Por Juan López
Nosotros, igual que amplios
sectores de la sociedad (varias organizaciones de la sociedad civil,
economistas, dirigentes sindicales, políticos y de la opinión pública), recibimos
con extrañeza la información de que el Presupuesto Nacional para el 2016
será superior a los 663 mil millones de pesos, con incremento de unos 33 mil
millones de pesos con respecto al Presupuesto del 2015.
A los Ministerios, con
excepción de Medio Ambiente, se les asigna aumentos que van desde
un 15.7% hasta un 4.8%. Para “cumplir” con el 4% del PIB, el
Ministerio de Educación recibirá un incremento de 10,474 millones de
pesos.
Inexplicablemente, en la
distribución de las partidas que se contemplan en el Presupuesto Nacional para
el 2016 aparecen dos grandes ausentes: Los ayuntamientos del país y los
empleados públicos.
La Ley No. 166-03 consigna el
10% para los Ayuntamientos del país. Sin embargo, en este 2015 los
ayuntamientos sólo recibirán del Presupuesto Nacional el equivalente a un
3.77%. Como para el 2016 no les consignan ni un centavo más
de lo que están recibiendo, entonces, la reducción presupuestal de los
cabildos para el 2016 será por tres vías:
a) Reducción automática por incumplimiento,
una vez más, de lo estipulado en la Ley No. 166-03.
b) Por simple lógica, si el
Presupuesto Nacional aumentó 33 mil millones y a los ayuntamientos no se
les incluyó para ningún tipo de aumento, eso significa que,
independientemente de mayores demandas de servicios y obras de sus
pobladores, porcentualmente, sus presupuestos seguirán bajando con
respecto al Presupuesto Nacional del 2016.
c) El aumento acumulado de la
inflación de este año (superior al 5%) impactará en esa misma proporción
en todos los servicios y bienes que deben adquirir los ayuntamientos en el 2016
para tratar de cumplir, con muchas precariedades, sus funciones,
responsabilidades y competencias.
Por otra parte, varias
situaciones crearon amplias expectativas con relación a los empleados públicos
ya que, por razones económicas, sociales y políticas (año electoral),
serían tomados en cuenta en el Presupuesto Nacional del 2016, entre
las que sobresalen:
1. El 21.6% de los empleados
públicos gana el salario mínimo, entre 5,117.00 y 6,000.00 pesos
que, evidentemente, son insuficientes para adquirir los productos
básicos de la canasta familiar
1. De acuerdo al Banco Central,
el promedio de la canasta familiar en nuestro país, es de RD$27,619.88 mensual.
2. Se aumentó 14% al salario
mínimo de los empleados del sector privado, en el pasado mes de junio.
Recientemente se hicieron aumentos a los trabajadores agrícolas, de la
construcción, de las zonas francas y turismo.
3. Los reiterados reclamos que
al respecto venían haciendo dirigentes sindicales, políticos y economistas en
representación de los empleados públicos que, por razones obvias, no se atreven
a expresar los viacrucis económicos y sociales que padece la inmensa
mayoría.
4. Importantes declaraciones
que dieron, en diferentes momentos y circunstancias de este año, los
Ministros de Hacienda, de Administración Pública y el Gobernador del
Banco Central, en las que se referían a los bajos salarios de los servidores
públicos y la necesidad de aumentarlos.
5. La creencia de que, desde
el Gobierno se predicaría con el ejemplo, para enviar señales claras al
sector privado de que ya era justo y necesario que el aumento
sostenido de la macroeconomía (el PIB de R. Dominicana promedia un 6% en los últimos
9 años) también se reflejara en la población a través de una mejoría en los
salarios de los empleados públicos y privados, lo cual dinamizaría la economía
y el bienestar de los dominicanos.
No obstante ese predicamento
gubernamental, el pasado 23 de septiembre, por decisión del Consejo de
Ministros, se informó, pública y fríamente la verdad: “Resulta
insostenible en el tiempo aumentar los salarios de los empleados
públicos en el Presupuesto Nacional del 2016”. ¡No más palabras!
Es decir, las crudas realidades
sociales, las objetivas necesidades económicas, las innumerables reclamaciones
y las justas esperanzas de los miles de servidores que trabajan en
la administración pública, incluyendo aquéllos que arriesgan sus vidas en lucha
contra la inseguridad ciudadana y el narcotráfico, simple y llanamente se
esfumaron en el Presupuesto Nacional para el 2016, sometido ya a la segura
aprobación final por parte del Congreso Nacional.
Los 155 ayuntamientos,
los 229 distritos municipales y los miles de empleados públicos estarán
ausentes en el Presupuesto Nacional del 2016. ¡Vaya irónica e incoherente decisión
política!
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