Congreso pretende permitir aumento en el gasto de la nómina municipal

SANTO DOMINGO, R. D.- El Regidor Perredeista por el Distrito Nacional, Waldys Taveras, denunció que en el Senado de la República fue aprobado en primera lectura un proyecto de ley que tiene como fin permitir un gasto excesivo en nómina en los Ayuntamientos y Distritos Municipales, al llevar el máximo del gasto permitido al 56% del Presupuesto Municipal, lo que afectara significativamente la prestación de los servicios municipales y el mantenimiento de la infraestructura municipal, a cambio de aumentar el clientelismo y el pago a mas botellas en las nominas municipales.

El Regidor Perredeista, también advirtió que con dicha ley fijaría un fatal precedente al tratar de lograr mediante una ley burlar el cumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional, el que en tres sentencias ha establecido la relación de interdependencia que constitucionalmente existe entre los Municipios y los Distritos Municipales, sin embargo mediante este proyecto de ley se pretende investir con las misma condiciones que tienen los municipios a mas de 227 Distritos Municipales, por lo que de aprobarse esta iniciativa tendríamos 387 gobiernos locales totalmente independientes, lo que desbordará el gasto en burocracia municipal.

Mediante comunicación entregada en el día de ayer a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado en las persona de los Senadores Francis Vargas, Luis René Canaán, José Rafael Vargas, Charles Mariotti y Amable Aristy, el regidor perredeista propone que se realice una reforma integral de la Ley 176/07, en la cual se incluya la prohibición de que extranjeros puedan ocupar las posiciones de Síndicos y Regidores, que se establezca como una obligación de los Alcaldes deban estar presente en las sesiones de Cabildo Abierto, que deban celebrar los concejos de regidores cada 60 días y que los valores que remite como aportes del Gobierno Central a los Municipios y Distritos Municipales, solo pueda ser usados en servicios directos a los ciudadanos y que los salarios de los funcionarios electos sean de los fondos que recaude cada ayuntamiento como ingresos propios.