Por
JUAN T H
En
Nueva York el entonces presidente de la República dijo en un encuentro con
“compañeros” que disponía de 40 mil millones de pesos, 90 millones de raciones
de alimentos para los pobres, y que además hablaría con Venezuela para que le
aportara petróleo que le permitiera pavimentar calles en sectores populares
para la campaña electoral en marcha de
tal manera que el candidato de su partido “ganara” las elecciones.
Y así
lo hizo. Los recursos del Estado fueron un factor fundamental para que Danilo
Medina hoy sea presidente de la República. Ese
perverso que pretende volver a la presidencia de la República creó un
déficit de 200 mil millones de pesos para imponer un candidato. ¡Y no pasó
absolutamente nada!
Es
por esa razón que el PLD no quiere una ley de partidos. Es por eso que la JC E
y el TSE están al servicio de ese partido, como lo prueba el apoyo vulgar a Miguel Vargas para destruir al PRD.
El
Comité Político del PLD no le interesa una Ley de Partidos, ni una JCE y TSE
autónomos. Quiere seguir actuando como “chivo sin ley” para las componendas,
las trampas, los fraudes, el transfuguismo, etc. Y si al cabo de muchos años
han presentado un mamotreto de proyecto es por la presión nacional e
internacional. El PLD quiere seguir
gastando el dinero del presupuesto en las campañas para su beneficio. No
quiere leyes que lo aten, que sirvan para reclamar en los tribunales, ni para
las denuncias en organismos extranjeros. Eso es todo.
En la
República Dominicana el problema no es de falta de leyes, es de voluntad
política para hacerlas cumplir. Leyes tenemos. Y muchas. Pero no se cumplen, ni
hay autoridad que las haga cumplir. A menos, por supuesto, que no sea de su
interés. ¿Quién cumple, por ejemplo, la ley de tránsito? ¡Nadie! ¿Quién combate
la corrupción amparado en las leyes? ¡Nadie!
La
ley, como la democracia, solo sirve si
beneficia a los que gobiernan, a los que financian campañas electorales con
dinero limpio o sucio, a los que deciden quién gana o quien pierde, que son los
mismos que deciden quienes viven y quienes mueren, quienes van a las cárceles y
quiénes no.
La
democracia es buena, si me favorece, de lo contrario me burlo de ella, como
hizo, por ejemplo, Miguel en el PRD durante la convención que terminó con su
“escogencia” como “líder”, “presidente” y “candidato presidencial” al mismo
tiempo con el respaldo absoluto de la JCE, el TSE y el Comité Político del PLD.
Todas
las instituciones del Estado se emplearon a fondo para dividir al PRD y convertirlo en una entelequia
inservible desde el punto de vista político, pero útil para los negocios del
“líder”, “presidente” y “candidato”, Miguel Vargas.
La
Constitución y las leyes facultan a la JCE supervisar y vigilar las
convenciones de los partidos, pero se opuso en una acción que puso de
manifiesto su complicidad con el gobierno y con la perversidad representada por
Miguel y sus secuaces. No es pues, un
problema de ley, es de voluntad para cumplirla. Y de castigo para los que no
las cumplen y para quienes no las hacen cumplir.
La Constitución
(artículo 146) condena y castiga la corrupción. Pero a pesar de las denuncias y
las evidencias, nadie ha sido investigado seriamente. Y nadie está preso por
“robarse el país”, expresión por la cual estoy sometido a la justicia y por la
cual seré condenado en las “altas cortes”.
La
ley de partidos la aprobará, a regañadientes, la mayoría vergonzante que tiene el PLD en el Congreso, pero de nada
servirá, como no sirven otras leyes, a menos que el pueblo las haga cumplir en
las calles con barricadas si es preciso.
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