Por Ing. Edgar Caraballo
Entre 2019 y 2024, el Seguro Nacional de
Salud (SENASA) pasó de cubrir 4.9 millones de personas a más de 10.3 millones.
Esta duplicación no fue fruto del azar ni
de campañas publicitarias; fue el resultado de una visión de gobierno que
entiende que la salud no es un lujo, ni una mercancía, sino un derecho
fundamental.
Ese crecimiento —más del 110% en apenas
cinco años— se dio principalmente en el régimen subsidiado, que hoy alcanza más
de 8 millones de personas. Es decir, dominicanos y dominicanas que no cotizan
en el sistema formal de seguridad social, pero que gracias a SENASA, acceden a
cobertura médica digna, incluyendo hospitalizaciones, tratamientos de alto
costo y medicamentos.
La magnitud de esta expansión es tal, que
más del 76% de todos los afiliados al sistema dominicano de salud están ahora
en SENASA. Y esto no es casualidad: la administración pública actual ha
apostado a consolidar esta institución como el brazo social del Estado en
materia de salud, tal como lo ha hecho con otras áreas claves como el Metro de
Santo Domingo, la OMSA, los Comedores Económicos y el Programa Supérate.
Pero hay un aspecto que conviene dejar
claro: SENASA no opera como una empresa privada, ni debe hacerlo. No busca
ganancias. No compite por dividendos. No rinde cuentas a accionistas. Su misión
es garantizar cobertura sanitaria a quienes más la necesitan, incluso si eso no
genera beneficios financieros.
Y justamente por eso, como toda política
social transformadora, SENASA requiere una importante inyección de recursos
públicos.
Del mismo modo en que el Metro necesita
subsidios para ofrecer transporte masivo y económico; del mismo modo en que los
Comedores Económicos no cobran el verdadero costo de cada plato servido; SENASA
necesita que el Estado la fortalezca con fondos suficientes para que siga
cumpliendo su función.
Pretender lo contrario sería condenarla al
colapso o, peor aún, abrir las puertas a su privatización encubierta.
Y es aquí donde debemos ser categóricos:
privatizar SENASA, o debilitarlo con recortes presupuestarios, sería una
traición a millones de dominicanos.
Convertirlo en una ARS más del mercado
—como algunos sectores han llegado a sugerir— implicaría renunciar a su esencia
y poner en riesgo los logros alcanzados en equidad sanitaria.
Desde 2020, bajo la gestión del doctor
Santiago Hazim y el respaldo firme del presidente Luis Abinader, SENASA ha
ampliado su cobertura hacia grupos tradicionalmente excluidos: trabajadores
informales, personas con discapacidad, artistas, profesionales independientes,
dominicanos residentes en el exterior e incluso familias enteras que hasta hace
poco vivían al margen del sistema.
Esas decisiones no se tomaron por cálculo
electoral, ni por conveniencia política. Se tomaron porque se entendió que la
salud universal no puede depender de la capacidad de pago de cada ciudadano.
Esa es la diferencia entre una política pública y un negocio. Y esa es la razón
por la cual SENASA debe seguir siendo pública, gratuita para los más
vulnerables, y sólida en su sostenibilidad financiera.
La salud de un pueblo no puede depender de
balances contables. SENASA no necesita rendirle cuentas a los mercados, sino a
la gente. A quienes hoy pueden atenderse sin miedo a una factura impagable. A
quienes ya no tienen que elegir entre comprar medicamentos o comer.
Defender a SENASA como política pública no
es un acto partidario. Es un acto de conciencia. Es defender el principio de
que en una sociedad verdaderamente justa, la salud no puede ser una mercancía.
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