Por Celinet Ortiz
NUEVA YORK.- “La
libertad de expresión para los seres humanos, y en especial para los
periodistas, es como el oxígeno, sin el que no podemos respirar y por tanto, no
podemos vivir, tampoco podemos ejercer la profesión”.
La afirmación es de Olivo De León, presidente del
Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), al dictar una conferencia sobre “La
Libertad de Expresión en América Latina y El Caribe” durante el X Congreso
Hispanoamericano de la Prensa celebrado en esta ciudad durante los días 28,29 y
30 de Noviembre del 2014.
El X Congreso Hispanoamericano de la Prensa, fue
organizado por Millenium Press, el Colegio Dominicano de Periodistas, el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y otras organizaciones
latinoamericanas de periodistas y contó con la participación de delegados de
toda América Latina, Estados Unidos y Alemania.
De León afirmó que aunque en la mayoría de la
Constitución de los países latinoamericanos se consagra la libertad de
expresión, así como en leyes especiales, en la práctica se dan muestras de
intolerancias.
Dijo que son escasos los países de América Latina en
los que no se hayan producido acciones contra los periodistas, a causa de su
ejercicio profesional, registrándose 319 periodistas asesinados en la última
década, de los cuales 71 corresponden a los dos últimos años.
Sin embargo, sostuvo que México se ha tornado en el
país más peligroso para ejercer el periodismo, por su alto número de
asesinatos, secuestros y desapariciones, seguido de Honduras, aunque citó lo
difícil del periodismo en Colombia, Brasil y Paraguay.
Asimismo, citó los obstáculos que se dan en Perú,
Venezuela, República Dominicana y Guatemala.
Aseguró que a estos asesinatos se suman atentados
contra la vida, amenazas de muerte, encarcelamientos, agresiones físicas,
intimidaciones, persecuciones, presiones judiciales y psicológicas y otras
violaciones que afectan la vida de los periodistas y trabajadores de los medios.
Precisó que en los últimos cinco años 50 periodistas
fueron asesinados en México, 31 en Brasil y 30 en Honduras.
En tanto que en este año de 2014 fueron asesinados 27
periodistas en América Latina, de los cuales mataron 8 en México, 5 en
Honduras, 4 en Brasil, 3 en Paraguay, 2 en Colombia y Perú, 1 en Panamá, El
Salvador y República Dominicana.
De León se refirió a la legislación de cada país en lo
relativo al tema, pero centró su atención sólo en República Dominicana,
Ecuador, Uruguay, Argentina, Venezuela y Bolivia.
Sostuvo que la legislación más avanzada en cuanto a
libertad de expresión y medios audiovisuales en la región la tiene Ecuador,
seguida de Uruguay y Argentina, al tiempo que explicó que la mayoría de las
constituciones de los países latinoamericanos consagran este Derechos
Fundamental.
Agregó que suele ser una constante en la mayoría de
las constituciones y las leyes especiales de nuestros países, la presencia
del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humano que establece
que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye no ser molestada a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión.
Indicó que este postulado también está presente en
todos los tratados internacionales que tienen que ver con la libertad de
expresión, en las resoluciones de los convenios internacionales, regionales y
de distintas organizaciones.
Resaltó la importancia de este tema en la Constitución
Dominicana, el cual está presente en varios artículos, la ley 6132, la 53-07,
el Código Penal, la 10-91, entre otras.
Mientras que en la ley audiovisual del Ecuador se
plantea la defensa de los derechos de los trabajadores de la
prensa en condiciones de no precarización laboral, la eliminación de monopolios
en los medios audiovisuales.
Dijo que incluye la obligación para los anunciantes
privados de destinar al menos un 10% de su presupuesto anual de publicidad a
medios de comunicación de cobertura local o regional, obliga a los medios a
proveer a sus empleados los recursos económicos, técnicos y materiales para el
adecuado ejercicio de sus tareas periodísticas.
Estipula que la nómina de trabajadores de los medios
de carácter nacional debe conformarse "con criterios de equidad y paridad
entre hombres y mujeres, interculturalidad, igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad y participación
intergeneracional" y como garantía de la calidad de la información.
Asimismo, establece que las actividades periodísticas
de carácter permanente deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo
o comunicación (con excepción de los espacios de opinión, columnas
especializadas y programas periodísticos en las lenguas de las nacionalidades y
pueblos indígenas).
Otra innovación es la prohibición del "linchamiento
mediático", entendido como "la difusión de información
concertada y reiterativa… destinada a desprestigiar
a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad
pública".
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