CANARIAS.- El Gobierno de
Canarias ha decidido
trasladar al Parlamento regional el protagonismo en la definición final de las futuras leyes de cabildos y de ayuntamientos,
con el objetivo de obtener un apoyo unánime a esas normativas, que ya cuentan
con el respaldo de las administraciones insulares y locales.
Para conseguir el consenso parlamentario,
el Gobierno de Canarias ha renunciado a
presentar un proyecto de ley y
ha preferido remitir al Parlamento de Canarias una comunicación con los
borradores de las dos leyes como textos articulados adjuntos, de modo que la
cámara los tramite como proposiciones de ley conjuntas de todos los grupos.
El consejero autonómico
de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco
Hernández Spínola, indicó que aspira a que el consenso permita que las
futuras leyes de cabildos y de municipios entren en vigor antes del final de la
legislatura, pues en mandatos pasados todos los intentos fracasaron por falta
de acuerdo y de voluntad política.
Las propuestas remitidas
por el Gobierno dan un plazo de un año para fijar un nuevo sistema de
financiación de las competencias insulares y locales, ya que no se pueden
abordar cambios en tanto no se clarifique cuál va a ser el futuro modelo de
financiación autonómica en el Estado, aclaró Hernández Spínola.
Los textos que propone el
Gobierno de Canarias al Parlamento autonómico en su comunicación han sido
acordados con la Federación Canaria de Islas (Fecai) y con la Federación
Canaria de Municipios (Fecam), y por tanto no debería haber grandes problemas
para una unanimidad parlamentaria respecto a los mismos, aunque se puedan
introducir enmiendas, dijo el consejero.
El borrador de la ley de
cabildos cuenta con 146 artículos
y el de la ley de
municipios de 136, y en esta última se ha introducido como novedad un
régimen especial para la isla de La Graciosa, en Lanzarote, que, aunque seguirá
dentro del ayuntamiento de Teguise, pasará a contar con un ente que permitirá
una gestión descentralizada.
Hernández Spínola aseguró
que ambas leyes, cuya negociación con cabildos y ayuntamientos se ha llevado
con "discreción" para facilitar el acuerdo, detallan las funciones de
cada administración en la gestión de las competencias, con lo cual se evitan
duplicidades.
La ley de municipios
propuesta defiende la autonomía local, completa la ley básica estatal y regula
no sólo a los ayuntamientos, sino el sector público local en su conjunto,
incluidas empresas públicas, fundaciones, consorcios y mancomunidades.
La modernización de la
administración con las nuevas tecnologías, la transparencia y la participación
ciudadana son otras novedades de esta normativa, que soluciona los problemas
generados por la ley de administraciones locales estatal, dijo el consejero.
En cuanto al borrador de la ley de cabildos, que se refuerzan como instituciones de la Comunidad Autónoma, se incrementan las competencias mediante transferencias, delegaciones o leyes sectoriales y se incide en los mismos principios de participación ciudadana y transparencia.
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