Fiscales generales advierten a Senadores de Estados
Unidos: El proyecto "Ley de Responsabilidad Regulatoria" propuesto
"estropearía, bloquearía y descarrilaría" la implementación de leyes
populares y necesarias
De convertirse en ley, proyecto dejaría a los
neoyorquinos y a todos los estadounidenses sin protecciones críticas de
productos químicos tóxicos, prácticas de comercialización predatorias,
condiciones laborales peligrosas, inseguridad de alimentos, medicamentos y más
AG Schneiderman: El Senado debe proteger al público
primero y rechazar esta legislación mal concebida e imprudente
NUEVA YORK- El Fiscal General Eric T. Schneiderman, dirigiendo una
coalición de 12 fiscales generales del estado, escribió hoy al Senado de los
Estados Unidos expresando una "fuerte oposición" al proyecto
denominado Ley de Responsabilidad Regulatoria de 2017 (RAA), que pondría en
peligro la salud, la seguridad y el bienestar del público estadounidense.
En una carta dirigida al liderazgo del Senado, la coalición sostiene que el
RAA pondría el proceso regulatorio federal "en un alto nivel de
parálisis", obstruyendo así la implementación de leyes que protegen a los
estadounidenses de productos químicos tóxicos, prácticas predatorias de
mercadeo, condiciones laborales, alimenticias y medicinas peligrosas, y mucho
más.
Uniéndose al Fiscal General Schneiderman están los fiscales generales de
California, Delaware, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Oregón, Rhode
Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.
"Los neoyorquinos dependen de nuestras leyes federales, ya sea que
protejan de drogas peligrosas, prácticas comerciales depredadoras o productos
tóxicos para niños", dijo el Fiscal General Schneiderman.
"La propuesta Ley de Responsabilidad Regulatoria paralizaría la
implementación de estas leyes populares y necesarias entregando el proceso
regulador a intereses especiales de los ricos, creando procedimientos
innecesarios y litigios interminables. Me uno a mis colegas para pedir al
Senado de los Estados Unidos que ponga los intereses del público primero
rechazando esta legislación mal concebida e imprudente".
La RAA fue presentada en el Senado en abril de 2017. El propósito declarado
de la Ley es reformar el proceso regulatorio federal "para reducir la
burocracia para que los programas federales funcionen como se pretenda y sean
eficaces y eficientes".
Mientras que los fiscales generales reconocen la loable meta de promover
una regulación efectiva, su carta argumenta con fuerza que las muchas
"disposiciones mal concebidas e imprudentes" de la RAA funcionan
contra este objetivo sirviendo para "estropear, obstaculizar y descarrilar
la implementación de políticas populares y leyes necesarias”. Señalan varias
provisiones preocupantes del proyecto de ley, incluyendo aquellas que:
Incrementa la probabilidad de que las llamadas reglas de "alto
impacto" y las reglas "importantes" estén sujetas a largas y
onerosas audiencias tipo juicio que beneficien a los intereses especiales en
detrimento del público en general;
Otorga a los organismos federales la facultad discrecional para determinar
que una regla es de "alto impacto" o "mayor", lo que
desencadenaría nuevas e incómodas normas de procedimiento y obstaculizaría la
adopción de salvaguardias públicas críticas; y
Requiere que las reglas propuestas se sometan a un nuevo estándar de
análisis mal definido "más rentable" que invita a litigios de
intereses especiales que buscan bloquear, retrasar y debilitar las regulaciones
federales propuestas, ya sea para proteger el medio ambiente, la salud pública
, los lugares de trabajo o la seguridad de los alimentos y medicamentos.
La carta proporciona un ejemplo ilustrativo de cómo un estándar igualmente
prohibitivo descarriló un esfuerzo de una década para regular el asbesto, un
material notoriamente letal. En 1989, después de estudiar la regulación del
asbesto durante más de diez años y acumulando un registro administrativo de
100.000 páginas, la EPA anunció una regla final que prohibía prácticamente
todos los productos que contenían asbesto bajo la Ley de Control de Sustancias
Tóxicas. La industria del asbesto y sus partidarios presentaron una demanda que
desafiaba la acción de la EPA.
Si bien el tribunal estuvo de acuerdo con la EPA en que "el asbesto es
un potencial carcinógeno en todos los niveles de exposición", encontró que
el Organismo no había demostrado que había cumplido con la norma de análisis -
la "alternativa menos onerosa" y dejó la regla sin efecto.
A través del estándar "más rentable" y muchas otras disposiciones
del proyecto de ley, la coalición argumenta que el RAA "introducirá
impedimentos innecesarios, pesados y costosos en la reglamentación federal que
aumentarían drásticamente el tiempo necesario para poner los salvaguardias
públicos en su lugar, excluiría al público del proceso de reglamentación y
daría lugar a litigios evitables y prolongados que favorezcan intereses
especiales poderosos".
La carta insta a la dirección del Senado a oponerse a la aprobación de la
RAA.
Este asunto está siendo manejado por el Fiscal General Schneiderman por el
Analista de Políticas Jeremy Magliaro, y la Subdirectora General Monica Wagner
y el Consejero Principal Michael J. Myers, bajo la supervisión de Lemuel M.
Srolovic, Jefe de la Oficina de Protección Ambiental del Fiscal General. La
Oficina forma parte de la División de Justicia Social, dirigida por el Fiscal
Ejecutivo de Justicia Social Alvin Bragg.
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