SANTO DOMINGO,
R. D.- La Fundación
Justicia y Transparencia (FJT), mediante nota de prensa suscrita por su
Presidente, Trajano Vidal Potentini, afirmó hoy que el Decreto No. 250-14, de
fecha veintitrés (23) de julio de 2014, convierte a la República Dominicana en
una especie de zona franca migratoria en la que cualquier persona puede con
suma facilidad acreditar su nacimiento y en plazo mínimo de dos años obtener su
nacionalidad sin mayores contratiempos, además de que todos los gastos en que
se incurran estarán a cargo del Estado Dominicano.
Dijo Potentini que el artículo 11 del reglamento permite
probar el nacimiento en el territorio nacional de las personas comprendidas en
el ámbito de aplicación de la ley mediante la presentación de “uno o más” de
los siguientes medios de prueba: a) Constancia de nacido vivo emitida por un
hospital público o centro de salud privado, que indique el nombre de la madre, género
de la criatura y la fecha del nacimiento; b) acto de notoriedad por ante
Notario Público de siete testigos dominicanos hábiles que indiquen la fecha y
lugar del nacimiento, así como el nombre del niño o niña y los nombres de los
padres; c) declaración jurada mediante acto autentico ante Notario Público de
la partera que recibiera al niño o niña, indicando la fecha y el lugar de
nacimiento de este, así como el nombre de la madre, y e) declaración jurada
mediante acto autentico ante Notario Público de familiares dominicanos en
primer o segundo grado que posean documentación nacional dominicana.
De acuerdo a la entidad de sociedad civil, la gravedad
del artículo 11 radica en que si acreditamos y registramos extranjeros con documentos
que no llenan el rigor legal y en los que solo se harían mención de la madre o
el padre sin la necesidad de aportar pruebas sobre tal realidad, estaríamos
creando una masa de apátridas, los cuales en un plazo máximo de dos años
tendríamos la obligación de concederla la nacionalidad casi de manera
automática, por efectos de la condición de apátridia que previamente le
habríamos creado.
Para Potentini no se trata de amparar ni de proteger a
ciudadanos extranjeros en graves problemas económicos, políticos o sociales,
sino de un sistema discriminatorio contra los propios dominicanos, que no
pueden obtener documentos con la facilidad con la que se ofrece a los
extranjeros.
Asimismo, de acuerdo a las declaraciones de Justicia Y
Transparencia, el “sistema” migratorio impuesto por el Reglamento de la Ley de
Naturalización al crear una unidad especializada ajena a migración es absurda
hasta lo incomprensible, puesto en manos de personas sin experiencia, ajena a
la Junta Central Electoral, a las Oficialías del Estado Civil y en general a
toda autoridad legalmente facultada para intervenir en los asuntos de
ciudadanía y nacionalidad.
Potentini sostuvo, en referencia a este aspecto, que no
se puede marginar a la JCE del proceso porque es la entidad que cuenta con la
experiencia y los instrumentos, archivos y documentos necesarios para acreditar
la identidad de las personas.
La FJT no puede permanecer indiferente ante la situación
creada por el Reglamento de la Ley de Naturalización, como no puede hacerlo
ningún dominicano, porque no es una cuestión de fobia o prejuicio, ni de
traición a los principios que dieron lugar al nacimiento de la República
Dominicana: se trata, en realidad, de una norma que confiere la nacionalidad a
cualquiera, aportando el documento que literalmente le dé la gana.
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