Por Pablo Vicente
A raíz de la convocatoria que hiciera la Junta Central Electoral para
detener la campaña a destiempo de los partidos políticos, he escuchado algunas
voces, pretendiendo desacreditar el órgano electoral por el llamado a la firma
del compromiso por la integridad electoral, me parece que quienes piensan de
esa manera hacen un flaco servicio a la democracia y al sistema de partidos, no
han entendido o no entienden el rol preventivo, de arbitraje, de concertación,
más allá de su espíritu sancionador que desde luego tiene la JCE.
Ya, en otras ocasiones la junta ha jugado un papel interesante cuando se
plantearon las reformas a las leyes electorales desde el Consejo Económico y
Social (CES), propuestas que surgieron en el marco del CES y que aún espera por
la aprobación en el congreso.
El accionar de la JCE como árbitro de los procesos electorales tiene un
gran impacto en la legitimidad de los mismos, ya que los actores políticos
tienen necesariamente que tener confianza en los resultados y evidentemente
comprometerse a cumplir y aceptar las reglas del juego.
Es válida la iniciativa de la JCE de comprometer a los partidos políticos a
la firma de un pacto que procure garantizar un proceso electoral íntegro, justo
y transparente en las elecciones del 2024.
La JCE tiene el compromiso de cumplir y hacer cumplir las normas, las leyes
electorales, además de que los actores políticos tienen el deber de contribuir
con el órgano electoral para el cumplimiento de lo que establecen las leyes, de
manera que, si además de las leyes que tenemos se firma un compromiso por la
integridad electoral, es un motivo más para que los partidos políticos respeten
las reglas del juego y desde luego la JCE poder realizar un proceso diáfano y
transparente.
Los órganos electorales tienen la función de resguardar el derecho
universal a elegir y ser elegido, así como la celebración de elecciones limpias
y creíbles como expresión de la soberanía del pueblo, tal y como está
consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra
Constitución.
La Junta Central Electoral como órgano rector del sistema de partido tiene
el compromiso de la supervisión y la fiscalización del proceso electoral,
orientados evidentemente a asegurar la equidad, la integridad y la
transparencia de las elecciones.
Es por eso, que para nada sirve demeritar o desacreditar el árbitro
electoral, todo lo contrario, tenemos que cuidarlo, protegerlo, apoyarlo para
que su desempeño se desarrolle en un ambiente de confianza como merece y espera
el sistema de partido y la ciudadanía en general.
El autor es abogado, magíster en derecho electoral y
presidente de FUJUDEL
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