SANTO
DOMINGO, R. D.- Domingo Matías, sociólogo y experto en temas
municipales cuestiona que el proyecto Ley de Movilidad, Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial de La República Dominicana porque vulnera la
autonomía y las competencias propias de los gobiernos locales.
En la Cámara de Diputados cursa un
proyecto de ley preparado por la Comisión Permanente de Obras Públicas y
Comunicación Vial. Esta iniciativa fue depositada el 20 de agosto de 2013 y los
diputados pretenden aprobarlo en esta legislatura que vence el próximo sábado
26 de julio 2014.
Matías valora como positivo el proyecto de
ley en cuanto a que busca “articular las diferentes instituciones que tienen
competencias en materia de tránsito y transporte, lo cual conllevaría la
reducción del gasto del Gobierno central”. Expresó que el Instituto Nacional de
Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), que será creado por la ley, vendría
a jugar un rol de consolidación de las políticas de tránsito y transporte en
República Dominicana.
También resalta como positivo que se
defina un proyecto de ley que busque aportar soluciones “al caos, el desorden y
la desinstitucionalización del transporte público y privado de pasajeros”.
No obstante señala el experto que
taxativamente quedan derogados los literales a y b del Artículo 19 de la Ley
176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios en cuanto Competencias Propias
del Ayuntamiento sobre el ordenamiento del tránsito de vehículos y personas en
las vías urbanas y rurales, además de normar y gestionar el espacio público,
tanto urbano como rural.
Dice el sociólogo, quien es coordinador
del Foro de Municipalistas, que los diputados debieron tener como punto de
partida la Constitución que ellos aprobaron en el año 2010. Afirma que más que
quitar competencias a los municipios deberían transferir competencias y
recursos. Y más que centralizar se deberían territorializar las políticas
públicas.
“El artículo 204 de la Constitución
Dominicana establece que el Estado propiciará la transferencia de competencias
y recursos. Y que su implementación “conllevará políticas de desarrollo
institucional, capacitación y profesionalización de los recursos humanos”,
apunta el también experto en planificación.
Matías llama a la reflexión a los
congresistas para que preserven competencias que únicamente los ayuntamientos a
nivel nacional tendría posibilidad de ejecutar como son los casos de la
señalización, el control de las estaciones o terminales públicas de autobuses y
la normativa en materia de uso de suelo para el transporte público. Señala el
experto que hay que pensar más allá de Santo Domingo y Santiago y conectarse
con los 156 municipios del país, en los cuales el INTRANT no tendría capacidad
operativa para gestionar, como no la tienen en la actualidad AMET, OTTT, la
ONSA y el Ministerio de Obras Públicas.
El municipalista señala que es una
aberración e injustificable la decisión el tratar que los ayuntamientos pidan
permiso al INTRANT para ejecutar trabajo en las vías públicas. Dice que esto
contraviene el espíritu de “las legislaciones a nivel mundial donde se
instituye que la normativa sobre las vías públicas, lo mismo que el control de
publicidad, constituyen competencias de vocación municipal”. Afirma que el tiro
de gracia a la autonomía municipal lo da la derogación del literal n del
Artículo 19 de la Ley 176-07 de los municipios, la cual establece que los
ayuntamientos tienen la responsabilidad de ordenar y reglamentar el transporte
público y urbano.
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