Por
JUAN T H
Más de cien mil
hombres uniformados y armados salieron a las calles a perseguir y matar a un
supuesto delincuente. Sin embargo, nadie ha salido a buscar a los senadores,
diputados y funcionarios que aceptaron soborno por 92 millones de dólares de
Odebrecht, sin contar los de las plantas eléctricas sobrevaluadas en más de mil
millones de dólares, ni de los 3.5 millones por la compra de los aviones Súper
Tucano.
A esos nadie los
busca. Esos están reguardados por generales, jueces, abogados y periodistas. Un
manto de impunidad los protege.
¡El que roba un
peso es un ladrón, el que roba un millón es un señor!
Es la primera
vez, que recuerde, que un presidente de la República convoca a los organismos
de seguridad para ordenarle, según la Policía, que atraparan a John Percival
-¡vivo o muerto!- que recientemente
había asaltado una sucursal del Banco
Popular en Plaza Lama, acción totalmente reprochable.
Horas después,
lo que esos “organismos de seguridad” no habían logrado en más de un año, lo
hicieron a la velocidad del relámpago, en dos o tres horas, ejecutándolo sumariamente en la habitación de
un motel en la ciudad de Bonao, para así terminar con un circo de sangre
mediático que coloca al presidente Danilo Medina como el súper héroe
protagonista de la película que siempre
aparece en el momento oportuno para salvar “Ciudad Gótica” o cualquier otra del
holocausto.
(No creo que un
hombre bien entrenado, bien armado y dispuesto a morir lo hiciera sin herir ni
matar a ningún policía o militar)
-¿Y ahora, quién
podrá defendernos? Pareció preguntarse la población después del robo armado en
una plaza pública- ¡Yo, el Chapulín Colorao!
¿Debe intervenir
el presidente de la República directamente en la captura de alguien acusado de
cometer un delito o un crimen de la naturaleza que sea en un país donde se
supone existe un Estado de derechos? ¿Acaso no es función de la Policía prevenir,
proteger vidas y propiedades? ¿Acaso no es la garante del orden público? ¿No
son los jueces los que determinan la inocencia o culpabilidad de los imputados
o es la Policía?
Me pregunto: ¿Había
que “ejecutar”, como dice el patólogo Sergio
Sarita Valdez, a John Percival y luego de contaminar la escena del crimen, como se hizo, exhibir
como un trofeo su cuerpo desnudo, ensangrentado y acribillado a balazos? ¿Era eso necesario? ¡Qué horror! ¡Qué país!
Las fotos de
Percival bañado en su propia sangre corrieron veloz por las redes sociales, con
júbilo. Algunos agentes policiales, militares y civiles hasta se hicieron
“Selfie” (Autofoto) para subirlas en sus respectivas cuentas de Twitter o
Facebook, sin que nadie lo impidiera.
¡No pudo ser más
dantesco ver esas fotos en las redes y algunos diarios!
No debo, en modo
alguno, justificar ni respaldar las acciones delictivas o criminales de ninguna
persona. Ahora bien, tampoco aplaudir
las muertes extrajudiciales que a diario se cometen en nuestro país. La Policía
dispara primero, investiga después, si es que lo hace. La Policía decide quien
vive y quien muere. La policía es la principal banda del país, la que debe ser
desmantelada, junto con las otras que operan impunemente desde el poder
político.
La vida de
Percival pudo ser salvada apresándolo para someterlo luego a la justicia y que los jueces, en un juicio público, oral y contradictorio,
determinaran culpabilidad o inocencia. Pero ese recurso, ese protocolo, no está
disponible para gente como Percival o los cientos de jóvenes que resultan
muertos (fusilados) en supuestos intercambios de disparos.
Pero ocurre que
el sistema judicial dominicano solo funciona para los corruptos del gobierno,
para los que se roban el 5% del PIB, eso es, más de 150 mil millones de pesos
todos los años, sin que ninguno termine
muerto (ejecutado) o en la cárcel.
El presidente
jamás convocará de urgencia a los organismos de seguridad del Estado para que
encuentren -¡Vivos o Muertos!- a los que sobrevaluan las obras, a los que
aceptan sobornos millonarios, a los que extorsionan y chantajean desde sus
cargos públicos. ¡Eso no lo veremos nunca!
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