Exsenador Rafael Calderón cuestiona sentencia del TC Sobre FF.AA. y P.N.; Exige respeto al Artículo 55 de la Constitución

Santo Domingo, D. N.- El ex senador de Azua y miembro del Comité Central del PLD Rafael Calderón cuestionó la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucionales las normativas que criminalizaban las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

 

Calderón señaló que, si bien la sentencia se limita al ámbito disciplinario, sienta un peligroso precedente que amenaza el Artículo 55 de la Constitución Dominicana, el cual define claramente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

 

Calificó de preocupante que el TC, bajo el manto de los derechos humanos, esté erosionando el espíritu de la Carta Magna sin un debate legislativo legítimo.

 

"Exigimos al gobierno del PRM que detenga la apertura a agendas que buscan modificar la estructura fundamental de la familia dominicana. El Estado debe mantener un respeto irrestricto al texto constitucional que protege a la familia como núcleo fundamental de nuestra sociedad," afirmó el también titular de la Secretaría de Cultura del PLD.

 

También criticó la atención puesta en esta sentencia mientras el país enfrenta crisis sociales y económicas urgentes.

 

"La urgencia nacional es atender la inseguridad, la inflación y el colapso de los servicios esenciales que afectan a la inmensa mayoría de las familias dominicanas", enfatizó.

 

Reafirmó su defensa de la ley natural y la doctrina de la Iglesia, la cual sostiene que el matrimonio es la unión exclusiva e invariable entre un hombre y una mujer.

 

"Esta decisión es una advertencia. Rechazamos categóricamente cualquier intento de utilizar este precedente para avanzar hacia la legalización del matrimonio igualitario, lo cual es contrario a nuestra fe y a los principios de la nación," concluyó.

 

Calderón instó al Gobierno del PRM a reorientar sus prioridades hacia las verdaderas necesidades del pueblo y asegurar la protección legal de la familia conforme a la Constitución.