Ciencia, política y ética de un caso municipal

Por César Pérez

He leído el documento donde se tratan las justificaciones técnicas del proyecto de la construcción de la planta procesadora de desechos hospitalarios en el municipio de Villa González. En él se contrastan justificaciones, uno de los ingenieros al servicio de la referida empresa y el otro de la SOECI. La una es una empresa comercial, la otra una sociedad sin fines de lucro.

Una empresa comercial, por el hecho de ser tal no se puede descalificar para tener una propuesta cimentada en la ciencia y hacer operar un establecimiento sin dañar el medio ambiente, como tampoco se puede establecer a priori que una sociedad sin fines de lucro por ser tal tiene necesariamente la última verdad sobre un diferendo como es el caso del que se discute.

Sin embargo, el tema en discusión tiene vertientes que no son sólo científicas, sino políticas y éticas que en este, como en todo caso cuando se trata una intervención de un ente privado en un espacio de carácter público constituyen las vertientes más importantes.

Veamos. Desde el punto de vista político, la soberanía descansa en el pueblo. Por las informaciones que conozco, existe una oposición del pueblo de Villa González a la instalación de esa fábrica. Si somos coherentes, la invocación a una ley para imponérsela al pueblo es invocar a la tiranía de la Ley para desconocer la soberanía del pueblo y eso es inaceptable.

Desde el punto de vista ético, ya se ha dicho. No es sano ni mucho menos aconsejable que un elegido, un funcionario municipal, aunque no lo  sea directamente de ese municipio, pero sí de otro de la común cabecera de la provincia del municipio en cuestión, forme parte de una comisión evaluadora y justificadora de la instalación de ese establecimiento porque él es de alguna manera asalariado de esa empresa.  Puede existir un conflicto de intereses, independientemente o no de la seriedad del consultor/regidor en cuestión.

Y en ese mismo orden, en un conflicto entre empresa privada-ente público, es lógico que la población piense que los intereses de esa empresas pesarían más que los que ella tendría por los intereses del ente público, vale decir del ayuntamiento.

No afirmo que sea necesariamente así en este caso, pero la cuestión es política y creo que si el ente público y la comunidad entienden que los intereses de la empresa no se corresponden con los de la comunidad, lo más sensato y sano es que prevalezca la voz de la comunidad, que en fin de cuentas es la depositaria de la soberanía. Forzar la situación, en nombre de una supuesta razón de la empresa es un sin sentido y hasta podría verse como un interés non santu de la misma.

Finalmente, la solvencia ética y profesional de SOECI está  por encima de toda sospecha, por lo cual sus puntos de vistas en situaciones como esta cobran mayor sentido y es justo que la comunidad se base en ella. A mí particularmente me parecen sólidos y sin demeritar los de la empresa, creo que lo suficientemente fundados para que el ayuntamiento y su comunidad mantengan sus posiciones.

Desafortunadamente, en este país donde prima la corrupción es mejor precaver que tener que remediar.