Comisionado para la Reforma advierte no hay espacio para
impunidad y dice se logrará un cuerpo policial transformado que inspire
confianza, brinde seguridad y sea respetado por la ciudadanía.
SANTO DOMINGO, R.
D.- El Gobierno dispuso este jueves un conjunto de
medidas para garantizar la integridad física y los derechos humanos de las
personas arrestadas por agentes de la Policía Nacional, que incluyen la
instalación de cámaras en todas las patrullas y todos destacamentos.
Igualmente, dispuso la instalación de un centro de control y monitoreo
de los destacamentos en el Ministerio de Interior y Policía y la coordinación
con el Ministerio de Salud Pública de un programa especial para evaluar las
condiciones de salud de los apresados temporales.
El anuncio fue hecho por el Comisionado para la Reforma Policial, José
Vila del Castillo, acompañado del ministro de Interior y Policía, Jesús
Vásquez Martínez.
Vila del Castillo dijo que se logrará un cuerpo policial transformado que
inspire confianza, brinde seguridad y sea respetado por la ciudadanía.
La reforma policial es una de las principales prioridades del Gobierno del
presidente Luis Abinader.
El comisionado especificó que estas disposiciones estaban ya contempladas
para ser implementadas en los próximos meses dentro del marco de la Reforma que
ya está en marcha, pero que se acelerarán para dar respuesta urgente.
“En una sociedad comprometida con el respeto a los derechos humanos, como
la nuestra, no es aceptable lo ocurrido a José Gregorio Custodio, en San José
de Ocoa, a Richard Báez, en Santiago, y a David de los Santos, en el Distrito
Nacional”, advirtió, tras expresar pésame a todos sus familiares y amigos.
Y agregó: “Los ciudadanos se preguntan: ¿Qué haremos para asegurar la vida
en las patrullas policiales? ¿Qué haremos para asegurar la vida en los
destacamentos? ¿Qué haremos para garantizar el buen comportamiento de los
agentes? ¿Qué haremos para hacer más transparente la custodia policial?”,
planteó Vila del Castillo.
Afirmó que tienen el deber de responder con soluciones prácticas a
problemas específicos.
Citó que el Ministerio Público dirige una investigación independiente para
esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables, instruir un expediente
y someter a la justicia a los imputados.
“A esa institución le solicito, con todo el respeto institucional debido,
que actúe con toda diligencia, rigor, rapidez y profundidad que las
circunstancias ameritan”, señaló.
Expresó que el pueblo dominicano está esperando medidas para garantizar la
integridad física de los ciudadanos cuando se encuentren bajo custodia
policial, por lo que en esta convocatoria tiene el propósito de comunicar
soluciones específicas para evitar que estos hechos trágicos vuelvan a
repetirse.
“La reforma policial es, ahora más que nunca, impostergable. La reforma
policial no se detendrá, aún cuando su implantación no vaya a estar libre de
obstáculos, censuras, dilaciones innecesarias, campañas de descrédito y ataques
políticos tanto desde el interior, como desde el exterior de la Institución.
Pero llevará tiempo. No se pueden cambiar 85 años de cultura y dejadez en tres
semanas”, planteó.
A continuación las medidas completas adoptadas:
1. La ejecución inmediata de instalación de cámaras en todas las patrullas
y la creación de un centro operativo policial en tiempo real, contando con el
apoyo de las cámaras fijas del 911.
2. Instalación de cámaras móviles incorporadas a las patrullas.
3. Implantación del Sistema Policial de Consulta Criminológica en los
teléfonos de las patrullas para la depuración no intrusiva y respetuosa de los
ciudadanos que sean requeridos por la autoridad en cualquier circunstancia.
4. La creación de un centro nacional de control de tránsito y revisión y
mejora de la inspectoría de tráfico.
5. La instalación de cámaras en todos los destacamentos.
6. La instalación de un centro de control y monitoreo de los destacamentos
en el Ministerio de Interior y Policía.
7. Colocar bajo la supervisión directa del Ministerio de Interior y Policía
el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, con el fin de
garantizar la investigación pronta y rigurosa de los casos que se den.
8. Mejora de los sistemas y procesos de la Inspectoría General, dotándola
de mayores capacidades de control e instrucción de casos.
9. Acelerar la realización de pruebas de integridad de todos los agentes,
comenzando por los altos cargos de la PN.
10. Implementación de guías obligatorias de actuación, basada en la
responsabilidad descentralizada.
11. Implantación de medidas urgentes de formación complementaria a todos
los agentes en tres áreas, como mínimo:
• Gestión de crisis.
• Derechos Humanos.
• Actuación policial y uso de la fuerza y del ejercicio de la autoridad.
12. Ratificar, previo acuerdo parlamentario, e implementar el Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, que dará acceso a los ciudadanos
a la justicia internacional; y obligará al Estado a cumplir con los estándares
internacionales en la materia. Para ello, en los próximos días, solicitaremos
el apoyo de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas, e
iniciaremos con él los trabajos.
13. Coordinar con el Ministerio de Salud un programa especial para evaluar
las condiciones de salud de los apresados temporales.
14. Reorganizar el departamento de comunicaciones de la PN, en coordinación
con el gabinete de Presidencia correspondiente, e implementar nuevos
lineamientos de comunicación que impidan versiones erradas y deformaciones
informativas.
