POR RAMON ANTONIO MEDINA
El Palmar, Bahoruco.- El presidente
de la Federación Dominicana de Distritos Municipales FEDODIM, doctor Andrés
Julio Ricardo, dijo que la posición de la
CC en torno a las auditorías realizadas a ayuntamientos y Juntas de Distritos
municipales que datan de hasta 8 años,
confunden a la población en torno al accionar de esas entidades.
El
presidente de FEDODIM, respondió así, a una investigación publicada este lunes
por el Observatorio Político Dominicano, OPD, que destaca que los informes de
las auditorías que la Cámara de Cuentas realizó
a varios distritos municipales y otros organismos, revelan indicios de
responsabilidad penal.
En
este sentido, Ricardo, quien es director de la Junta Municipal de El Palmar,
dijo que la entidad que preside, se ha constituido en el principal guardián
para que los distritos cumplan con la entrega de sus informes en el tiempo establecido,
por lo que se constituye en una etapa superada en la mayoría de juntas de
distritos en los actuales momentos.
El dirigente municipalista, dijo que resulta cuesta
arriba presentar informes que datan de seis y ocho años, cuando estas instituciones
son las más auditadas del país, ya que tienen que rendir informes a sus
comunidades, a la contraloría General de la Republica y a la propia Cámara de
Cuentas, del más mínimo centavo gastado del presupuesto asignado para sus
operaciones.
“La Cámara de Cuentas debe dar datos de
los resultados actuales, porque entendemos que sacar en estos momentos los
resultados de estas auditorías cuando muchos de los funcionarios municipales no
están ejerciendo ninguna función, tienden a confundir a la población en torno
al accionar de estos en la actualidad” dijo Ricardo.
El presidente de FEDODIM dijo que ese
organismo ha estado colaborando con la Cámara de Cuenta, en aras de
concientizar a los directores de Juntas de Distritos para que rindan sus
informes a tiempo y se aboquen a transparentar su accionar ante las
demarcaciones a las que sirven.
Según la Cámara de Cuentas, unas 47
auditorías se han practicado a gobiernos locales durante los últimos ocho años
a juntas de distritos y ayuntamientos del país, incluyendo dos a la Liga
Municipal Dominicana.
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