La Ley prohíbe el acoso y las represalias de los
empleadores contra los inmigrantes
NUEVA YORK— La Fiscal General Letitia James aplaude la reciente
decisión del gobernador Andrew Cuomo, de promulgar un proyecto de ley que
impone sanciones por discriminación o represalia contra los trabajadores
inmigrantes. Esta medida es una codificación necesaria y de sentido común de la
jurisprudencia federal que interpreta las disposiciones contra la represalia de
la Ley Laboral de Nueva York y la Ley Federal de Normas Laborales Justas (FLSA,
por sus siglas en inglés) como la prohibición de las amenazas de contactar las
autoridades migratorias que se les hacen a los empleados o sus familiares.
“No hay lugar para ningún tipo de acoso, intimidación o
abuso en el lugar de trabajo", dijo la Fiscal General Letitia
James. "Nos corresponde ayudar a los trabajadores vulnerables a ser
capaces de defender sus derechos sin temor a ser castigados. Esta ley hace
justamente eso, protegiendo a los neoyorquinos de posibles explotaciones
laborales por depredadores empleadores sin escrúpulos. Doy las gracias al
Gobernador Cuomo y a los patrocinadores de esta iniciativa, a la Senadora
Estatal Ramos y al Asambleísta Estatal Crespo, por sus esfuerzos para ayudar a
que esta importante propuesta se convierta en ley".
La Oficina de la Fiscal General, que presentó este
proyecto de ley y defendió enérgicamente su aprobación, ha recibido numerosos
informes creíbles de empleadores que amenazan a los trabajadores inmigrantes
con una posible deportación por defenderse a sí mismos. En la legislatura
estatal, esta medida fue patrocinada por la Senadora Estatal Jessica Ramos y el
Asambleísta Marcos Crespo.
"Los inmigrantes de Nueva York han enfrentado
históricamente abusos de empleadores discriminatorios", dijo la Senadora
Estatal Jessica Ramos. "Especialmente cuando nuestros vecinos
enfrentan constantes amenazas de redadas de ICE por parte del gobierno federal,
es de suma importancia que todos estén seguros en el lugar de trabajo. Los
inmigrantes deben poder trabajar sin la amenaza de ser atacados por sus
empleadores debido a su estatus migratorio. Quiero agradecer a la Fiscal
General Letitia James por trabajar conmigo para que se aprobara este proyecto
de ley, y al Gobernador Cuomo por promulgarlo".
“Aunque el fervor anti-inmigrante se siente y se vive en
todo momento y en todo el país, nosotros, como neoyorquinos, no podemos olvidar
nuestra propia historia, nuestro camino hacia el éxito y la promesa de la
Estatua de la Libertad en nuestras costas", dijo el Asambleísta Estatal
Marcos Crespo. "Agradezco al Gobernador Cuomo por firmar este proyecto
de ley y a la Fiscal General James por liderar este esfuerzo para proteger a
los trabajadores inmigrantes de amenazas y represalias injustas de sus
empleadores al buscar justicia y equidad en el lugar de trabajo. Esto es de
vital importancia para proteger la integridad de nuestras leyes laborales
estatales y garantizar que todos los trabajadores sean tratados con
respeto".
Los inmigrantes tienen más probabilidad de ser víctimas
de robo de salarios, acoso sexual, clasificación errónea y violaciones de
seguridad en el lugar de trabajo que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
Cada año, 6.5 millones de trabajadores indocumentados sufren robo de salarios
y, según un estudio histórico, casi el 40 por ciento de los inmigrantes
indocumentados reportaron haber sufrido robo de salarios en la semana anterior,
y un asombroso 85 por ciento de los trabajadores inmigrantes reportaron sufrir
violaciones de las horas extras. Los hombres latinos nacidos en el extranjero tienen casi
2.5 veces más probabilidades de ser asesinados o morir en el trabajo que el
promedio del trabajador estadounidense. Los inmigrantes también están
sobrerrepresentados en campos donde el acoso sexual es el más alto: trabajos en
restaurantes, labores agrícolas y trabajos domésticos.
Sin embargo, el miedo a las repercusiones mantiene en
silencio y en la sombra a estos trabajadores explotados con demasiada
frecuencia. En una encuesta realizada en 2009 sobre los trabajadores de la
industria cárnica de Iowa, el 91 por ciento respondió que las mujeres
inmigrantes no denuncian los casos de acoso sexual o violaciones en sus lugares
de trabajo. Con una retórica antiinmigrante cada vez más acalorada a nivel
federal, esta disparidad de datos se ha vuelto más peor que nunca. Por ejemplo,
los informes de inmigrantes víctimas de agresión sexual han disminuido en un 25
por ciento desde 2016.
Bajo esta cultura del miedo, los empleadores depredadores
están recién envalentonados para explotar a los empleados vulnerables. En
particular, cada vez hay más informes de que los trabajadores inmigrantes
vulnerables son amenazados con consecuencias de posible deportación para evitar
que reporten los lugares de trabajo peligrosos y las acciones laborales
tóxicas. A pesar de los temores comprensibles de denuncias, las quejas por las
amenazas de represalia relacionadas con la inmigración aumentaron en California
con 94 casos reportados durante el primer año de la Administración Trump, un
aumento de 20 en todo el 2016 y siete casos en 2015. Se han reportado numerosos
casos en varios Estados del país donde los trabajadores inmigrantes heridos
recibieron amenazas de deportación por solicitar una compensación laboral. En
Nueva York, el Departamento de Trabajo ha impuesto al menos $250,000 en multas
en los últimos tres años, a pesar del hecho de que las amenazas migratorias
como represalia aún no habían sido codificadas.
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