El comisionado para la Reforma Policial consideró que estas medidas
representarán una evolución positiva en el tratamiento respetuoso de los
derechos humanos que debe brindar cualquier agente policial a todos los
ciudadanos.
No hay espacio para impunidad
Vila del Castillo advirtió que no caben espacios para la impunidad y
que los responsables de los lamentables recientes hechos deben ser llevados a
los tribunales sin dilaciones, aplicando los principios de excelencia que el
Ministerio Público posee.
Sostuvo que la Policía, gracias al impulso irrestricto de la Presidencia de
la República, al compromiso y participación de la sociedad civil, y al trabajo
diario del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía,
está siendo sometida a un proceso de transformación integral, coordinado desde
la Comisión.
Mencionó que el proceso abarca nueve grandes ejes de actuación: Marco
legal, Nuevas tecnologías, Planificación Estratégica, Recursos Humanos,
Presupuesto y gastos, Política de Género, Educación, Comunicación y Capacidades
Operativas.
Para cada uno de esos ejes se han conformado mesas técnicas que están
llevando a cabo los trabajos de renovación directa de todos los procesos de
actuación tanto legales, como burocráticos, técnicos operativos policiales y
tecnológicos, de evaluación y de recursos humanos. Abarca tanto a la Policía
Nacional como a Politur y la DIGESSET.
Manifestó que los asesinatos extrajudiciales han sido una práctica común
durante todas las administraciones presidenciales dominicanas. Sólo en los
últimos 16 años, agregó, los medios de comunicación reportaron 1,844 muertes
por intercambios de disparos, lo que significa un asesinato cada tres días.
De total de esos casos, puntualizó, sólo 96 fueron sometidos a la justicia
y, de ellos, solo terminaron en condena, 18.
Con relación a los reportes publicados sobre muertes por abuso policial
durante el año 2022 registran 10 casos en 5 meses, una diferencia estadística
notoria comparada con el pasado.
“Pero lo más importante que cabe señalar es que, en referencia a estos 10
casos, los funcionarios implicados están suspendidos y bajo investigación del
Ministerio Público. No hay impunidad”, precisó.
Reconoció que todavía hay muchas cosas que cambiar, como las
responsabilidades por omisión, la negligencia, las versiones erradas sin
reconocer las equivocaciones, la lentitud de respuesta en contra de los marcos
legales y los protocolos de actuación, y los abusos de autoridad deben ser
erradicados.
Proceso de reforma
Vila del Castillo recordó que fue nombrado el 14 de enero como
Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial, y que sus labores
iniciaron oficialmente la primera semana de febrero.
“Durante estos noventa días he estado trabajando, como me comprometí
durante mi toma de posesión, en la puesta en marcha de la reestructuración
completa de la institución”, dijo.
Explicó que su trabajo se fundamenta tanto en las recomendaciones hechas por
los trabajos de la Comisión para la Reforma, como en aquellas dadas por los
organismos Internacionales y tiene en cuenta las necesidades expresadas por los
propios miembros de la Institución durante estas semanas.
“Como un sinnúmero de otras policías con las que he trabajado en diferentes
países, la Policía Nacional de República Dominicana, con la que yo me encontré
no ahora, sino desde hace varias décadas, en mi labor como Representante en las
Naciones Unidas, es básicamente centralista, jerárquica, verticalista y sin
delegación de autoridad”, aseguró.
Y agregó: “De mentalidad militarista, corporativista en el manejo de las
responsabilidades, sin articulación social, ajena a la estructura general del
Estado y desvertebrada de las necesidades sociales. Su papel se ciñe,
fundamentalmente, a servir como forma de actuación investigativa y controladora
social”.
Expuso que toda la gestión de la Policía Nacional se basa en el principio
escalonado de la autorización administrativa, la tradición burocrática y la no
consecución sistémica e inconsecuente de lo planeado desde su sede central en
Santo Domingo, proyectada hacia todo el territorio.
Mayoría son hombres y mujeres de bien
Vila del Castillo sustentó que a lo largo de estos meses de trabajo
cotidiano se ha encontrado con una institución anhelante de cambios, dispuesta
a la modernización, guía y conocimientos.
Además, entiende, necesitada de reconocimiento y respeto sociales, privada
sistemáticamente del apoyo presupuestario necesario, abandonada durante décadas
y con unas condiciones laborales que califica, porque lo ha visto visitando los
barrios de forma sorpresiva, de indignas.
De los más de treinta mil agentes que componen la Policía Nacional,
aseveró, la inmensa mayoría son hombres y mujeres de bien que trabajan bajo
unas condiciones de abandono social casi absoluto y a los que se les encarga,
hoy, una de las responsabilidades sociales más importantes en un Estado
democrático, social y de derecho: la seguridad de los ciudadanos, la protección
de la vida, de los derechos humanos y la vertebración social del
territorio.
“Existen también funcionarios que por su comportamiento no ameritan ser
policías o servidores públicos. Ellos deben quedar fuera tras un proceso de
evaluación”, adelantó.
Estuvieron presentes los viceministros de Interior y Policía, para la
Convivencia Ciudadana, Fernando Nolberto; Seguridad Interior, Jesús María
Féliz; Seguridad Preventiva en Sectores Vulnerables, Mily Pérez; y Aníbal
Amparo, de Control y Regulación de Armas y Municiones.
