Adeudan 22.5 millones al ADN por construcción Torres del Progreso

Regidor exige cobren 22.5 millones de impuestos a Torre del Progreso

SANTO DOMINGO, D. N.- El Regidor del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano (P.R.D.), Waldys Taveras, solicitó al Concejo de Regidores que ordene al Alcalde Roberto Salcedo reclamar al INVI, a los constructores, y a la entidad financiadora de las Torres del Progreso el pago de los impuestos, arbitrios y tasas Municipales que por más de 22.5 millones de pesos debieron pagar al Ayuntamiento del Distrito Nacional, por tratarse de la construcción de viviendas suntuarias y no viviendas de interés social como aparece en el proyecto.

Taveras, afirma que dentro de los impuesto a cobrar esta el 5% del valor del terreno, consignado en la Ley 675 de Construcción, las tasas municipales por metros de construcción, consignados en la Resolución 5/2004 del A.D.N., por no ser apartamentos de Torre del Progreso viviendas de interés social, sino viviendas suntuarias,  por lo que tanto el Instituto Nacional de la Vivienda, como los constructores de las Torres de Progreso, han evadido el pago de sus obligaciones tributarias municipales, creando un privilegio frente a los demás constructores y ciudadanos adquirientes de viviendas en el exclusivo sector de los Cacicazgos, y perjudicando grandemente las recaudaciones municipales.

 En su proyecto de Resolución sometió al Concejo de Regidores, Taveras señala que tanto las Ley 675 y 687 de Construcción y Ornato Publico, como la Resolución 5/2004, fijan los impuestos, arbitrios y tasas por servicios municipales que están obligados a pagar en favor de los ayuntamientos quienes realizan construcciones y que solo están exenta de esta obligación tributaria las viviendas de interés social ubicadas en las zonas marginadas del Distrito Nacional, condiciones que no llenan los lujosos apartamentos de la Torre del Progreso.

El Regidor del P.R.D., afirma que el no cobro de estos arbitrios violenta las disposiciones de la Ley Municipal en su art.52 y 307, y hace posible que cualquier ciudadano presente acciones penales y civiles contra los funcionarios del Ayuntamiento responsables de la recaudación de los fondos municipales, y de manera especial contra la Tesorera y el Alcalde, así como que él no cobro  de dichos derechos tributarios violenta el Art. 39 de la Constitución que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos frente a la administración pública.