FJT denuncia trasladan y degradan jueces votaron a favor del pueblo en Loma Miranda y Compras por Internet

SANTO DOMINGO, R. D.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), denunció hoy que la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo fue desmantelada, trasladando y degradando los jueces que fallaron a favor de Loma Miranda y en contra del impuesto a las compras por Internet, quedando activo en esa sala solo uno de los tres jueces que originalmente la componían.

Trajano Potentini, hablando a nombre de la entidad de la sociedad civil, dijo que el Magistrado Rafael Ciprián, uno de los jueces más preocupados por la labor intelectual, que ha escrito más de una docena de obras jurídicas de importancia crucial para la formación de abogados y cuya trayectoria profesional es admirable, fue degradado de su posición y llevado a una supuesta “Presidencia de la Sala Liquidadora” del Tribunal Superior Administrativo.

“Se trata de una verdadera factoría judicial”, operada por jueces sin rostro, confinados al trabajo mecánico de fallar miles de expedientes engavetados y carentes de objeto en su mayoría, frutos de la irresponsabilidad judicial de anteriores incumbentes de esa rama judicial.

Para Potentini, aun cuando la medida no se ha hecho efectiva al día de hoy, resulta perturbador que en la página de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial haya emitido una resolución fechada el pasado 28 de julio, donde de manera expresa desmantelan la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo.

Recordó Potentini que en virtud del artículo 151 de la Constitución, al interpretarse junto con los artículos 18, 23 y 71 del Reglamento de Carrera Judicial, conforme a la Ley 327-98 y otras normas, establecen de manera clara que los jueces no pueden ser trasladados sin su anuencia ni en su perjuicio.

Además del indigno traslado de que fue objeto el Magistrado Ciprián, reconocido y apreciado en la comunidad jurídica nacional por ser un trabajador incansable y un administrador judicial de alta valía para el sistema, fue también trasladado el magistrado Federico Fernández. En este caso, aunque la decisión de traslado no dice a donde lo envía, se cree extraoficialmente que fue designado en otra de las salas del Tribunal Superior Administrativo.

Por eso, según la FJT, “estos traslados de jueces son un castigo por la gallardía y el valor personal con la que esos jueces defendieron los intereses populares, emitiendo decisiones que salvaguardan el Estado Social y Democrático de Derecho”.

Afirmó el reconocido jurista que “esa situación es inaceptable para la Democracia” y que el traslado de los jueces y las juezas sin su anuencia, como exige el reglamento de carrera judicial, es un revés que atenta contra la  independencia de los jueces, que los expulsa de la jurisdicción donde se han especializado, generando un manto de inseguridad entre los servidores judiciales y facilitando decisiones injustas.

A juicio de Potentini, se estaría mandando una señal muy negativa a los demás jueces, quienes podrían interpretar que le saldría caro el ser independiente y fallar en contra del Estado.

Pero la sociedad no quiere jueces parcializados, –dijo Potentini– ni jueces que estén a favor ni en contra de nadie: lo que se quiere son jueces verdaderamente independientes, que fallen de acuerdo a su mejor criterio, porque solamente así impera el Derecho, no la fuerza.

Potentini advirtió que la justicia con la labor de estos jueces, se ha proyectado como el único respiro y esperanza democrática, de ahí que silenciarlo y atemorizarlo sería un flaco servicio para la democracia, dejando al pueblo sin una salida civilizada y pacífica a sus reclamos, los cual pudiera tornarse como peligroso.

Finalmente la FJT le pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial respetivamente, Dr. Mariano Germán Mejía el no permitir que en su gestión se mine y erosioné la imagen e independencia de la justicia, y le instó a proteger esos jueces que con tanto arrojo y valentía se han convertido en los defensores y tuteladores de los derechos fundamentales de los dominicanos.