Viceministro del MIMARENA, René Mateo, estamos en una isla extremadamente vulnerable a los efectos del Cambio Climático

Asegura en el país se requiere construir más presas para elevar nuestra capacidad de almacenamiento

 

PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA.- El viceministro de Suelos y Aguas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos naturales, ingeniero René Mateo, aseguró hoy que estamos en una isla extremadamente vulnerable a los efectos del cambio climático.

 

Especificó que la República Dominicana está entre los 6 países más vulnerables junto a Cuba, Antigua y Barbuda, Bahamas, Isla Marshal y Cabo Verde, que por esa razón la actual administración del MIMARENA está enfocada en  mejorar la resilencia del país antes los efectos del cambio climático y en ese sentido se está incentivando la energía limpia llevando esta de un 12 a un 44% en el 2030, para lo que se requiere construir más presas para elevar nuestra capacidad de almacenamiento”,

 

Al participar en la XV Reunión de Comités Nacionales y Puntos Focales del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO para América Latina y el Caribe (PHI-LAC) del 24 al 26 de octubre en Punta Cana, con la asistencia representantes de 34 paises, reveló que recientemente realizaron el primer pago por servicios ambientales porque entienden que proteger el bosque es una de la respuesta a este cambio climático.

 

“Para combatir el cambio climático estamos incentivando la conservación y protección del bosque a través del pago por servicios ambientales aplicando la ley 44-18, incentivando energía limpia para pasar del de un 12% a un 44% y aumento de la capacidad de almacenamiento de un 10% a por lo menos un 20%”, subrayó el viceministro Mateo. 

 

Resaltó que desde el  Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales  y del ministro Miguel Ceara Hatton, Celebran este tipo de encuentro de intercambio de experiencia y conocimiento.

 

El viceministro Mateo anunció que se está en la víspera de un plan nacional de manejo integral de cuencas, centrado en el desarrollo humano y en la preservación  del bosque,  el suelo y el agua.

 

Recordó que desde el Gabinete del Agua que encabeza el presidente Luis Abinader y del cual el es el secretario, en junio del 2020 se presento a la sociedad una propuesta para un pacto por el agua bajo el auspicio del gobierno y de la sociedad civil a través del Consejo Económico y Social CES.

 

Justificó el pacto por el agua porque los problemas en esa dirección son muchos, los sectores riego y APS usa más del 90% de las aguas nacionales y lo hacen con métodos deficientes, añadiendo a eso la insuficiente y deteriorada infraestructura, la alta de tecnología que se refleja en que solo 10% de los agricultores usan riego moderno, además de un marco institucional incompleto e inadecuado.

 

Argumentó que desde el pasado  14 de junio de 2021, el presidente Luis Abinader convocó al país a trabajar conjuntamente en la elaboración de una propuesta que conduzca hacia un Pacto Nacional por el Agua 2021 – 2036, designando Al  Consejo Económico y Social (CES) a dirigir este proceso, creando la Mesa Temática del Agua compuesto por 37 miembros, representantes de las academias, partidos políticos, organizaciones ambientales etc.

 

Detalló el viceministro Mateo que se viajó al territorio, se consultó y dialogó con los actores principales en las 32 provincias logrando la participación de 1,135 personas representativos de 579 organizaciones, tanto gubernamentales como de la sociedad civil y entre los hallazgos más relevantes de este proceso de consulta y socialización se destacan la identificación de  259 problemas del sector y  1,261 causas que los generan. 

 

Llamó la atención al hecho de que la ley vigente 5852 del 29 de marzo de 1962 tiene ya 60 años de edad y no aborda el tema de la planificación hidrológica por cuencas; no indica de manera rigurosa los criterios, y procesos para el otorgamiento  derecho de uso y su administración, no establece de manera clara los derechos y responsabilidad de los usuarios del agua, los títulos se dan a perpetuidad, no trata la gobernanza en relación a la conformación de los organismos de cuencas, resaltando que la ley en discusión tiene más de 30 años sin ser aprobada.