GANA, CONANI, UNAPEC y FINJUS analizaron los avances de la propuesta y los aspectos que deben continuar revisándose para lograr un sistema más especializado, restaurativo y orientado a la reinserción social de los y las adolescentes.
Santo Domingo. – El Gabinete
de Niñez y Adolescencia (GANA), el Consejo Nacional para la Niñez y la
Adolescencia (CONANI), la Universidad APEC (UNAPEC) y la Fundación
Institucionalidad y Justicia (FINJUS) realizaron el panel “El Código de
Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia”, un espacio de análisis técnico
sobre las principales propuestas de modificación al sistema de justicia penal
adolescente contempladas en el proceso de reforma y actualización de la Ley
136-03.
El encuentro reunió a juristas,
operadores del sistema de justicia, académicos y actores relacionados con la
atención a adolescentes, quienes analizaron los enfoques incorporados en el
Libro III de la propuesta de anteproyecto, así como aspectos que requieren
continuar siendo revisados para fortalecer la respuesta del Estado frente a los
adolescentes en conflicto con la ley penal.
Las palabras de bienvenida
estuvieron a cargo del rector de UNAPEC, Erik Pérez Vega, quien afirmó que la
academia no puede permanecer al margen de las discusiones que inciden en el
rumbo del país y subrayó que la misión universitaria trasciende la formación
técnica y profesional para contribuir a una ciudadanía responsable, crítica y
comprometida con el desarrollo humano. Asimismo, exhortó especialmente a los
estudiantes de Derecho a asumir esta disciplina no solo como el conocimiento de
las normas, sino como una herramienta para proteger la dignidad humana,
garantizar derechos y transformar positivamente la sociedad.
“Confiamos en que las ideas
trascenderán este escenario y contribuirán a fortalecer las instituciones de
nuestro país”, expresó.
Al contextualizar el proceso de
reforma, la presidenta ejecutiva del CONANI, Ligia Jeannette Pérez Peña,
explicó que el proceso de reforma inició hace más de un año y ha contado con el
acompañamiento de un Comité Consultivo de Alto Nivel, integrado por el GANA, el
Ministerio de la Presidencia (MINPRE), el CONANI, el Poder Judicial, la
Procuraduría General de la República, el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) y Visión Mundial. Asimismo, más de 70 instituciones públicas,
privadas y de la sociedad civil han participado en consultas y validaciones
técnicas de la propuesta.
“La protección de la niñez no es una
tarea de un gobierno ni de nadie en particular. Es una responsabilidad de todos
y de todas y por eso debemos contribuir a que este instrumento sea el mejor
posible para el bien de nuestra niñez y adolescencia”, expresó Pérez Peña al
motivar a los asistentes a revisar la propuesta y ser parte de la revisión
conjunta.
Un sistema orientado a la
responsabilización y la reinserción
Para dar inicio al panel, los
consultores responsables de las modificaciones al Libro III, Joan García Fabián
y Yudelka Polanco, expusieron los principales enfoques incorporados en la
propuesta, entre ellos el fortalecimiento del carácter especializado del
sistema, la justicia restaurativa y los mecanismos orientados a la reinserción
social.
Explicaron que la respuesta ante una
infracción cometida por una persona adolescente debe ser diferenciada de la
aplicable a los adultos, considerando su etapa de desarrollo y las condiciones
de vulnerabilidad que pueden incidir en su conducta. Este enfoque procura que
la intervención del sistema no se limite al procesamiento y la sanción, sino
que contribuya a reducir la reincidencia y genere oportunidades para la
reinserción social.
El magistrado Francisco Antonio
Pérez Lora, juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y
Adolescentes del Distrito Nacional, valoró los avances contenidos en la
propuesta de reforma y planteó aspectos que, a su juicio, deben continuar siendo
examinados.
Entre estos señaló la necesidad de
precisar la respuesta del sistema ante los casos que involucran a niños y
adolescentes inimputables; definir con mayor claridad las salas competentes
para conocer determinados procesos de adolescentes; y establecer mecanismos
adecuados de respuesta y acompañamiento para niños, niñas y adolescentes
migrantes o que carezcan de documentación.
Por su parte, Carlos Guerrero,
director nacional de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto
con la Ley Penal (DINAIACLP), explicó el funcionamiento de los centros que
atienden a esta población y el trabajo de los equipos multidisciplinarios
responsables de su atención.
Guerrero destacó la importancia de
contar con mecanismos de seguimiento a los adolescentes incluso después de su
salida de estos centros, como parte de los esfuerzos para favorecer una
reinserción efectiva y ofrecerles una segunda oportunidad.
El panel fue moderado por Servio
Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, y formó parte de las
acciones de socialización y validación desarrolladas en el marco del proceso de
reforma y actualización de la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección
y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
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