baños adecuados, falta de comedores, negación de días libres y condiciones de trabajo que violentaban toda norma establecida en el Código de Trabajo y los convenios internacionales.

 

Durante años, esta realidad fue tolerada. Por omisión o por complicidad, las autoridades de turno habían dejado a los trabajadores dominicanos desamparados, sin una voz que los defendiera. Eso cambió con la llegada de Eddy Olivares.

 

Su gestión no se ha limitado a auditorías o visitas protocolarias. Ha implementado operativos de inspección reales, con consecuencias tangibles para quienes violan la ley. Y lo más importante: ha logrado que el sector privado entienda que los derechos laborales no son un lujo, son un mínimo ético y legal innegociable.

 

Hoy, muchos de esos mismos negocios han empezado a “poner la casa en orden”. Se están habilitando baños dignos, áreas de descanso ventiladas, comedores para los empleados, y jornadas ajustadas a lo que establece la normativa vigente. No por miedo, sino porque por fin alguien les hace cumplir la ley.

 

El Ministerio de Trabajo, bajo la dirección de Olivares, está enseñando algo fundamental: el Estado no tiene porqué ser un espectador pasivo. Puede ser garante, árbitro, defensor de los más vulnerables. Y lo está haciendo sin necesidad de escándalos, sin persecuciones mediáticas, sin populismo.

 

Por eso, desde esta columna, no solo reconozco su excelente desempeño, sino que lo exhorto a seguir por ese camino. Porque en un país donde la institucionalidad muchas veces ha sido debilitada por intereses particulares, figuras como la suya nos recuerdan que sí se puede servir con dignidad.

 

Los trabajadores dominicanos, por fin, tienen un Chapulín Colorado. No uno con antenitas de vinil, pero sí con la firmeza de la ley en una mano y la voluntad de cambiarlas cosas en la otra.

 

Y eso, en estos tiempos, es más que admirable: es urgente.