Acuerdo con 42 Estados y D.C. requiere a filial de
Johnson & Johnson reformar las prácticas de comercialización
Estado de Nueva York recibirá $1,3 millones de dólares
A.G. Schneiderman: Mi oficina Mantiene hará rendir
cuentas a fabricantes de medicamentos por la salud y bienestar de los
consumidores de Nueva York
NUEVA YORK - El Fiscal
General Eric T. Schneiderman anunció hoy que 42 estados y el Distrito de
Columbia han llegado a un acuerdo por $33 millones con Johnson & Johnson y
Johnson & Johnson Consumer Inc., resolviendo alegaciones de que la
subsidiaria de la compañía, McNeil-PPC, Inc., Empleó prácticas engañosas para
comercializar y promover numerosos medicamentos de venta libre
("OTC"). Además de reformar estas prácticas, la corporación ha
acordado pagar al Estado de Nueva York un total de $1.3 millones.
Entre 2009 y 2011,
McNeil-PPC, Inc., entonces una subsidiaria de propiedad total de Johnson &
Johnson, fabricaba y distribuía medicamentos OTC que pretendían cumplir con las
actuales Buenas Prácticas de Manufactura ("GMP"). Sin embargo, una
investigación llevada a cabo por la FDA y los Fiscales Generales en todo el
país reveló que una serie de instalaciones de fabricación de McNeil y los
medicamentos que produjeron no cumplen con las normas nacionales GMPc.
Los hallazgos de la
investigación dieron como resultado el retiro de varios medicamentos de McNeil
adulterados que se introdujeron inicialmente en el mercado en lotes. Los
fármacos retirados incluyeron Tylenol, Motrin, Benadryl, St. Joseph Aspirin,
Sudafed, Pepcid, Mylanta, Rolaids, Zyrtec y Zyrtec Eye Drops, varios de los
cuales están indicados para uso pediátrico.
"Esto es de sentido
común: los medicamentos de venta libre, especialmente aquellos usados para
tratar a los niños, deben ser fabricados de acuerdo con las normas
federales", dijo el Fiscal General Schneiderman.
"Las compañías farmacéuticas que usan prácticas engañosas amenazan la
salud y el bienestar de los neoyorquinos, y no dudaremos en hacerlos rendir
cuentas".
En una denuncia
presentada hoy en la Corte Suprema del Condado de Nueva York, el Fiscal General
Schneiderman alega que los demandados, actuando a través de McNeil, violaron
las leyes estatales de protección al consumidor al falsificar el cumplimiento
del cGMP y la calidad de sus medicamentos de venta libre, así como falsamente
afirmar que tenían patrocinio, aprobación, características, ingredientes, usos,
beneficios, cantidades o cualidades que no poseían.
Además de las sanciones
monetarias, la sentencia de consentimiento requiere que McNeil reforme sus
prácticas de mercadeo y promoción. Bajo los términos del acuerdo, McNeil no
debe:
Anunciar en sus sitios
web que las instalaciones de productos farmacéuticos de OTC de McNeil cumplen
con GMPc si el medicamento ha recibido un retiro Clase I o Clase II en los
últimos 12 meses. Los retiros de Clase I implican una probabilidad razonable de
que el uso o la exposición al medicamento pueda resultar en serias
consecuencias perjudiciales para la salud o la muerte. Los retiros de Clase II
implican posibles consecuencias temporales o reversibles para la salud o cuando
son improbables consecuencias potenciales para la salud.
No
seguir los procedimientos internos de operación con respecto a si tomar
acciones correctivas o preventivas para medicamentos de venta libre durante la
fabricación de un medicamento de venta libre; y
Identificar y
proporcionar información a los Fiscales Generales participantes dentro de los
60 días posteriores a una solicitud por escrito sobre vendedores o almacenes en
los que se habían distribuido medicamentos de venta libre en su estado.
Los siguientes estados
que participaron en el acuerdo son: Alaska, Arizona, Arkansas, California,
Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Florida, Hawái, Idaho,
Illinois, Kansas, Kentucky, Louisiana, Minnesota, Estados Unidos de América,
Nueva Jersey, Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva Jersey,
Estados Unidos, Nueva Jersey, Nueva York, Virginia Occidental y Wisconsin.
Este caso fue manejado
por la Jefa del Buró Contra el Fraude del Consumidor Jane M. Azia, la Jefa
Adjunta de la Oficina Laura J. Levine y el Fiscal Adjunto Benjamin J. Lee, bajo
la supervisión de la Fiscal Ejecutiva de Justicia Económica Manisha M. Sheth.
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