Por Paulino Antonio Reynoso (Toño)
Lo grave de todo esto es
que, después de la carta de renuncia del magistrado Eddy Olivares, ninguno de
los demás cuatro integrantes del organismo cuenta con el mínimo apoyo de los
partidos de oposición, de la Sociedad Civil ni de los sectores sanos del pueblo
dominicano.
El ambiente que precede a la escogencia de los miembros
de la Junta Central Electoral está como un territorio apabullado y contaminado
por los efectos invernaderos. Tanto el Senado, que es el organismo al que la
Constitución le otorga el poder para escoger a los integrantes del organismo
electoral, así como la JCE, son, junto con la Policía Nacional, los organismos
más desacreditados en este momento en República Dominicana.
El país se encuentra con un Senado cuyos miembros están
deslegitimados, en más de un 50%, por un fraude electoral confirmado por
los organismos internacionales que hicieron las veces de observadores en las
elecciones celebradas el pasado 15 de mayo.
Igualmente, el pueblo dominicano, y en especial los
partidos de oposición y una franja amplia de la llamada Sociedad Civil, han
tenido que soportar a una Junta Central Electoral compuesta por miembros
titulares cuya credibilidad, en su gran mayoría, no llega a un 30% de
aceptación.
Aunque con cierta timidez, los partidos de oposición han
decidido proteger los intereses de la mayoría y sus propios intereses, pidiendo
al gobierno y al oficialista Partido de la Liberación Dominicana, escoger
jueces imparciales no contaminados con las bajezas que han enarbolado
importantes dirigentes de este partido.
Recuerdo que hace algunos años, siendo la distinguida
Aura Celeste Fernández miembro de la Junta Central Electoral y Hatuey Decamps
alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, ella renunció de dicho
organismo después de una declaración pública donde Hatuey expresaba algunas
ideas que reñían con la moral y la ética de tan respetable magistrada.
Lo grave de todo esto es que, después de la carta de
renuncia del magistrado Eddy Olivares, ninguno de los demás cuatro integrantes
del organismo cuenta con el mínimo apoyo de los partidos de oposición, de la
Sociedad Civil ni de los sectores sanos del pueblo dominicano.
¿A qué árbitro que se respete se le ocurriría arbitrar un
partido y al mismo tiempo expresar su simpatía por uno de los equipos en
contienda?
Lo que ha ocurrido es que hemos perdido la vergüenza y da
la impresión de que todo está permitido. Pero eso no va a ser así.
En medio de la campaña recién pasada, le envié una
reflexión a nuestro ex-candidato presidencial Luis Abinader donde le expresaba
mi total desconfianza a esa Junta. Sólo el magistrado Olivares había expresado
su rechazo a los desmanes y a las sinvergüenzadas de estos jueces descarados,
irrespetuosos e ineptos.
El retiro del diálogo patrocinado por Monseñor Agripino
Núñez fue la decisión más correcta de parte de los partidos de oposición.
¿Cómo era posible que mientras dialogaban en aras de
propiciar una correcta elección de los miembros de la JCE al mismo tiempo un
senador, inepto, irresponsable e ilegítimo, como lo es el “representante” de la
provincia Pedernales, estuviera dirigiendo un espectáculo para la
escogencia de los miembros del organismo electoral?
No podemos seguir permitiendo que dos o tres
dirigentes del PLD, llenos de dinero, de poder y de arrogancia se sigan
burlando de un pueblo que lo único que le ha tocado en esta vida es sufrir.
Basta ya de seguir dominando las ramas
legislativas, ejecutivas y judiciales en base al robo y al engaño.
La oposición política que se respeta no puede ni debe
participar en unas elecciones donde los árbitros, además de parciales, son
mentirosos, irresponsables y corruptos.
Y no crean que nos referimos sólo a los miembros
actuales de la JCE. Es que la oposición política debiera anunciar públicamente
y con firmeza que bajo ninguna circunstancia irá a unas elecciones donde los
árbitros sean fruto de la actitud medalaganaria de los dirigentes del partido
oficial.
Estamos en el mejor momento de sentar un gran precedente
en la República Dominicana. Tanto los miembros de la JCE, como los del
Tribunal Superior Electoral y los de las demás cortes, deben ser escogidos con
apego a las buenas costumbres, a la ética y a los mejores valores de la
democracia.
El autor es dirigente político,
educador y escritor dominicano.
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