SANTIAGO, R. D.- Para mejorar la calidad de la
democracia dominicana se requiere de la aprobación conjunta de la Ley de
Partidos y Agrupaciones Políticas, de la Ley de Régimen Electoral y de un
cambio en la cultura política del país.
Así lo afirmaron el senador Julio César Valentín Jiminián y la
politóloga Olaya Dotel al participar en el Diálogo sobre Políticas Públicas que
se desarrolla en la ciudad de Santiago con la organización de la Fundación
Solidaridad, el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) y el Recinto
Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y que en esta
ocasión abordó el tema ¿Puede una Ley de partidos políticos contribuir
a mejorar la calidad de la democracia en República Dominicana?.
Una democracia de calidad es posible, pero se requiere poner
límites al financiamiento de los partidos políticos, a las campañas políticas a
destiempo y superar las prácticas asistenciales y clientelares, afirmó el
Senador Valentín.
Indicó también, que una ley de partidos políticos debe
contribuir a mejorar la democracia interna de los partidos, la transparencia y
la rendición de cuentas. Favoreció la intervención de la Junta Central
Electoral en los procesos internos de los partidos a fin de garantizar la
participación política con criterio de equidad.
En opinión del senador Julio Cesar Valentín la tardanza en la
aprobación de la Ley de Partidos está fundamentada en que los partidos
políticos con representación en el congreso han obrado en función de lo que le
conviene en cada momento y no en el interés general.
Por su parte la politóloga Olaya Dotel expuso que la pobreza, la
cooptación de los órganos responsables de la regular la vida político electoral
del país y la impunidad, son elementos que deterioran la democracia y
dificultan la aplicación de leyes que vaya en pos del fortalecimiento de ésta.
No obstante, dijo, que la situación que viven los partidos y
organizaciones políticas, en este contexto histórico, demanda de una respuesta
que contribuya a dar mayor nivel de garantías democráticas a quienes hacen vida
partidaria, lo que a su vez debe repercutir en una mayor democratización de la
sociedad política dominicana.
La formulación y aprobación de una Ley de Partidos debe proveer
respuestas que trasciendan las necesidades coyunturales y los intereses
partidarios, manifestando además, que la misma debe contribuir a eliminar los
principales males que afectan a dichas organizaciones, entre lo que está la lógica
patrimonial que se ha apoderado de la vida partidaria en el país.
Esa lógica patrimonial, expuso Olaya Dotel, ha propiciado que
las organizaciones políticas sean manejadas como un bien privado, en la que
predomina la voluntad de quienes en encuentran en los puestos de dirección, en
detrimento de la institucionalidad de dichas organizaciones partidarias, así
como de los derechos políticos de sus miembros y miembras.
Olaya Dotel cuestionó el Proyecto de Ley de Partidos
Políticos presentado ante el congreso por el Partido de la Liberación
Dominicana, en tanto éste, según dijo, restringe el surgimiento de nuevas
formaciones políticas partidarias y no establece límites para la recepción de
donaciones prevenientes de personas privadas, lo que profundiza la inequidad
entre las organizaciones políticas.
El Diálogo sobre Políticas Públicas es un espacio de discusión
permanente sobre temas relevantes de la vida del país que congrega a expertos,
académicos y munícipes para en un ambiente armónico y de respeto reflexionar y
buscar solución a la problemática planteada.
Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo del Dr.
Genaro Rodríguez, Director del Recinto Santiago de la UASD y de Juan Castillo,
Director Ejecutivo de la Fundación Solidaridad. Rodríguez ratificó el
compromiso que tiene la más vieja de casa de estudios del continente en seguir
promoviendo el debate académico y plural que contribuye al mejoramiento de la
democracia dominicana. En tanto que Castillo manifestó que la Fundación Solidaridad
durante 25 años a encauzado iniciativas y alianzas dirigidas a fortalecer la
capacidad de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, la gestión
municipal participativa, promoción de la transparencia y capacitación en temas
de desarrollo local.
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