POR JAIME FERNANDEZ LAZALA
Diré el máximo a
través del mínimo, será que es política del gobierno mantener el auge de
la delincuencia o es realmente la miseria económica que nos conduce hacia ese
mal.
Para mí, ambas interrogantes
si se analizan a través del triple filtro son verdad, tienen bondad y son
útiles y para validez, certeza y confirmación voy a referirme a tres
conceptos que van a reflejar la verdad de ambas afirmaciones
La fiscal del
Distrito afirmó recientemente que no hay voluntad política para enfrentar la
corrupción, también lo dijo recientemente el Procurador General de la República
y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y así ahora el Jefe de la
Policía Nacional pide a los tribunales condena a los delincuentes.
Este accionar
político logró, acallar muchas voces y sometió al pueblo a un toque de queda a
las seis de la tarde, ahora la inician contra la prensa escrita y virtual.
Cuantos periodistas veremos caer, en esta nueva misión.
La sociedad
se encuentre aterrorizada, por el auge de la delincuencia y el sicariato, y el
gobierno permanece indiferente frente a tantos desmanes y no se responsabiliza
ningún órgano represivo del Gobierno. Para refrescar la memoria cito los
siguientes casos.
Caso 1. El
periodista Pedro Fernández acusó a la Policía y a la Fiscalía, de actuar en
contubernio con los mafiosos de las drogas, responsabilizando de lo que pueda
ocurrirle a él y a sus familiares, al jefe de las Dirección Regional Nordeste
de la Policía, general Neivi Luis Pérez Sánchez y al Fiscal de la provincia
Juan Pablo Duarte, doctor Reyes Victoria, exponiendo que hoy hace siete días
que se querelló contra Paula y ninguno han hecho caso a su situación.
Caso 2. NUEVA YORK,
Estados Unidos.- Negro Veras reveló que en el caso de su hijo, oficinas de
abogados “promiscuos” intentaron afectar a personas inocentes y dilatar el
proceso de justicia, para que no pudiera condenarse a los culpables.
Entiende que dentro
del proceso judicial deberá incluirse a los otros responsables del crimen moral
contra su familia. En un documento enviado desde Nueva York, el abogado Negro
veras explica que ahora planean matarlo a él, además de desacreditar la
sentencia de condena.
“Ahora, ante la
condena en su contra, los que quisieron asesinar a Jordi, están
jugando dos cartas: Una, asesorados por sus cómplices legales buscarán
desacreditar y revocar la sentencia y, segundo, continuarán en su
afán de matarme a mí y también a Jordi”.
Caso 3.- Los
directores de los principales diarios del país solicitaron al Tribunal
Constitucional que falle “en un plazo razonable” una acción de
inconstitucionalidad presentada el año pasado contra varios artículos de la Ley
6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento y del Código Penal Dominicano, y
que los actuantes consideran violatorios de la Constitución de la República y
de las convenciones internacionales.
En un comunicado
que se publica aparte en esta edición, los directores de medios escritos
reiteran su posición de que la citada legislación instituye un sistema de
persecución penal de privación de libertad (prisión) por delitos de palabra que
“deviene en injusto y que desborda el principio de razonabilidad que consagra
la propia Constitución como garantía de los derechos fundamentales”.
Asimismo,
consideran que la normativa recurrida establece un sistema inhumano de
responsabilidad por el hecho de otro (responsabilidad en cascada) que recae
sobre ellos, violando los artículos 38 (derecho a la dignidad) y 40.14 (nadie
es penalmente responsable por el hecho de otro) de la Constitución, y el
artículo 5.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Caso 4.- SANTO
DOMINGO, República Dominicana.- Tras acoger una solicitud de la procuraduría
fiscal de la Provincia de Santo Domingo, el juez del tribunal de atención
permanente de esa demarcación dictó un año de prisión preventiva como
medidas de coerción contra un hombre acusado de participar en la muerte de un
periodista en la urbanización Ralma, en el municipio Santo Domingo Este.
La medida de
coerción le fue impuesta por el juez Bernardo Coplín, a Edwin Andrés
Montero Feliz, alias El Añusgado, de 26 años, quien deberá de cumplirla en la
Cárcel Pública de la Victoria por su supuesta participación en la muerte del
reconocido periodista Napoleón Rojas Vicioso, de 52 años.
El caso del Regidor
y el Alcalde del PLD, muestra hasta donde llega la permisibilidad del gobierno.
El autor Lic. Jaime
Fernández Lazala es abogado y vice Presidente del PRSD.
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