La FEMP defiende
el interés de los municipios, actúa para el justo cobro a las telefónicas
El presidente de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, ha estimado que los ayuntamientos dejarán
de percibir aproximadamente doscientos millones de euros al año al no poder
imponer tasas a las compañías de telecomunicaciones por el uso de antenas y
redes.
De la Serna se ha referido a la pérdida de ingresos que supone para las
arcas municipales las sentencias que impiden a los consistorios imponer un
canon a los operadores, que sin ser propietarios de las infraestructuras, las
utilizan para la prestación de servicios de telefonía móvil, y ha comentado que
se está buscando "un nuevo mecanismo para poder cobrar a los operadores de
telefonía móvil".
De la Serna ha mostrado la preocupación de la FEMP por la imposibilidad de
cobrar esta tasa que estaba "reconocida en la inmensa mayoría de los
ayuntamientos" y que "en algunos casos estaba devengada, e incluso
probablemente cobrada aparte".
"Estamos hablando de dejar de ingresar grandes cantidades de
dinero", ha dicho el también alcalde de Santander antes de añadir que ello
"produce un desajuste" como consecuencia de la pérdida de un ingreso
que estaba previsto.
Ante esta situación, el presidente de la FEMP ha dicho que esta institución
y el Gobierno están buscando "un nuevo mecanismo para poder cobrar a los
operadores de telefonía móvil en el marco de la nueva Ley General de
Telecomunicaciones".
En este sentido, ha asegurado que el Gobierno trabaja en un documento, que
empezará a tramitar pronto sobre la Ley General de Telecomunicaciones, y es
"ahí donde se establece la relación que tiene que haber entre el sector y
los municipios para el despliegue de las infraestructuras.
De la Serna ha explicado que es necesario defender el interés de los
municipios y actuar para algo que consideran "justo" ya que "si
cualquier tipo de prestador de servicio que despliegue una red en la ciudad
tiene que cobrar por la utilización del espacio público, las operadoras de
telefonía móvil no deberían quedarse al margen".
El presidente de la FEMP ha recordado que todos los que utilizan el espacio
público, desde el gas hasta la electricidad, pagan por la ocupación de ese
espacio.
Preguntado sobre la regulación, ha explicado que puede ser del tipo a la
que ahora se establece con Telefónica, que "cobra una tarifa fija por
porcentaje de la facturación total de la empresa en el municipio, o bien
"cobrar en diferentes conceptos por todas y cada una de las acciones que
realiza el operador.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó el pasado mes de julio
que las localidades de Tudela (Navarra), Santa Amalia y Torremayor (ambas en
Badajoz) no tenían derecho a imponer tasas por el uso de antenas y redes a
Vodafone España y France Telecom España.
Según la legislación comunitaria, un Estado miembro puede imponer un canon
por la instalación de recursos en una propiedad pública o privada para
garantizar el uso óptimo de los mismos, pero ese canon debe ser no
discriminatorio, transparente, proporcionado y estar justificado objetivamente.
La máxima instancia judicial comunitaria respondió así a la petición de
aclaración de las normas de la UE en esta área del Tribunal Supremo, al que
recurrieron Vodafone España y France Telecom España para denunciar las
ordenanzas municipales de estas tres localidades.
La legislación española daba hasta ahora cierta autonomía tributaria a los
municipios en el sector de las telecomunicaciones, de manera que las entidades
locales tienen la competencia para establecer tasas por el uso del dominio
público local.
Una posibilidad que se esfuma en este momento para los municipios, que se
han mostrado "muy preocupados", como ha manifestado De la Serna,
porque la no imposición de las tasas les "afectará mucho" en sus
previsiones de ingresos.
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