Empresa asegura se viola seguridad jurídica de la inversión en la República Dominicana

Llaman a respetar los Derechos Constitucionales y la Seguridad Jurídica de la Inversión en RD

SANTIAGO, R. D.-  El Consejo Directivo de la Corporación Portuaria del Atlántico, S. A., emitió hoy un  comunicado público  donde reclama el respeto a los derechos constitucionales y la seguridad jurídica de la inversión en la República Dominicana.

La empresa explica que ante el Decreto No. 570-12 del 12 de septiembre de los corrientes, conocido por vía de los medios de comunicación, la Corporación Portuaria del Atlántico S.A, hizo pública una declaración exponiendo una petición directa al Poder Ejecutivo para que realizara una exhaustiva investigación, antes que el Gobierno diera inicio a las acciones sobre este particular. Dicho Decreto revoca sorpresivamente la dirección técnica, administrativa y operacional del Área Internacional de Libre Comercio y de Servicios de Montecristi.

Dicen estar seguros que esta investigación demostraría las acciones dirigidas por grupos económicos y políticos con la intención de crear distorsiones al proyecto de Manzanillo e inducir una confrontación entre los sectores promotores del proyecto de la Región Norte y el Gobierno y que con mucha reflexión y sensatez, durante el tiempo transcurrido, han realizado intensas gestiones para que el Señor Presidente de la República, Licenciado Danilo Medina, se informara sobre los hechos específicos de la gestión efectuada.

Dijeron que a la fecha se han entregado las informaciones pertinentes a los principales ministros y funcionarios gubernamentales que fundamentan sus argumentaciones y propuestas sobre la gestión del Puerto de Manzanillo, sin obtener de los organismos estatales competentes, las debidas informaciones que han fundamentado esta decisión que su consideración, transgrede sus Derechos Constitucionales.

Explicaron que atendiendo esta gravísima situación que valoran como un verdadero irrespeto de la seguridad jurídica nacional, ya que todas las consultas jurídicas y constitucionales que se han efectuado arrojan el contundente resultado de que el Decreto No. 570-12, contiene disposiciones que son jurídicamente impugnables y que en buena justicia pueden ser demandadas en nulidad, en el pleno ejercicio de los Derechos Constitucionales que le asisten a los integrantes de la Corporación Portuaria del Atlántico, S.A.

Entienden que la acción unilateral ejecutada por la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), promovida por algunos grupos monopólicos de la operación marítima nacional es un atentado directo a la Seguridad Jurídica de la Inversión Privada en la República Dominicana, siendo además violatoria de los constitucionales derechos que le asisten a los 74 inversionistas que conforman la amplia matrícula accionaria de esta Corporación Portuaria del Atlántico, S.A. entre los cuales se encuentran instituciones de incuestionable trayectoria desarrollista como; Asociación para el desarrollo (APEDI), Asociación Dominicana de Productores de Banano (ADOBANANO), Asociación de Industrias de Zonas francas de Santiago, Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN), Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Corporación Zona Franca Industrial de Santiago, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), Fundación ISA, Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), entre otras que involucran a todo el espectro social y empresarial de la región Norte y el país.

Consideran que la Corporación Portuaria del Atlántico S.A. no ha violado el Contrato de Concesión del Puerto de Manzanillo, y posee las informaciones internas, técnicas, jurídicas y operativas necesarias para demostrar ante los organismos públicos de rigor, los Tribunales de la Nación y la misma Presidencia de la República Dominicana, la eficiencia y efectividad de sus gestiones, siendo por el contrario APORDOM, la que ha incumplido y violado la oportuna entrega de los terrenos necesarios para una razonable y planificada inversión.

Valoran  que se ha propiciado una propuesta estratégica de desarrollo de todo el Municipio de Pepillo Salcedo, de Manzanillo y su entorno, con iniciativas para desarrollo social, creación de empleos formales, educación bilingüe, titulación, ordenamiento territorial y gestión catastral, haciendo inversiones millonarias en el Puerto y en su amplio proceso de modernización.

En consecuencia,  y  vistas las graves violaciones constitucionales y las desinformaciones precedentemente citadas, y atendiendo a una justa y eficiente solución extrajudicial de este conflicto, la Corporación Portuaria del Atlántico S.A., presenta formalmente su posición:

Entregar a la autoridad correspondiente a su más pronta conveniencia y antes del 30 de Octubre de los corrientes, la Administración del Puerto de Manzanillo, bajo reserva del derecho de efectuar las acciones pertinentes para salvaguardar los intereses de los accionistas de la Corporación Portuaria del Atlántico, legítimos propietarios del derecho de esta concesión.

Esta decisión se fundamenta en que las intervenciones efectuadas por APORDOM descritas anteriormente, sumadas a la perversa campaña pública en contra del proyecto que a nivel internacional mantiene parte del sector marítimo dominicano, han socavado, minado y bloqueado de forma importante, la confianza de los inversionistas internacionales y locales comprometidos en integrarse activamente al proyecto para desarrollar sus diversos componentes.

Ratificar el espíritu desarrollista que congrega a la amplia matrícula accionaria que conforma la Corporación Portuaria del Atlántico S.A.

Solicitar al Gobierno Dominicano que a la vez que encamina las acciones pertinentes para asumir las operaciones del Puerto de Manzanillo, proceda en correspondencia con la ley, a resarcir las inversiones realizadas, por las vías de derecho y bajo las cláusulas y disposiciones contenidas en el citado Contrato de

Concesión.

Reclamar a la empresa Marítima Dominicana S.A.S, el saldo efectivo de la deuda millonaria pendiente, contraída por concepto de los servicios prestados y no pagados a la Corporación Portuaria del Atlántico S.A.

Llamar la atención a todos los sectores nacionales sobre esta práctica que podría evidenciar una potencial conducta violatoria de la garantía de la inversión privada y de falta de reglas de juego confiables y seguras para una sana alianza pública-privada.

En reconocimiento de la importancia de este proyecto estratégico para la Región Norte y la Nación, su armonía con el desarrollo binacional, así como su coherencia con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END-2030), Ley 1-12, ponen a la disposición de los auténticos sectores interesados, las investigaciones, los estudios, los planes de factibilidad y las propuestas de desarrollo realizadas con el auspicio de las agencias y órganos internacionales de elevado experticio y credibilidad.

Agradecen las constantes acciones de solidaridad y preocupación recibidas de diversos sectores de la República, las iglesias, instituciones, empresas, medios de comunicación y sectores políticos de la Región Norte, de las provincias fronterizas y el país.