SANTO DOMINGO, R. D.- La
Fundación Justicia y Transparencia (FJT), criticó que el Ministerio de
Educación haya declarado de urgencia la contratación de servicios relacionados
con las pruebas nacionales, para sustraerse del cumplimiento de las
formalidades que establece la ley 340-06 y su reglamento de aplicación.
El
Director Ejecutivo de la entidad de sociedad civil, Lic. Miguel Reyes Taveras
citó como prueba de su denuncia, el alquiler por decenas de millones de pesos
de camiones para transportar las pruebas nacionales, contratación que fue
declarada de urgencia por el ministro de educación, Carlos Amarante Baret,
mediante resolución No. 09-2009, con el objetivo de excluirla de la aplicación
de la Ley 340-06.
El
licenciado Reyes manifestó que la referida resolución de declaratoria de
urgencia fue emitida sin un informe pericial previo, en franca violación a la
mencionada ley 340-06 y su reglamento de aplicación.
Asimismo,
reveló que en el mencionado proceso, sólo participaron dos empresas, cuya
actividad comercial es la recogida de basura y la construcción,
respectivamente, objetos comerciales totalmente divorciados de los servicios
contratados por el MINERD.
El
licenciado Reyes expresó que resulta preocupante que un sistema que lleva casi
dos décadas aplicándose en el país, como es el caso de las pruebas nacionales,
para sus compras y contrataciones utilice un procedimiento que la ley prevé
exclusivamente para situaciones de casos fortuitos, inesperadas e
imprevisibles.
La
ley 340-06 en su artículo 6 prevé que “la dilación en el accionar de los
funcionarios intervinientes” no es considerado un fundamento válido para alegar
razones de urgencia, agregó. De modo que las autoridades del MINERD yerran al
querer beneficiarse de la improvisación y falta de planificación en el
ejercicio de sus funciones.
El
Director Ejecutivo de FJT, advirtió que esa entidad seguirá atenta a la
acciones del MINERD, a fin de velar por la ejecución transparente del 4% del
PIB que el pueblo dominicano conquistó. Y que apoderaran a la Dirección General
de Compras y a la Dirección General de Ética Gubernamental para que investiguen
sus denuncias y tomen las medidas de lugar.
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