Por Claudio A. Caamaño Vélez
Es justo felicitar la valentía y la responsabilidad que muestran las
declaraciones de Rafael Blanco Canto, presidente del CONEP, que no son suyas,
sino del organismo que él representa (que no e’paja e’coco). Son legítimas, y
expresan sabiduría.
Es lógico que los que colapsaron el sistema electoral dominicano pretendan
desacreditar esas verdades irrefutables. Pero es absurdo decir que a los
empresarios no les compete ese tema; como si las autoridades “electas” el 15 de
mayo no fueran a administrar los impuestos que ellos pagan; como si la
estabilidad económica no tuviera que ver con la estabilidad política; o como si
los empresarios no fueran también ciudadanos.
Los que nos gobiernan hoy exhiben un poder que no respeta la sana crítica,
incluso si viene de los que soportan económicamente la estructura de la cual
parasitan.
La preocupación de que un partido haya usado toda clase de argucias para
monopolizar el poder, arrasando con el equilibrio político, soporte de la paz y
la estabilidad, no debe ser preocupación exclusiva del CONEP. Decir que “la
confianza en la institucionalidad que rige las elecciones se agotó”, que “en
nuestra sociedad hay un malestar de desconfianza en las instituciones a las que
hemos entregado la función de representarnos”, es una clara lectura de la
realidad.
Cuando la confianza en la institucionalidad electoral está rota, y lo está,
la estructura institucional colapsa, pues se pierde la credibilidad, razón de
ser del andamiaje del Estado.
Cuando a una olla de presión le tapan la válvula, reventará por algún lado.
El PLD al acaparar todos los poderes ha cerrado esa válvula, y lo único que
pide el CONEP es que la abra para evitar una explosión con consecuencias
inciertas ¿Eso es mucho pedir? ¿Es acaso una imprudencia? O tal vez lo
imprudente es quedarse callado y dejar que reviente, como de seguro ocurrirá si
no se toman los correctivos.
El CONEP tiene un pedimento sensato: la implementación de medidas que nos
permitan iniciar el camino para recobrar la confianza. Una solicitud al parecer
muy radical para los que hacen fiesta con el Estado.
Plantea que eso es posible promoviendo mayor equidad en el financiamiento
de los partidos políticos; fortaleciendo la capacidad de fiscalización, control
y sanción para los que violen la ley; garantizando el derecho de la ciudadanía
a estar bien informada; aprobando la Ley de Partidos y una nueva Ley Electoral.
Esos no son inventos del CONEP; lo sugirió la OEA y lo ordena la Constitución
desde el 2010.
¿Es exageración pedir que sea acortado el periodo de campaña y limitar los
recursos de la misma? Recursos que después son sacados de las costillas del
pueblo y exprimido de las empresas. ¿Es insensatez pretender que en la elección
de los candidatos prime el talento, la capacidad y la trayectoria, y no la
cantidad de dinero que tengan? Lo único insensato ahí es que eso lo digan los
que tienen dinero, en lugar de ser los “progresistas” quienes enarbolen con vehemencia
ese discurso.
Una Ley de Partidos que establezca procesos institucionales que ponga un
freno al capricho y a los negocios de las cúpulas partidarias ¿Es eso algo
descabellado? De seguro que si para los que adoran el autoritarismo, y los que
negocian candidaturas. ¿Tal vez sea un exceso del CONEP pretender un freno para
el descontrol que existe en los partidos, que abre las puertas a lavadores de
dinero, narcotraficantes y contrabandistas?
El atrevimiento mayor de seguro fue mencionar que el aumento excesivo en el
gasto público durante los procesos electorales ha sido la principal causa de
reformas fiscales. Como dijo alguien por ahí: “no se puede ocultar”. ¿O tal vez
fue más atrevido plantear topes al déficit y la deuda pública? Es muy bueno endeudarse
y pedir prestado para que otros paguen.
El CONEP tiene razón, la sociedad no permitirá que los partidos continúen
repartiéndose la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la
Cámara de Cuentas y las Altas Cortes. No lo permitirá o no lo resistirá; esta
es una situación insostenible, que por un lado u otro va a reventar. Y si puede
haber algo peor que la repartición de esas instituciones entre los partidos, es
que uno solo lo acapare todo.
El CONEP no ha pasado de la barrera empresarial a la política; es que ante
la ausencia de posturas políticas por parte de los que en teoría deberían
asumirlas, su postura brilla más de lo que a muchos les gustaría.
La oposición dominicana, la sociedad en sentido general, deben respaldar
las declaraciones del CONEP, emular la sabiduría y responsabilidad que ha
tenido ese organismo. Ellos dijeron que están dispuestos a hacer su parte (y la
están haciendo), hagamos nosotros la nuestra.
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